El Congreso de Chiapas aprobó reformas al Código Penal para castigar con hasta 15 años de prisión la cohabitación forzada, tras casos recientes que evidencian el riesgo para niñas y adolescentes.
Reformas contra prácticas que vulneran derechos
El Congreso local aprobó reformas al Código Penal en materia de cohabitación forzada con el objetivo de erradicar los matrimonios infantiles y las uniones informales obligadas, prácticas que persisten principalmente en pueblos y comunidades indígenas bajo el argumento de los “usos y costumbres”.
Las modificaciones establecen penas de entre 8 y 15 años de prisión, así como multas de mil a 2 mil 500 días de salario mínimo. Las sanciones se incrementarán cuando la víctima sea integrante de comunidades indígenas o afromexicanas, al considerarse una condición de mayor vulnerabilidad.
Postura legislativa y advertencia al Estado
Durante la sesión, la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y legisladora del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que se atiende “una de las demandas ciudadanas más sentidas”, al penalizar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad —o a una persona sin capacidad para comprender el hecho— a vivir en una unión informal.
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La legisladora subrayó que las reformas representan “un paso necesario para la protección efectiva de los derechos humanos”, en particular de niñas y adolescentes chiapanecas, y aclaró que no se trata de una medida contra los usos y costumbres, sino contra prácticas que vulneran la dignidad humana.
Casos que encendieron la alarma
López Sánchez sostuvo que ninguna tradición puede justificar la violencia y que estas prácticas, aunque se presenten como acuerdos comunitarios o familiares, encubren delitos graves. “Cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada, se le expone al abuso”, señaló.
Las reformas fueron aprobadas casi un mes después de que una niña tsotsil de 13 años diera a luz en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, tras un embarazo de alto riesgo que puso en peligro su vida y la del recién nacido, un caso que reavivó la urgencia de actuar desde el marco legal.
Fuente: La Jornada
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