Ciudad de México, 13 de noviembre de 2026.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abre expedientes por presuntas faltas administrativas graves contra dos actuales dirigentes de la organización política Somos y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tras detectar irregularidades en contrataciones que superan los 563 millones de pesos. Los procedimientos, radicados en la primera sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves, documentan anticipos sin respaldo en las elecciones federales de 2018 y una adjudicación extemporánea en Nuevo León durante 2023.
La autoridad investigadora vincula en estas carpetas a Roberto Heycher Cardiel Soto, exdirector ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Ana Laura Martínez de Lara, exdirectora ejecutiva de Administración; y Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del organismo electoral. El Órgano Interno de Control (OIC) imputa conductas previstas en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Anticipo total sin entrega previa en comicios de 2018
El expediente INE/OIC/INV/802/2024 acredita que el instituto suscribió un convenio el 30 de octubre de 2017 con Talleres Gráficos de México por 413.2 millones de pesos, destinado a imprimir y distribuir boletas, materiales didácticos y gafetes del Proceso Electoral Federal 2017-2018. Jacobo Molina autorizó la operación como representante legal junto con las áreas requirentes que dirigía Cardiel Soto, hoy secretario de Operación Electoral y Alianzas del Comité Nacional de Somos.
El dictamen del OIC establece que la cláusula segunda pactó una denominada “aportación inicial” por el 100 por ciento del contrato, figura inexistente en la normativa interna y que duplicó el tope reglamentario de 50 por ciento para anticipos. El órgano electoral transfirió el monto íntegro el 7 de diciembre de 2017, aunque recibió los primeros insumos hasta el 20 de febrero de 2018; los investigadores señalan que funcionarios emplearon formatos de recepción simulados para justificar el pago previo.
Adjudicación por correo electrónico en Nuevo León
La segunda investigación corresponde a la licitación pública LP-INE-14/OP/2022, convocada para edificar la sede de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León por 149.9 millones de pesos sin IVA. Mediante este acuerdo, el TFJA abre expedientes que señalan como presunta responsable de la asignación irregular a Martínez de Lara, quien actualmente ocupa la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Nacional de Somos.
El organismo adjudicó el proyecto a Supervisora y Constructora Medina, SA de CV, pese a que omitió entregar sus declaraciones provisionales completas de ISR e IVA antes del cierre de propuestas el 22 de diciembre de 2022. La empresa presentó únicamente los acuses de recibo fiscales, incumpliendo las bases obligatorias del concurso público.
Subsanación fuera del plazo legal establecido
El 31 de enero de 2023, más de un mes después de concluida la recepción documental, personal electoral envió un correo electrónico a la constructora para solicitarle una supuesta aclaración de su oferta. Ese mismo día, la compañía remitió las declaraciones fiscales faltantes, obtuvo el dictamen de solvencia y recibió el fallo favorable del contrato.
Para la autoridad fiscalizadora, los implicados emplearon la aclaración electrónica para permitir que un licitante corrigiera incumplimientos fuera de término, vulnerando la igualdad entre participantes. Actualmente, el TFJA abre expedientes al análisis probatorio en su sala auxiliar para determinar la existencia de responsabilidades administrativas y dictar las sanciones legales correspondientes.
Fuente: La Jornada
