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¿Qué puede y qué no puede hacer la Guardia Nacional con los migrantes?

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El gobierno de México anunció que desplegará 6 mil efectivos de la Guardia Nacional principalmente en la frontera sur del país para apoyar en labores de control migratorio. Lo anterior como parte de los acuerdos alcanzados con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permitieron frenar temporalmente la aplicación de aranceles a productos mexicanos.

Pero ¿qué puede hacer exactamente la Guardia Nacional (una policía de naturaleza civil por definición pero inicialmente conformada por militares) frente a los migrantes extranjeros que a diario ingresan a nuestro país de forma irregular?

La Ley de Guardia Nacional aprobada y publicada el mes pasado faculta legalmente a esta nueva fuerza para intervenir en este tema, pero bajo ciertas condiciones y con objetivos específicos. A continuación Animal Político detalla las claves de dichas facultades de intervención en este tema.

De forma paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado en lo que va de la actual administración cinco carpetas de investigación por presuntos delitos y hechos de corrupción cometidos por funcionarios o exfuncionarios del Instituto Nacional de Migración.

¿Puede actuar por su cuenta como policía migratoria?

No puede hacerlo. Se requiere que lo haga de forma conjunta con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Si bien el artículo 9 de la Ley de Guardia Nacional contempla entre las atribuciones y obligaciones de esta nueva fuerza la de intervenir en temas migratorios, se señala expresamente que ello está condicionado a que se haga siempre “en coordinación” con el INM.

¿Puede pedir y revisar documentos a los migrantes?

Sí. La fracción XXXV del referido artículo establece que los elementos de la Guardia pueden “inspeccionar” los documentos migratorios de personas extranjeras con la finalidad de “verificar su estancia regular”. Ello solo con la excepción de los migrantes que se encuentren en instalaciones oficiales destinadas a tránsito internacional de personas.

Como ya se dijo, dicha inspección debe realizarse en coordinación con autoridades del INM.

¿Puede detener a personas por su condición migratoria?

Sí pueden hacerlo. El referido artículo faculta a los elementos de la Guardia a “presentar (ante la autoridad correspondiente) a quienes se encuentren en situación irregular”. Además también puede apoyar en el aseguramiento de personas a petición expresa del INM.

A ello hay que agregar que la Guardia cuenta con facultades legales para detener a cualquier persona sin excepción (nacional o extranjera) en caso de que sean sorprendidos en flagrancia cometiendo un delito, o a petición expresa del Ministerio Público.

¿Pueden resguardar una instalación migratoria?

La fracción XXXVI del artículo 9 de la Ley de Guardia Nacional también faculta al nuevo cuerpo de seguridad a intervenir en el resguardo de un edificio migratorio y de las personas que se encuentren en su interior si así lo solicita el INM.

La guardia ¿puede actuar en las aduanas?

Si. La ley también faculta a este nuevo cuerpo al resguardo de las aduanas de personas y de mercancías bajo la supervisión de autoridades fiscales y migratorias.
¿Cuándo inicia despliegue en frontera sur?

Oficialmente no se tiene una fecha precisa confirmada.

Pero de acuerdo con los datos dados a conocer unos días atrás por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (a la que está adscrita la Guardia), los primeros elementos de este nuevo grupo concluirían su capacitación inicial el próximo 30 de junio, y se prevé que ese primer grupo sea desplazado hacia la frontera sur.

Se trata de un grupo conformado en su mayoría por elementos de la Policía Militar y de la Policía Naval.

No obstante, hay que señalar que el gobierno ya ha desplegado en algunas zonas del país efectivos de las fuerzas armadas con brazaletes y uniformes de la Guardia Nacional, por lo que no se descarta que lo pudiera ocurrir en la frontera sur.

Indaga FGR corrupción y abusos en el INM
La Fiscalía General de la República (FGR) inició en el periodo de diciembre de 2018 a abril de 2019 cinco carpetas de investigación por denuncias presentadas por el INM ante el Ministerio Público en contra de funcionarios y exfuncionarios de dicho instituto. Dichos casos involucran, hasta ahora, a cuatro funcionarios y exfuncionarios.

El pasado 13 de marzo la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que el INM estaba profundamente penetrado por la corrupción.

“Sin duda, el Instituto Nacional de Migración era una de las instituciones que estaba más penetrada de corrupción.

Estamos renovando prácticamente a todo el personal y, desde luego, ya hemos presentado algunas denuncias penales de agentes migratorios que extorsionaban a las personas que intentaban ingresar a nuestro país”, dijo la funcionaria federal en conferencia de prensa.

En ese contexto se solicitó vía transparencia a la FGR conocer el número de carpetas de investigación iniciadas por denuncias presentadas por el INM y la Secretaría de Gobernación en contra de funcionarios y exfuncionarios de dicho instituto. La respuesta es que se iniciaron cinco carpetas hasta abril pasado en donde figuraban cuatro probables responsables.

Los casos están a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Por otro lado la Fiscalía también informó que durante el sexenio pasado se iniciaron averiguaciones previas y carpetas de investigación en contra de 116 funcionarios del INM y otras autoridades por delitos relacionados con tráfico de migrantes, extorsiones, falsificación de documentos, entre otros.

De ese total de funcionarios investigados solamente 11, que equivalen a menos del 10% fueron consignados ante un juez federal. El resto de los casos continúa en integración.

Con información de Animal Político.

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Ex coordinador de penales, nuevo titular de migración

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En la víspera de la aplicación del plan de migración negociado con Estados Unidos para contener el flujo de personas que transitan por México hacia el norte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, fue relevado del cargo.

En su lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Francisco Garduño, ex coordinador de penales federales y ex jefe de la policía capitalina.

El nuevo titular del organismo dijo a La Jornada que este sábado trasladarán en aviones de la Policía Federal a 340 agentes migratorios a la frontera sur y el domingo 360 a la norte.

Adelantó que se acotarán y replantearán las tarjetas humanitarias entregadas este año a fin de que se impida el tránsito por todo el país con base en una tarjeta provisional, cuidando que se respete la esencia de lo ya autorizado, pero vamos a acotarlo.

La dimisión de Guillén se conoció a través de un mensaje de Twitter, emitido desde la cuenta del INM, en el cual se informó que el académico renunció al cargo en un oficio dirigido al Presidente, a quien le agradeció la distinción y oportunidad de servir al país.

De igual forma –añadió el INM– agradeció el apoyo y generosidad de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Guillén manifestó desde antes del inicio del sexenio, cuando se perfilaba como responsable del INM, su intención de quitar el enfoque policial al control migratorio.

En declaraciones a este diario, el primero de noviembre de 2018, comentó: Todo eso se va a revisar, porque son prácticas (del INM) de contención y de tipo policial y parapolicial, las cuales no están en el mapa del deber ser de una institución y un país que busca un mejor trato de los mexicanos en el exterior.

Guillén es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por El Colegio de México y presidió El Colegio de la Frontera Norte durante 10 años (2007-2017). Ha sido profesor e investigador de temas relacionados con la política regional, modernización de gobiernos locales y migración internacional.

Luego, en enero pasado, declaró a la prensa que México no tenía condiciones operativas para atender a los solicitantes de asilo que en ese momento pretendía enviar de manera unilateral Estados Unidos, para que esperaran aquí la respuesta a su proceso.

Casi a la misma hora, la cancillería emitió un comunicado en el que anunciaba que aceptaría, por razones humanitarias, a los peticionarios de asilo del vecino país.

En la actualidad ya son 12 mil en esa condición, varados en la frontera norte mexicana.

Ayer, Sánchez Cordero reconoció el trabajo comprometido y leal de Guillén, y le deseó éxito en sus futuros proyectos.

En un comunicado de Gobernación, la funcionaria precisó que Guillén será el comisionado de migración hasta este sábado.

Le agradeció que encabezara los trabajos durante los primeros meses de esta administración para transformar al INM en una institución moderna, más transparente y con un enfoque en la protección de los derechos humanos.

El gobierno de México, dijo, emprendió un cambio en la política migratoria a través de dos ejes fundamentales: el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y el Programa de Desarrollo Regional para Centroamérica y el Sureste de México, que recién presentó.

Con información de La Jornada.

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Hacienda da luz verde a aumento para los burócratas que menos ganan

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Los servidores públicos del gobierno federal que perciben un sueldo anual menor a 200,000 pesos netos percibirán un incremento salarial extra de entre 1 y 3%, anunció Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dichos porcentajes son independientes al incremento porcentual ordinario de 3.35% señalado para 2019, aclaró Urzúa en conferencia de prensa.

Para los trabajadores que ganan hasta 100,000 pesos anuales netos el incremento será del orden de 3%, los que perciben entre 100,000 y 150,000 pesos percibirán un aumento de 2% y para los que tienen una remuneración que va de 150,000 a 200,000 pesos anuales el incremento será de 1%.

Urzúa señaló que este aumento es la materialización de una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“Esto es un extra al incremento salarial que corresponde a la inflación que calculamos para este año y representa un incremento en el poder de compra de los funcionarios públicos que tienen menores ingresos, es decir los que ganan en términos netos menos de 200,000 pesos al año”, apuntó Urzúa en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social.

El ingreso mensual neto de un servidor público que gana hasta 200,000 pesos anuales es de 16,666 pesos, por lo que con esta medida el aumento correspondería a 166.6 pesos.

El titular de Hacienda afirmó que este aumento ya estaba calculado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 y asciende a aproximadamente 3,500 millones de pesos en total.

“No es algo extra que no hayamos previsto sino que está en el Presupuesto de Egresos y era una especie de guardadito que ya teníamos para ahora que se venga el incremento de los salarios de los funcionarios públicos de la administración pública federal”, explicó.

Fuente: Forbes.

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Capturaron las autoridades a 12 mil 311 menores entre diciembre y abril

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Ante la emergencia migratoria que vive México, el gobierno federal intensicó la detención de niñas, niños y adolescentes extranjeros entre diciembre 2018 y abril 2019. En ese periodo las autoridades capturaron a 12 mil 311 menores.

Esta cifra es 24% mayor a la registrada en el último año del mandato de Enrique Peña Nieto, si se compara el mismo lapso de tiempo. Los datos fueron obtenidos por EL UNIVERSAL a través de una solicitud de información hecha al Instituto Nacional de Migración (INM) y, según expertos consultados, reejan la crisis que atraviesa el país en materia migratoria, así como el grado de exposición al que están expuestos los niños extranjeros cuando entran a México.

Sin embargo, esto no implica que bebés con menos de 12 meses de edad hayan dejado de ser capturados, pues hay 381 casos de este tipo. Una vez que las niñas, niños y adolescentes son detenidos, las autoridades los envían a 68 estaciones migratorias y provisionales, delegaciones federales, locales y subdelegaciones de todo el país.

De la población detenida, 92% es originaria de Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras que el resto proviene de otras 35 naciones. Jóvenes de Madagascar, Kirguistán, Hungría, Etiopía, Rusia, Andorra, Yemen, Nepal, Guinea, Eritrea, Pakistán, Iraq, Belice, Afganistán, Uganda, Turquía, Vietnam, Cuba, India, Angola, el Congo y Haití son los que han intentado transitar por nuestro país. Incluso, el INM tiene registradas a seis personas de nacionalidad mexicana, aunque no se especica por qué motivo los aseguraron.

Refugio del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Tonatiuh Guillén, quien renunció ayer al INM, dijo que los niños ya no serían internados ahí. “No habrá más niños en las estaciones migratorias porque ya no rige una política de seguridad, sino una nueva de protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia migrantes”, afirmó.

Ese comentario fue respaldado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien aseveró que “la política migratoria ya cambió, no que va a cambiar”. Chiapas, con más detenidos. Son 30 estados donde han sido capturados los jóvenes, aunque Chiapas es el lugar que más casos concentra, ahí detienen a cuatro de cada 10.

Los estados que le siguen son Veracruz, con mil 736 extranjeros capturados; Tabasco, con mil 86; Oaxaca, con 881; Tamaulipas, con 717; Coahuila, con 358; Nuevo León, con 356; Ciudad de México, con 208, y San Luis Potosí, con 191. Contrario a esto, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Guerrero y el Estado de México son las entidades que menos casos registran. Los cifras también revelan que 60% de los afectados son hombres y el resto son mujeres.

Entrevistados sobre este tema, expertos en migración consideraron que la detención de menores de edad debe ser frenada, porque México no cuenta con espacios para albergarlos y que se respeten sus derechos humanos. Enrique Vidal Olascoaga, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, describió que “las estancias migratorias son como una cárcel porque tienen vigilancia las 24 horas. Para entrar o salir hay que atravesar varias compuertas y los cuartos son como celdas con una plancha de cemento, incluso en la Estación Migratoria Siglo XXI hay celdas de castigo. “Esto intimida al niño o la niña que lo único que desea es salir de ahí de la manera más rápida posible.

Surge efecto la disuasión para que preeran su deportación antes que otra cosa”, detalló. La organización de Enrique Vidal, que radica en Chiapas, tiene contacto constante con los jóvenes extranjeros, quienes comentan que los albergues del DIF también poseen condiciones deplorables. “Observamos una serie de violaciones a derechos humanos. [Los albergues] parecen centros de reclusión, están a puerta cerrada y no les permiten a los chicos salir o participar en la toma de decisiones sobre sus procedimientos”, relata. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer para atender a esta población.

Alertó que aunque existen procuradurías de atención para los niños migrantes, éstas son endebles: “Son instituciones muy jóvenes, empezaron a constituirse en 2015 y no tienen una perspectiva de defender derechos humanos, sino de brindar asistencia social”. Quedan expuestos. La muerte de una niña guatemalteca de 10 años en la Estación Migratoria de Iztapalapa en la Ciudad de México es el ejemplo que utilizan los especialistas para enmarcar los riesgos a los que están expuestos los jóvenes. Después de este hecho, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado concedió una suspensión para que el INM elabore un plan que evite que niños, niñas y adolescentes permanezcan en esa estación capitalina.

No obstante, organizaciones como Sin Fronteras y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reiteran que esa medida debería extenderse a todo el país. Otro reclamo de las asociaciones es que los extranjeros permanecen días o semanas en las estaciones migratorias, periodo en el que quedan en un limbo jurídico. En el registro obtenido por esta casa editorial se observan al menos 948 casos en los que el INM informó la fecha de entrada de los menores de edad a una estación migratoria, pero no de su salida.

Con información de Vanguardia.

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