Llama Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos a garantizar el derecho a la salud de niñez y adolescencia

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Llama Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos a garantizar el derecho a la salud de niñez y adolescencia.

La pandemia por COVID-19 ha tenido un mayor impacto en la salud física de las personas adultas y personas mayores; sin embargo, una valoración general de la salud integral de la población no puede dejar de lado a niñas, niños y adolescentes (NNyA).

En México, hay 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de las personas en el país. Este tercio de la población, que se encuentra en etapas cruciales de su desarrollo, ha tenido que enfrentarse a las medidas de confinamiento y cancelación de sus actividades principales, a lo que se suma la preocupación sobre el contagio propio o de algún familiar y las pérdidas fatales.

Además, en muchos casos, la afectación a los ingresos familiares ha generado contextos de precariedad significativa que también son una fuente de ansiedad y tristeza que incluso comprometen la alimentación.

Lo anterior guarda una correlación con la reducción en la cantidad y la calidad de las interacciones entre NNyA con sus cuidadores principales, de quienes deberían recibir contención, apoyo y guía para implementar herramientas emocionales, lo que contribuye, a su vez, a generar condiciones adversas para su desarrollo.

Los impactos del COVID 19 en ese grupo etario pueden también valorarse a la luz de otros aspectos relevantes para la salud pública como son el aumento en la tasa de suicidio (37% en la población de 10 a 14 años) y la violencia familiar (24%).

Además, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha señalado que el confinamiento provocó un aumento del 20% en la falta de anticonceptivos para mujeres adolescentes, lo cual trajo como consecuencia 21 mil 575 embarazos en adolescentes entre el año 2020 y 2021.

En cuanto a la afectación a la salud física de niñas, niños y adolescentes, es obligado hacer mención a la falta de acceso generalizado a medicamentos y servicios oncológicos, mismo que se ha agravado durante y con motivo de la pandemia, lo que incluso compromete la vida de muchos.

Al hablar de salud, por tanto, es preciso referirnos a ésta en su sentido más amplio, es decir, a la salud entendida no sólo desde la ausencia de enfermedades, sino como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Tal concepción permite ampliar el espectro de asuntos a atender desde la mirada de la salud pública de manera urgente y también preventiva.

Ante tal escenario, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) que representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el país, hace un llamado a las autoridades federales y locales para emprender una estrategia coordinada que garantice el derecho a la salud, desde el enfoque integral que comprende el bienestar físico, mental y social, de NNyA, atendiendo cuatro ejes principales:

• Preservación de los servicios de salud que atienden niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque integral y de derechos humanos, que garantice la atención médica y medicamentos de calidad respecto de las enfermedades no trasmisibles, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, así como la garantía del esquema básico de vacunación universal.
• Atención continua, adecuada y de calidad a otras condiciones de salud, entre ellas, las referentes a la salud reproductiva y salud mental.
• Fortalecimiento en la prevención y atención médica emergente relacionada a COVID-19, reforzando la infraestructura y atención médica en clínicas y hospitales.
• Transversalización del interés superior de la niñez y priorización del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas de atención y mitigación del coronavirus SARS-CoV2 (Covid- 19).

El Estado mexicano debe cumplir con su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de recursos disponibles, para garantizar el derecho a la salud en ese grupo de atención prioritaria en desarrollo.
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos:

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
• Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
• Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
• Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
• Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
• Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
• Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
• Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

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Llama Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos a garantizar el derecho a la salud de niñez y adolescencia.