Los pueblos indígenas se encuentran en el punto de mira. Los planes de desarrollo de países y empresas topan con los territorios donde habitan estas comunidades, que han llevado algunos de estos casos a los tribunales.
La lucha del pueblo indígena Waorani tuvo eco en la prensa internacional tras el dictamen de un tribunal en Ecuador: las compañías petroleras tienen prohibido operar en sus territorios amazónicos debido a los impactos negativos que la industria petrolera ha producido en la misma región.
Este no es el único caso que se encuentra en los tribunales. Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en América Latina existen 56 demandas interpuestas por Estados y empresas contra pueblos indígenas. Éstas se producen “en el contexto de la creciente criminalización de la resistencia indígena y las narrativas negativas de los más altos niveles de gobierno en varios países latinoamericanos, actualmente más notablemente en el caso de Brasil”, dijo a DW Ana Zbona, gerente del proyecto de Libertades Cívicas y Defensores de Derechos Humanos del CIEDH.
Solo una pequeña parte de los conflictos existentes llegan a los tribunales. “En Sudamérica hay participación indígena en 345 conflictos de los 626 registrados y en 125 de los 200 de México y América Central”, detalló a DW Joan Martínez Alier, del Atlas de Justicia Ambiental. Esta plataforma registra 2.850 conflictos ambientales en todo el mundo en los que el componente indígena está presente en el 40 por ciento de los casos.
“Los indígenas se defienden más que otras poblaciones contra las depredaciones ambientales”, argumentó Martínez. “Esta resistencia se debe a la ausencia de consultas significativas a las comunidades, la falta de respeto y comprensión de la cosmovisión de las comunidades y la falta de respeto por sus derechos al consentimiento previo, libre e informado”, agregó Zbona.
La región es la que tiene más países que han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, en el que se incluye este principio de consulta previa. “Lamentablemente, América Latina tuvo esta tradición de la hiperlegalización que después se queda en el papel”, dijo a DW Georg Düfner, Director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Sin embargo, reconoció que “Perú, Chile, Colombia y Costa Rica se han esforzado por tener procedimientos más claros y han tenido algunos avances en la implementación del Convenio”.
Territorios ricos crean conflictos
Otra razón de la alta participación de las comunidades indígenas en los conflictos ambientales es la riqueza que se encuentra en sus territorios. “Los principales conflictos ambientales que resultan en litigios tienen que ver con el uso del suelo y del subsuelo: minería, petróleo, represas y agroindustrias. Los Estados tienen obligaciones internacionales relacionadas con proteger el ambiente que no están cumpliendo; el litigio es una forma de rendición de cuentas en la que los jueces les obligan a cumplir”, dijo a DW Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Por este motivo, Düfner se mostró satisfecho del resultado del caso Waorani. “Evidencia que es posible obtener sentencias favorables a comunidades indígenas via constitucional y que es necesaria una voluntad política para que los Estados sean verdaderos garantes de los procesos de consulta previa en la región”, apuntó el responsable de la fundación alemana, que desde 2006 trabaja para que se respeten los mecanismos legales.
A la expectativa de nuevos éxitos
Además de la de los Waorani, Amanda Romero Medina, representante del CIEDH para América Latina destacó otras recientes victorias judiciales que los pueblos indígenas han logrado en la región, entre las que se encuentra el fallo de un tribunal canadiense contra Pan American Silvercompany. La compañía fue encontrada responsable de un tiroteo contra comunidades indígenas locales que protestaban por las operaciones de un proyecto minero de Escobal en 2012. Igualmente, tribunales en Colombia sentenciaron que los pueblos indígenas que fueron desposeídos de sus tierras por los terratenientes, entre ellos el grupo indígena Kanalitojo en Vichada, tienen derecho a recibirlas de vuelta. Finalmente, un tribunal chileno dictaminó que los criaderos industriales de salmón deberían detener sus operaciones en la parte sur del país, porque están perjudicando los medios de vida de los mapuche.
Si la justicia a nivel nacional no funciona, los pueblos indígenas pueden acudir a los tribunales internacionales superiores. En 2011, AIDA, junto a otras organizaciones de Brasil, presentó una denuncia formal contra este país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la represa Belo Monte. Por otro lado, la asociación de defensa ambiental también solicitó medidas cautelares para que la Comisión pida a México adoptar acciones para proteger la vida en los territorios indígenas de Campeche y Yucatán, donde agricultores y empresas como Monsanto están cultivando soya genéticamente modificada. Ambos casos están pendientes de resolución. ¿Serán los próximos en poner en los titulares a la región?
Con información de Deutsche Welle
