El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue imputado este jueves por el delito de peculado por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a grupos vulnerables, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. El juez Gustavo Aquiles Villaseñor negó diferir el proceso y dictó prisión preventiva justificada, lo que impide su posible liberación prevista para abril, al considerar necesaria la medida cautelar por sus antecedentes.
Audiencia inicial en el Reclusorio Norte
La audiencia inició a las 9:18 horas bajo la causa penal 667/2025, que representa el sexto proceso en contra de Duarte. La imputación se centra en recursos del Fondo para la Infraestructura para el Fortalecimiento e Inclusión Social (Foros), destinados a la casa hogar “Manuel Gutiérrez Zamora”, para niñas, niños y adolescentes, y a la casa hogar “Mariana Sayago”, para adultos mayores en Veracruz.
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Antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) formulara la imputación, la defensa solicitó diferir la audiencia al argumentar que no existía autorización completa de Guatemala para procesarlo por este nuevo delito, en el marco del tratado de extradición firmado en 2017.
El abogado Diego Ulises Parra sostuvo que solo uno de los tribunales guatemaltecos había autorizado el procedimiento. Duarte afirmó que la FGR actuó con una “autorización verbal”. El juez determinó que el tratado no exige el consentimiento de dos autoridades y rechazó el incidente.
Esquema financiero bajo investigación
El fiscal Julio Antonio Cobos, de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, detalló que en 2012 la Tesorería de la Federación transfirió 10 millones de pesos a una cuenta del gobierno de Veracruz en Santander. De ese monto, 5 millones habrían sido enviados a una cuenta “concentradora” en BBVA no autorizada para recibir recursos públicos.
Según la FGR, el movimiento formaba parte de un entramado financiero operado por exfuncionarios bajo instrucciones publicadas en la Gaceta Oficial de Veracruz, lo que ubicaría a Duarte como posible coautor. La acusación se apoya en la declaración de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal y testigo protegido, quien señaló que la cuenta era conocida como “licuadora” y utilizada para redistribuir fondos.
La fiscalía describió reuniones en las que se definía cuánto dinero había disponible y cuánto podía emplearse para cubrir pagos del estado mediante transferencias internas. Duarte rechazó la imputación y sostuvo que la Secretaría de Finanzas tenía autonomía operativa, por lo que negó responsabilidad directa.
Prisión preventiva y próximos pasos
La vinculación a proceso fue diferida al 17 de febrero para que la defensa prepare su respuesta. Sin embargo, la FGR solicitó prisión preventiva justificada. La defensa argumentó que Duarte ya cumple una sentencia de nueve años por lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que no existía riesgo de fuga.
El juez concedió la medida cautelar al considerar que los antecedentes del imputado justifican una mayor cautela. Con ello, Duarte permanecerá en prisión mientras continúa el proceso penal por peculado relacionado con recursos federales destinados a población vulnerable.
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