Ciudadanos exigen el fin de cobros y restricciones; autoridades responden con medida parcial que ha sido calificada como discriminatoria
Tulum, Quintana Roo, 15 de diciembre de 2024
El domingo 15 de diciembre, ciudadanos de Tulum, Quintana Roo, se manifestaron para exigir el acceso libre y gratuito a las playas públicas, especialmente en la franja costera incluida en el Área Natural Protegida (ANP) del Parque Nacional del Jaguar. Los manifestantes expresaron su rechazo a las medidas que obligan a pagar una tarifa para ingresar a esta zona, la cual junto con Punta Piedra se han convertido en los únicos accesos público disponible para la población local y visitantes.
La protesta fue respaldada con la entrega de documentos dirigidos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Mariana Boy Tamborrell. En estos documentos, los manifestantes exigen la eliminación de las tarifas obligatorias y el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, que garantiza el acceso libre a todas las playas del país.
Demandas de la población
Los manifestantes denunciaron que, actualmente, Tulum cuenta con un solo acceso público a la playa, ubicado en Punta Piedra, mientras que otras playas icónicas, como Bahía Soliman, Caleta Tankah y la franja costera de la zona hotelera, se encuentran bloqueadas por hoteles, desarrollos turísticos y tarifas de acceso impuestas por concesionarios.
Entre las principales demandas incluidas en los documentos firmados y entregados a las autoridades, destacan:
1. Acceso gratuito y sin restricciones: Exigen que el cobro de la GAFSACOMM (tarifa de acceso) en el Parque Nacional del Jaguar sea opcional y que las personas puedan ingresar libremente a pie o en vehículos que cumplan con las normas establecidas en el programa de manejo. La contribución de $62 pesos destinada a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) sería opcional, dejando la tarifa obligatoria solo para quienes deseen utilizar servicios adicionales, como transporte interno o amenidades.
2. Sanciones a hoteles y negocios que impidan el acceso: Piden la supervisión y sanción a los establecimientos que bloqueen o restrinjan los accesos públicos a la playa. De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, deben existir accesos públicos cada 200 metros en las zonas hoteleras. Exigen la aplicación de multas y la clausura de los negocios reincidentes que no garanticen el paso libre.
3. Respeto al derecho constitucional: Señalan que el derecho de acceso a las playas está respaldado por el artículo 27 de la Constitución Mexicana y la Ley General de Bienes Nacionales, que estipulan que todas las playas son bienes nacionales y deben ser accesibles para todas las personas, sin excepciones.
Medida parcial de las autoridades
En respuesta a las presiones ciudadanas, autoridades municipales de Tulum anunciaron que, a partir de ahora, los residentes mexicanos podrán ingresar a las playas del Parque Nacional del Jaguar presentando su credencial de elector (INE). Sin embargo, esta medida fue calificada de “discriminatoria” por la población, ya que Tulum cuenta con una gran comunidad de residentes extranjeros que, bajo esta medida, seguirían excluidos del acceso gratuito.
La decisión también fue criticada por su posible trasfondo recaudatorio, ya que los ciudadanos denunciaron que, aunque los residentes mexicanos podrán ingresar con su INE, los turistas nacionales y extranjeros seguirán obligados a pagar las tarifas, lo que beneficiaría a la administración local y a los concesionarios.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, en los últimos años ha habido un incremento del 45% en las quejas de turistas por la falta de acceso a las playas de Tulum, afectando la reputación del destino turístico. Este problema no solo ha dañado la imagen internacional del municipio, sino que también ha golpeado la economía local. Comerciantes, hoteleros, transportistas y artesanos reportaron una caída en sus ingresos de hasta un 30% durante las temporadas altas, pues cada vez más turistas optan por otros destinos.
Impacto social y económico
Los ciudadanos denunciaron que la privatización de los accesos a la playa ha generado un sentimiento de exclusión y despojo en la población local. “Trabajamos todos los días para sostener a nuestras familias y ahora nos quieren quitar hasta la playa, que es de todos”, declaró uno de los manifestantes durante la protesta.
Además, se alertó que esta situación ha generado tensiones entre locales y turistas, especialmente entre aquellos que se niegan a pagar por un derecho que, por ley, es gratuito. Por ello, la ciudadanía advirtió que, de no atenderse la demanda de acceso libre a las playas, se podrían generar conflictos sociales.
Los habitantes de Tulum dejaron claro que seguirán exigiendo el acceso gratuito y sin restricciones a todas las playas del municipio. Las cartas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la PROFEPA reflejan el clamor de la población por una solución definitiva que garantice el cumplimiento de la ley y la protección de su derecho constitucional.
La medida de permitir el ingreso con credencial de elector ha sido insuficiente para los manifestantes, quienes insisten en que las playas deben ser accesibles para todas las personas, independientemente de su nacionalidad o condición económica. La exigencia es clara: playas libres y accesos públicos reales para todos.
