Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela en el año 1999, la derecha venezolana ha desplegado un conjunto de acciones que han culminado en hechos violentos, con el único propósito de derrocar al Gobierno Revolucionario.
Estas jornadas son contrarrestadas por las constantes movilizaciones del pueblo venezolano que rechaza tales actos terroristas y hace un llamado a la paz y al diálogo.
El 11 de abril de 2002 se gestó el primer intento de golpe de Estado contra Chávez con el apoyo del gobierno estadounidense, sectores de la oligarquía nacional, derechistas venezolanos al mando de Pedro Carmona Estanga, y la complicidad de los medios de comunicación.
En esa oportunidad, el Líder de la Revolución Bolivariana fue trasladado a distintos lugares, inicialmente al Fuerte Tiuna en Caracas, con lo que intentaban evitar que el pueblo lo rescatara.
Entre los países que “reconocieron” el breve gobierno de Carmona mediante comunicados están España, Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.
Posteriormente, el comandante Chávez fue llevado hasta la isla venezolana La Orchila hasta su regreso el 13 de abril.
El 2 de diciembre de 2002 se inició otro intento por sacar de la Presidencia a Hugo Chávez, con un Paro Petrolero, que formó parte de las manipulaciones orquestadas por sectores de la oposición, aglutinados en la autodenominada Coordinadora Democrática.
Este paro le costó al país entre 18 mil y 20 mil millones de dólares.
El 12 de febrero de 2014, los opositores Leopoldo López y María Corina Machado llamaron al país a tomar las calles, como parte de un plan al que denominaron La Salida, puesto en marcha luego de las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, comicios que ganaron en su mayoría los revolucionarios.
Tales actos dejaron un saldo de 44 venezolanos muertos y 878 quedaron lesionados, entre ellas, 137 efectivos de la Guardia Nacional.
También para entonces, unos 5 mil árboles fueron quemados por los conocidos como “grupos guarimberos”.
Abril y julio de 2017: Guarimbas (acciones violentas)
El 1 de abril de 2017 la Asamblea Nacional (AN) en desacato convocó a sus simpatizantes a una sesión parlamenaria en la plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, en contra de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se señala que el máximo órgano judicial asumirá las competencia del Parlamento mientras este se mantenga en desacato.
Durante la concentración, el entonces presidente del órgano legislativo, Julio Borges, instó a los presentes a movilizarse hacia la Defensoría del Pueblo.
Desde ese momento, comenzaron a gestarse una serie de convocatorias que desembocaron en manifestaciones violentas, actos vandálicos y acciones terroristas por parte de una derecha radical que pedía de esta forma la renuncia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
Fueron más de 100 días durante los cuales al menos 172 personas perdieron la vida, la mayoría no participaba en las manifestaciones.
La oleada de violencia incentivada por la coalición opositora Mesa de la Unidad (MUD) desembocó en al menos 913 ataques directos a instituciones públicas, entre escuelas, instalaciones militares, instalaciones eléctricas e infraestructuras de servicios básicos.
04 de agosto de 2018: Magnicidio frustrado
El 4 de agosto de 2018, durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar en Caracas, el presidente Maduro fue objeto de un acto violento tipificado como magnicidio en grado de frustración.
Entre los detenidos por este caso se encuentra el exdiputado por la Asamblea Nacional en desacato Juan Requesens, quién facilitó el ingreso desde Colombia del coordinador logístico del atentado Juan Carlos Monasterio, a través de contactos con la oficina de migración colombiana.
Requesens confesó que el exdiputado Julio Borges, prófugo de la justicia y sobre quien recae la autoría intelectual del hecho, lo contactó para que colaborara con Monasterio, alias “Bons”.
La operación fue preparada desde la localidad colombiana de Chinácota, al Norte de Santander.
23 de enero de 2019: Juan Guaidó usurpa funciones
En un acto no contemplado por la Constitución Bolivariana, el diputado de la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó usurpó las competencias del Presidente de la República, que corresponden al jefe de Estado, Nicolás Maduro, electo con el 67 por ciento de los votos populares el 20 de mayo de 2018 para el periodo 2019-2025.
Seguidamente, fue reconocido por el mandatario estadounidense, Donald Trump; varios países aliados, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien de manera permanente ha sostenido ataques contra el pueblo de Venezuela y su Gobierno.
23 de febrero de 2019: ‘”ayuda humanitaria”
Guaidó convocó a todo el pueblo venezolano a acompañar el ingreso unilateral de una supuesta “ayuda humanitaria” que tenía previsto ingresar por la frontera venezolana.
Este plan desencadenó una ola violencia en la zona fronteriza: en el puente internacional Simón Bolívar del lado colombiano, tres militares tomaron dos vehículos blindados de FANB y embistieron contra el cerco de seguridad en el lugar, acto que dejó un saldo de dos heridos.
También ese día grupos opositores venezolanos incendiaron camiones con el cargamento de “ayuda humanitaria” en el puente internacional Francisco de Paula Santander.
Por Paracaima, al norte de Brasil, intentaron acceder camiones hacia Santa Elena de Uairén, en el estado venezolano de Bolívar.
Oposición se niega a dialogar
Más de 400 llamados al diálogo ha realizado el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Estas peticiones no han sido atendidas por la derecha venezolana, pese al amplio respaldo internacional con que ha contado esta solicitud del Ejecutivo Nacional.
Esta solicitud está antecedida por la Mesa de Diálogo que se llevó a cabo entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana en República Dominicana en el año 2016.
Con información de VTV.