Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- Sheinbaum cuestiona contratos electorales y considera que las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, señaladas por concentrar adjudicaciones para fabricar y distribuir materiales electorales, no deberían participar en nuevos procesos de contratación. Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de noviembre, la presidenta pidió transparentar las compras del Instituto Nacional Electoral (INE) y revisar los mecanismos que han permitido la concentración de proveedores.
La mandataria sostuvo que el problema no comenzó durante la gestión de la actual consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, sino que tiene antecedentes en administraciones anteriores, entre ellas las encabezadas por Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde.
De acuerdo con su planteamiento, la concentración de contratos se mantuvo durante varios años y también alcanzó a los organismos públicos locales electorales (OPLE), responsables de organizar las elecciones en las entidades federativas.
Sheinbaum consideró que las empresas señaladas no deberían continuar participando en las próximas licitaciones, al sostener que existe una estructura empresarial que durante años habría concentrado las contrataciones de materiales utilizados en los procesos electorales.
Investigación señala contratos por más de 2 mil 700 millones
Los señalamientos tienen como antecedente la investigación presentada el 5 de noviembre por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien expuso los vínculos entre distintas empresas y los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Según los datos presentados por la funcionaria, las compañías relacionadas con este grupo obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023 en 23 de los 32 organismos electorales estatales. A esa cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contrataciones realizadas entre 2024 y 2025 con 15 OPLE.
En conjunto, los montos identificados ascienden a 2 mil 740.3 millones de pesos. La investigación, elaborada con información de fuentes abiertas, registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de CompraNet, identificó posibles mecanismos de simulación de competencia entre empresas relacionadas.
La secretaria explicó que distintas compañías participaban en los procedimientos de contratación, aunque presuntamente compartían beneficiarios finales. Sin embargo, precisó que las adjudicaciones deberán someterse a las revisiones correspondientes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o delitos.
Sheinbaum plantea revisar la estructura del INE
La presidenta también cuestionó el modelo establecido con la reforma electoral de 2014, mediante el cual el Consejo General del INE asumió la facultad de designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales.
Consideró necesario revisar si esa atribución debe mantenerse y si el mecanismo de nombramiento ha contribuido a concentrar decisiones dentro de la estructura electoral.
La discusión forma parte de los cambios que pretende impulsar mediante una nueva reforma electoral, cuya presentación anunció para después de los comicios de 2027.
Entre los puntos que contempla revisar están la distribución de facultades dentro del sistema electoral, la ampliación de la participación ciudadana, la reducción del gasto destinado a las elecciones y el sistema de representación proporcional que permite la integración de legisladores plurinominales.
La mandataria ha insistido en que los cambios deben permitir una mayor transparencia en las contrataciones y evitar que un grupo reducido de proveedores concentre los recursos destinados a la organización de los comicios.
Cámara de Diputados decidirá quién presidirá el INE
Otro de los asuntos abordados fue la designación de quien ocupará la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Sheinbaum señaló que esa determinación corresponde a la Cámara de Diputados y no al Ejecutivo federal, debido a las atribuciones que establece el marco constitucional.
La presidenta sostuvo que el propósito de revisar el funcionamiento del organismo no es debilitarlo, sino modificar las condiciones que, desde su perspectiva, han permitido la concentración de contrataciones y decisiones administrativas.
Por ahora, los señalamientos sobre las empresas proveedoras permanecen sujetos a las investigaciones y auditorías de las autoridades competentes. La Auditoría Superior de la Federación tendrá que revisar las contrataciones para establecer si existieron irregularidades y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
El debate sobre los proveedores electorales se produce mientras el INE prepara los procedimientos y recursos necesarios para las elecciones de 2027, lo que coloca la transparencia de las adquisiciones entre los asuntos pendientes de revisión.
