Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- El caso Lydia Cacho sumó un nuevo retraso judicial tras suspenderse la audiencia clave contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura contra la periodista en diciembre de 2005. La diligencia de vista estaba programada para realizarse de forma virtual el martes 20 de octubre de 2026 mediante el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, pero fallas en la plataforma digital y un apagón eléctrico impidieron su desarrollo. Esta sesión técnico-jurídica resultaba definitoria para el proceso penal debido a que representaba el paso previo para que el juez federal dictara la sentencia definitiva, ya fuera condenatoria o absolutoria, contra el exmandatario poblano.
La interrupción de la jornada provocó críticas inmediatas por parte de la defensa legal y de organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes señalaron la falta de garantías operativas. La plataforma de videoconferencias contratada por el Poder Judicial inhabilitó los accesos digitales de los representantes de la comunicadora minutos antes de iniciar el protocolo. A este inconveniente técnico se sumó una interrupción en el suministro de energía eléctrica en la sede del tribunal, lo que obligó a las autoridades a aplazar formalmente la comparecencia.
Obstáculos técnicos en el proceso judicial
La organización civil ARTICLE 19 México y Centroamérica documentó las anomalías tecnológicas y demandó transparencia inmediata a las autoridades ministeriales encargadas del resguardo del tribunal federal. De acuerdo con el reporte de la agrupación, la caída recurrente del sistema digital bloqueó la participación activa de los asesores jurídicos y vulneró el principio de publicidad procesal. La defensa de la periodista detalló que los mecanismos alternos de conectividad fallaron consecutivamente durante los primeros cuarenta minutos de la sesión programada.
Por su parte, Lydia Cacho denunció de manera pública que su equipo legal solicitó con anticipación el libre acceso de los medios de comunicación a la transmisión remota. La petición buscaba asegurar el escrutinio público en una de las fases más avanzadas del litigio, el cual acumula casi 21 años de trámite en distintas instancias locales y federales. Sin embargo, la falla del soporte técnico de la aplicación Webex impidió tanto la incorporación de la prensa como el desahogo de los agravios correspondientes.
El estado de la reactivación penal
El exgobernador Mario Marín permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido popularmente como el penal del Altiplano, en el Estado de México. El político enfrenta acusaciones directas como presunto autor intelectual del arresto ilegal, traslado terrestre violento y tortura psicológica ejercida contra la reportera tras la publicación del libro Los demonios del Edén. La audiencia suspendida tenía como propósito central la evaluación final de las pruebas de cargo y descargo antes del cierre definitivo de la instrucción penal.
El retraso del pasado martes ocurre en un contexto de modificaciones en las medidas cautelares de otros exfuncionarios de seguridad pública involucrados directamente en el mismo expediente criminal. Personajes como Hugo Karam y Alejandro Rocha Laureano obtuvieron recientemente beneficios procesales que les permitieron abandonar la prisión preventiva para continuar sus litigios bajo resguardo domiciliario o firmas periódicas. Esta situación incrementó las alertas de los organismos civiles respecto a las condiciones de seguridad física para la víctima y sus familiares.
Próximos pasos en los tribunales federales
La dirección del Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo no ha emitido una fecha específica para la reanudación formal de la audiencia de vista diferida. El personal administrativo de la sede jurisdiccional notificó que los ingenieros del Consejo de la Judicatura Federal trabajan en el diagnóstico de la red interna de comunicaciones. Las partes del juicio civil y penal deberán esperar la emisión de un nuevo acuerdo de radicación para conocer el día de la cita tecnológica.
La resolución de este proceso penal mantiene la atención de relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas debido al fallo previo del Comité de Derechos Humanos emitido en 2018. En aquella resolución internacional, el Estado mexicano recibió la instrucción obligatoria de reparar el daño integral y sancionar a los responsables de la violencia institucional. El expediente se mantiene en el estatus de diferido hasta que las condiciones de conectividad en el juzgado de origen queden formalmente reestablecidas.
