Redacción
Ciudad de México; 28 de agosto de 2026.- La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado informó el 26 de agosto de 2026 que la consulta para elaborar la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos registra 25 de 82 asambleas regionales previstas en 27 entidades federativas. El proceso, coordinado con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), busca recoger propuestas comunitarias y reglamentar la reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a estos pueblos como sujetos de derecho público.
Consulta suma 11 mil participantes
La presidenta de la comisión, Edith López Hernández, señaló que las 25 asambleas realizadas han reunido a 49 pueblos indígenas y afromexicanos, 2 mil 200 comunidades y 4 mil 200 autoridades y representantes. En total, participaron 11 mil 335 personas de 16 entidades federativas, de acuerdo con la información presentada por el Senado.
El programa contempla además siete mesas de trabajo, por lo que el proceso suma 89 actividades. Con las cifras reportadas, se ha completado el 30.5 por ciento de las asambleas regionales y quedan pendientes 57, equivalentes a 69.5 por ciento del calendario previsto. El Senado no detalló en el comunicado consultado las sedes de las próximas reuniones.
Alcance de la nueva ley
La iniciativa pretende establecer reglas para aplicar derechos relacionados con la libre determinación, la autonomía, las lenguas originarias, la educación intercultural, la salud, la medicina tradicional, la partería, la justicia y la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Las propuestas reunidas durante las asambleas serán incorporadas al análisis legislativo antes de la eventual aprobación del dictamen.
El anuncio ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en Nuevo León una norma que limitaba la consulta previa a casos de afectación de derechos colectivos. El Pleno determina que la consulta también puede activarse cuando una medida legislativa o administrativa incida directamente en derechos individuales, intereses, condiciones de vida o entorno de personas pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos.
Corte amplía protección jurídica
La resolución de la SCJN, correspondiente a la Acción de Inconstitucionalidad 32/2026 y emitida el 25 de agosto, desarrolló que el carácter colectivo del derecho a la consulta no permite excluir impactos sobre derechos individuales. También eliminó la expresión “positiva o negativamente” de la legislación estatal, al considerar que restringiría el alcance de la obligación de consultar.
El Senado prevé continuar el trabajo territorial y sistematizar las minutas de las asambleas antes de someter la propuesta al Pleno. La nueva legislación dependerá de que concluya ese proceso de consulta y del dictamen que elaborarán las comisiones correspondientes.
