La disputa armada registrada en el municipio de Chilapa de Álvarez provocó una nueva crisis de violencia en la región Montaña Baja de Guerrero, donde autoridades federales confirmaron al menos 96 personas desplazadas, varias personas heridas y bloqueos carreteros en distintas comunidades.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el 12 de mayo durante la conferencia presidencial que los enfrentamientos derivan de conflictos entre grupos delictivos que operan en la zona. También confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, viajó al municipio para coordinar acciones de seguridad y asistencia humanitaria.
En la carretera Chilapa-Tlapa, a la altura de Papaxtla, fueron localizados cuatro cuerpos, mientras habitantes denunciaron ataques armados, retenes ilegales y el uso de drones con explosivos en comunidades rurales. Videos difundidos en redes sociales mostraron a familias refugiadas en iglesias y espacios comunitarios ante el temor de nuevos ataques.
Comunidades denuncian ataques y abandono de viviendas
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) señaló que las agresiones comenzaron desde el 6 de mayo en comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuetlán. De acuerdo con la organización, hombres armados realizaron disparos con armas de alto calibre y lanzaron explosivos, lo que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares.
Aunque el Gobierno federal reconoce oficialmente 96 personas desplazadas, reportes comunitarios y medios locales indican que la cifra podría ser mayor. Algunas familias huyeron hacia comunidades como Alcozacán para resguardarse de los enfrentamientos y buscar atención médica para personas lesionadas.
Autoridades estatales informaron que elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desplegados en la región para restablecer la circulación en carreteras y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.
La región acumula años de violencia y desplazamiento
La Montaña Baja de Guerrero enfrenta desde hace más de una década una disputa territorial ligada al control de rutas delictivas y actividades ilícitas. Organizaciones civiles y reportes periodísticos han documentado asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados en municipios como Chilapa y José Joaquín de Herrera.
La violencia reciente ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento del desplazamiento interno provocado por grupos armados. Organismos civiles han advertido que Guerrero permanece entre las entidades con mayores niveles de riesgo para comunidades indígenas y rurales afectadas por el crimen organizado.
Las autoridades mantienen operativos de seguridad en los accesos a Chilapa y continúan las labores de atención para las personas desplazadas y heridas.
RDC
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