La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares inmediatas al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del estado para que proteja los derechos humanos y la integridad física de 12 familiares de 10 víctimas mortales y dos sobrevivientes de la masacre en el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, ante las presuntas violaciones a sus derechos humanos y amenazas de muerte.
El 3 de septiembre Alán Domínguez, abogado de los familiares de 12 víctimas, entre ellos bailarinas, barman, meseros y guardias de seguridad, interpuso una solicitud de medidas cautelares ante la comisión porque sus representados acusaron haber recibido amenazas de muertes, violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, luego del incendio del bar la madrugada del pasado 27 de agosto que cobró la vida de 30 personas.
Las medidas deberán ser acordadas antes de su implementación a través del abogado de los familiares de las víctimas y sobrevivientes. Derivado de lo anterior, la CNDH a través del oficio con número de folio 57746 con fecha 4 de septiembre de 2019, dictó medidas cautelares inmediatas para los familiares de las víctimas, cuyos nombres prefirieron mantener en el anonimato.
“Las medidas cautelares que se solicitan, deberán implementarse de inmediato y por el plazo que resulte necesario hasta la determinación que conforme a derecho corresponda, debiendo formular su propuesta al presente requerimiento, a partir de la notificación o conocimiento de este documento”, firma el primer visitador general de la CNDH, Ismael Esvala Pérez.
El documento emitido por la CNDH dirigido al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, y a la encargada de la Fiscalía General de la entidad, señala “esta CNDH solicita su intervención con el propósito de evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas afectadas”.
Entre las medidas que señala la Comisión están que en colaboración de las autoridades que correspondan, se gestione de manera inmediata las acciones necesarias a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física de los familiares afectados brindándoles la protección oportuna y que requieran.
“Que en todas las acciones que realicen las autoridades locales se respete el derecho al debido proceso legal de las personas afectadas, y se les brinde la asesoría jurídica que requieran en la investigación de los hechos, incluida la información adecuada para el ejercicio de sus coadyuvancia”, señala el escrito.
Con información de Milenio.
