El Senado dejó en la congeladora un dictamen para atender la problemática del sargazo en playas mexicanas pese a que su llegada ha afectado al 30% del turismo en la Península, tan sólo en 2018 el daño económico fue de más de 5 mil 286 millones de pesos, según la Comisión Presidencial para la Atención al arribo del sargazo en El Caribe.
El proyecto de dictamen no forma parte de los pendientes a discutirse en los dos periodos extraordinarios que tendrá el Senado, mayo y junio, por lo que su discusión y aprobación será hasta septiembre, cuando arranque el nuevo periodo ordinario.
Cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, hasta el 28 de abril, la ocupación hotelera en Cancún y Puerto Morelos fue de 76.1%, 5.5% en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando fue de 86.4%; en Isla Mujeres fue de 70.9%, reducción de 4.3% con el año pasado, cuando sumó 76.6%. La Riviera Maya reportó una ocupación de 84.1%, baja de 3.9%, cuando fue de 87.2%.
El dictamen que se quedó varado en las Comisiones de Medio Ambiente y Estudios Legislativos Primera, y del que tiene copia EL UNIVERSAL, tiene como objetivo incluir al sargazo dentro de la Ley General de Protección Civil (LGPC), para que al llegar a los mares sea considerado como emergencia y desastre natural, con la intención de que se preste apoyo a la población y se accedan a recursos financieros (Fonden).
Así como en la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, en razón de que los estados donde hay presencia de sargazo se ven rebasados para removerlo de manera organizada, efectiva y sin dañar los ecosistemas.
Además de reformar la Ley General de Cambio Climático, a fin de incluir el fenómeno del sargazo en la política nacional de cambio climático, en el fondo para este rubro y la participación ciudadana, para disminuir la vulnerabilidad de los mares y los pobladores.
El gobierno de Quintana Roo, señaló que en 2018, fueron retiradas más de 522 toneladas de sargazo. La Universidad de Florida, Estados Unidos, pronostica que para este año, la llegada del sargazo al Caribe será masiva, por lo que los daños al ecosistema y al turismo serán “severos”.
El proyecto de dictamen busca establecer que en la Ley de Protección Civil, en su artículo 26: “la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, ecosistemas costeros, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamentalmente para reducir la vulnerabilidad.
El dictamen que surge de iniciativas de la senadora Mayuli Latifa (PAN), Eduardo Murat (PVEM), y Marybel Villegas (Morena), promueve la obligación de hacer estudios, investigaciones y capacitación para prevenir y atender los fenómenos naturales perturbadores; así como convocar a las organizaciones del sector social, académico y privado a manifestar propuestas para prevenir y minimizar riesgos por desastres naturales.
Con información de El Universal.
