El derecho al aborto, ¿delito o pecado?

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Efecto mariposa

Por Nancy Ortiz

La conceptualización del aborto es multiforme y la controversia en torno a él es mucha. Esta conceptualización ha cambiado a través del tiempo y varía de sociedad en sociedad y de país a país.

El tema de la prohibición de la interrupción del embarazo está enmarcado en un esquema de valores religiosos que ha permeado en la política pública de salud y ha tergiversado la conceptualización de delito con pecado. Sin embargo, desde una teología progresista con una postura más crítica al dogma religioso, se ha planteado la pertinencia de que sean las mujeres las que decidan por sí mismas continuar o no sus embarazos, aludiendo a lo justo, al libre albedrío y a la voz interior de sus conciencias, incluso, el representante del vaticano ha mostrado mucho más apertura con el tema y ha otorgado la indulgencia por este acto a aquellas católicas que lo necesiten. En fin, el marco religioso se dirime al interior de cada iglesia y en la vida privada de cada persona. Un esquema de creencias religiosas no tendría por qué sustentar el marco legal que rige la política publica de un estado. En todo caso, la política pública debe estar enmarcada en la evidencia científica, en otorgar el mayor beneficio a las personas, en el fortalecimiento y acceso a los derechos humanos y en acuerdos internacionales favorables para la mayoría de la población.

Las mujeres han interrumpido sus embarazos desde hace miles de años y lo seguirán haciendo sin importar el marco legal en donde se encuentren. De hecho, la prohibición legal no evita los abortos, por el contrario, los lleva a la clandestinidad y coloca a las mujeres en una situación insegura, de riesgo, indefensión, de negación de derechos a los servicios de salud y en muchas ocasiones a la privación de la libertad. La penalización del aborto criminaliza a las mujeres y abona al marco de violencia estructurada imperante en nuestro país.

Las mujeres, por recomendaciones internacionales, por un tema de acceso a la salud, y por el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, deberían tener acceso a la interrupción legal y segura de sus embarazos. Obligarlas a continuar con embarazos que no quieren o no pueden debería suponer un delito, porque violentar la autonomía y decisión de las mujeres tendría que ser una cosa del pasado.
La despenalización de la interrupción del embarazo abre un abanico de posibilidades para mejorar las condiciones en términos de salud y derechos de las niñas y las mujeres. Nos permite hablar del tema sin que este suponga un tabú, permite a las niñas y mujeres decidir libremente el ejercicio de la maternidad, permite la autodeterminación sobre los propios cuerpos, cumple recomendaciones internacionales, nos permite tener estadísticas claras, podemos evitar la muerte de muchas mujeres por aborto mal practicados, nos permite dar seguimiento a negligencias médicas, nos permite ofrecer mayores servicios de salud, pero sobre todo, nos permite avanzar en los derecho de las mujeres.

Twitter @nancyortiz_