El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, que transparente todos los documentos relacionados con la adquisición de 160 patrullas que tuvieron un costo, en promedio, de 1.3 millones de pesos cada una. Entre los documentos que deben abrirse está el presunto estudio de mercado y el contrato firmado.
Lo anterior luego de que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), intentó clasificar como reservados, de forma indefinida, los documentos de este procedimiento.
El IVAI resolvió lo anterior tras analizar en conjunto los recursos de queja que promovieron ocho solicitantes de información, entre ellos Animal Político, y en el que se requerían múltiples documentos relacionados con este procedimiento.
En el caso de este medio se había pedido desde la información que pruebe que hubo una convocatoria, hasta los estudios de mercado sobre los costos de las patrullas, las cartas de invitación a los proveedores, el fallo, la justificación de la adjudicación directa y su aprobación, el contrato y sus anexos, entre otros.
Tanto la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, así como la Contraloría de la entidad, iniciaron investigaciones relacionadas con este procedimiento, luego de que se hicieran públicas diversas denuncias por presunto sobreprecio de las unidades, acompañadas de documentos que mostraban que unidades similares se habían adquirido el año pasado, a mitad de precio.
Fue justo el argumento de que había una investigación, sumado al que era un tema de “seguridad”, el que intentó usar la Secretaría de Seguridad Pública local para no dar a conocer la información, hecho que el IVAI desestimó.
Incompletos y falsos, argumentos de SSP
La resolución del IVAI, aprobada de forma unánime por sus tres consejeros, concluyó que el gobierno de Veracruz, a través de la SSP, intentó cerrar el contrato y demás información de este procedimiento con argumentos que eran inadecuados, que no estaban bien sustentados, o que de plano eran falsos.
De entrada, la resolución destaca que la Secretaría de Seguridad y su comité de transparencia se dedicaron a exponer una serie de argumentos legales que, desde su punto de vista, impedían transparentar la información. No obstante, omitieron hacer la denominada “prueba de daño”, que exige la ley, y que consiste en argumentar punto por punto por qué se justifica la aplicación de dichos argumentos legales, y por qué es mejor ocultar datos públicos que revelarlos.
Lo anterior sucedió, por ejemplo, con el argumento de que el contrato no podía transparentarse porque forma parte de una investigación ministerial a cargo de la Fiscalía, y por lo tanto es información correspondiente a una averiguación previa, que por ley es información reservada.
Sin embargo, los consejeros hicieron notar que el sujeto obligado, es decir la SSP, no explicó qué parte de todo el procedimiento forma parte de dicha averiguación, y ni siquiera les preocupó dar referencias mínimas que permitan acreditar que dicha averiguación existe, así como el número de la carpeta y su fecha de apertura.
“En todos los casos debe acreditarse la existencia de cada uno de los supuestos que se hacen alusión en la reserva, esto es, si indica que la información puede obstruir la persecución de los delitos se debe identificar de manera clara la existencia de un proceso penal, que se encuentre íntimamente vinculado; lo mismo ocurre con las otras hipótesis, no solamente basta indicar que se actualiza el supuesto, sino que el sujeto debe acreditar de manera fehaciente por qué se actualizan esas hipótesis, lo que aquí no ocurrió”, dice la resolución.
A ello se suma la exposición hecha por la SSP de argumentos imprecisos o falsos. Por ejemplo, la dependencia dijo que revelar los datos del procedimiento podría afectar el “procedimiento deliberativo” de una decisión en curso, citando el artículo de la ley que contempla esta cláusula de reserva.
Con información de Animal Político.
