PLAYA DEL CARMEN, 20 de noviembre de 2026.– La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, confirmó que existen investigaciones contra exfuncionarios y servidores públicos de su propia administración, tras la detención de la exalcaldesa Roxana Lili Campos Miranda, relacionada con un presunto perjuicio al erario superior a 62 millones de pesos.
La alcaldesa pidió respetar el debido proceso y dejó en manos de las autoridades judiciales la determinación de responsabilidades. Las declaraciones las realizó este viernes 20 de noviembre, al término del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.
“Hay más funcionarios que están siendo investigados y también hay funcionarios que están siendo investigados que participaron incluso en esta administración”, declaró.
Contraloría colabora con las investigaciones
Mercado explicó que la Contraloría Municipal proporciona documentación y elementos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para contribuir con las indagatorias.
Sin embargo, evitó precisar cuántas investigaciones permanecen abiertas, quiénes son los servidores públicos señalados y qué posibles delitos se indagan. Argumentó que esos datos deben permanecer bajo reserva.
También descartó anticipar sanciones o solicitar penas específicas contra su antecesora, pues sostuvo que el Ayuntamiento no tiene facultades para determinar responsabilidades penales.
Lili Campos enfrenta investigación por 62 millones
La detención de Roxana Lili Campos Miranda ocurrió el jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, mediante una operación coordinada entre la Fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según la FGE, la investigación se relaciona con tres contratos adjudicados entre 2022 y 2024 para el lavado especializado de vehículos municipales. Las autoridades reportaron posibles irregularidades en servicios que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos.
Entre los datos señalados figura el registro de hasta 865 lavados mensuales para un parque vehicular de 123 unidades, pese a que la empresa contratada contaba con 15 trabajadores.
Mercado insistió en que será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad de los involucrados y si existen elementos para continuar los procedimientos penales.
La alcaldesa añadió que las revisiones de la Contraloría también abarcan las dependencias de su gobierno y que desconoce si habrá nuevas órdenes de aprehensión.

