Empresas sancionadas por corrupción deben más de 2 mil millones al Gobierno, una deuda acumulada por proveedores castigados por irregularidades en contrataciones públicas y que permanece sin cobrarse. Entre los casos más relevantes están cinco compañías sancionadas entre 2022 y 2023 con multas que superan los 100 millones de pesos cada una, luego de que la entonces Secretaría de la Función Pública detectara acuerdos entre empresas para repartirse procedimientos de servicios de análisis clínicos y bancos de sangre del ISSSTE.
Ciudad de México, 17 de agosto de 2026.- Son las multas más grandes, pero siguen sin cobrarse. Entre 2022 y 2023, cinco empresas recibieron sanciones económicas de 100 millones 243 mil pesos y fueron inhabilitadas hasta 2030 por ponerse de acuerdo y repartirse los procedimientos de los servicios de análisis clínicos y los bancos de sangre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se trata de cantidades históricas. En el cúmulo de 2 mil 386 sanciones económicas que el Estado mexicano ha impuesto a proveedores que incurrieron en actos de corrupción y que no le han pagado, en los últimos 25 años, las de las empresas de este grupo son las mayores, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Sus nombres son Servicios de Mínima Invasión, S.A. de C.V.; Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V.; DAI Servicios, S.A de C.V.; Int-Per, S.A. de C.V.; Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V. y Servad Promo Asistencial, S.A. de C.V.
Tres de ellas –Servicios de Mínima Invasión, Servad Promo Asistencial y DAI Servicios– aparecen con doble multa por la misma cantidad, los 100 millones 243 mil pesos.
Hasta ahora, ninguna de las compañías ha pagado la multa. Con ese letargo, las empresas generaron uno de los pendientes más grandes en la lista de proveedores sancionados del Gobierno. Lo que debe este grupo que le mintió al ISSSTE, para obtener contratos, representa casi el 40 por ciento del total de multas impuestas desde 2001 hasta ahora por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG, antes Secretaría de la Función Pública). La suma total de ese adeudo por actos de corrupción es de 2 mil 79 millones 878 mil 630 pesos.
Cuando son multadas e inhabilitadas, las empresas quedan registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. Ahí pueden permanecer años y sus multas formar un acumulado porque tras la sanción, las compañías tienen derecho a impugnar las resoluciones en tribunales.
El archivo de la SABG muestra multas desde 2001. Los nombres de empresas que alguna vez le brindaron servicio a dependencias de la administración pública, pero cometieron actos anómalos en perjuicio del erario, se han acumulado.
Las conductas irregulares de las cinco empresas que deben más de 100 millones de pesos, cada una, fueron detectadas entre 2015 y 2021. Las penalizaciones llegaron en 2022. En ese lapso, México tuvo dos gobiernos, el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Mientras, las empresas actuaron en contra del Estado con “simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas”, asentó en un comunicado en 2022 la entonces Secretaría de la Función Pública (hoy SABG).
La dependencia informó que de acuerdo con denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que tenían un presunto acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación.
Las multas por corrupción que el Gobierno de México no ha cobrado
Si bien son las multas de monto mayor, las sanciones de este grupo se encuentran al lado de otras empresas que también incurrieron en actos de corrupción y que en más de dos décadas no han salido del listado de proveedores sancionados.
Mentiras sobre el número de sus trabajadores ante el Seguro Social sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos, documentación falsa, desaparición, colusión con otras empresas, tráfico de influencias o participación en tragedias son algunas de las prácticas.
Por ejemplo, ahí está el expediente de Alstom Internacional por proporcionar información falsa en una licitación de 1999 para la adquisición de transformadores de corriente y potencia de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Mientras que en México eludió una multa de 341 mil 200 pesos, en 2014, Alstom estuvo implicada en una trama de sobornos para ganar contratos en Indonesia. Además, en Estados Unidos pagó una amonestación de 700 millones de dólares.
Otra deuda sin saldar, entre las más antiguas, es la de la Guardería ABC S.C., de Hermosillo, Sonora, donde un incendio mató en 2009 a 49 menores de edad y dejó por lo menos cien personas con heridas graves. El caso, en el ámbito judicial, continuó su curso. En octubre dl año pasado, Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la guardería, fue detenida en Sonora tras ser deportada de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión por homicidio y lesiones culposas, y se le dictó sentencia por cinco años y siete meses. Mientras, la razón social de la guardería (cuyo edificio ya no existe) continúa como deudora de una multa de 1 millón 644 mil pesos.
Han pasado por lo menos tres años desde que las cinco empresas que tienen los montos mayores en multas de la SABG fueron sancionadas.
Sheinbaum y las nuevas sanciones a empresas proveedoras del Gobierno
En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SABG ha impuesto 207 multas por un monto de 136 millones 817 mil 192 pesos.
Es decir, la dependencia en la que se concentró la política anticorrupción de la primera mandataria ha actuado a un ritmo de 9.4 multas por mes.
A cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, la SABG no ha dejado intocado a ningún sector. En 2025 multó e inhabilitó a nueve empresas de vestuario, equipo táctico, uniformes, calzado y ropa médica, una medida sin precedentes.
En el pasado las empresas vestuaristas ni siquiera eran mencionadas en los esquemas de desvío de dinero como las farmacéuticas o las constructoras. Ahora, en esta administración, se convirtieron en protagonistas de las sanciones de la SABG.
Se trata de empresas que presentaron documentación falsa sobre la calidad de sus productos en varias licitaciones. Una, Strongtex S.A. de C.V. tuvo dos sanciones por esa misma anomalía.
Una de las más recientes sanciones fue para el sector cultural. La empresa Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. recibió una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses. La empresa también incurrió en la presentación de documentación falsa en un procedimiento de la Secretaría de Cultura.
Esta multa se sumó a otras cinco impuestas al mismo número de compañías entre 2019 y 2026 que están pendientes de saldar. Una de ellas, Grupo de Tecnologías Digitales Gahesa S.A. de C.V., se ofreció a digitalizar la Biblioteca Vasconcelos, pero incumplió el contrato.
En lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, las multas de monto más grande –de más de 2 millones de pesos– las tienen Licitex S.A. de C.V., Podtec, S.A. de C.V., Grupo Constructor Mafyn, S.A. de C.V., y Bernabeu México S.A. de C.V. Incumplimiento de contrato y presentación de documentación falsa fueron las razones de sus amonestaciones.
Licitex proveía vestuario, Podtec llantas para vehículos, Mayfin construía y Bernabeu se dedicaba a la limpieza de edificios.
En este universo de malas prácticas en la proveeduría del Gobierno, el sector Salud es el que más afectaciones ha tenido. No sólo le han falllado empresas farmacéuticas, también las de ropa, calzado o limpieza.
Secretaría Anticorrupción: más facultades que nunca
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada en Función Pública en 2003 y convertida ahora en Anticorrupción y Buen Gobierno, la dependencia ha sido la instancia a través de la cual, los diferentes gobiernos han centrado sus políticas de combate a la corrupción.
En 2013 estuvo a punto de desaparecer para ser sustituida por una Comisión, pero el proyecto no fue aprobado por el Congreso. Duró casi tres años sin titular hasta que en febrero de 2015 fue nombrado Virgilio Andrade.
Jamás en su historia concentró tantas atribuciones como ahora. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en marzo de 2025, la SABG heredó las funciones del tutelaje del acceso a la información y la protección de datos personales. Con ello, le transfirió la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia, el espacio en el que el INAI se propuso homologar la información de los gobiernos de los tres niveles de todo el país, así como los sueldos de los funcionarios de los tres poderes de la Unión.
En noviembre de 2024, con 95 votos a favor y solo uno en contra, Raquel Buenrostro Sánchez rindió protesta en el Senado de la República como secretaria de la Función Pública. Sólo días después la instancia se transformó en Anticorrupción y Buen Gobierno.
Desde entonces Buenrostro Sánchez era conocida como “la dama de hierro” por ser implacable como jefa del Servicio de Administración Tributaria. Su gestión se distinguió por políticas fiscales que mejoraron la recaudación tributaria.
Su trayectoria es amplia. Fue directora general de Administración en la Secretaría de Turismo, directora general de Innovación y Calidad en la Secretaría de Educación Pública y directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También trabajó en Petróleos Mexicanos como gerente de Planeación.
Como secretaria Anticorrupción no ha dejado un solo mes sin imponer sanciones a nuevos o añejos proveedores de la Administración Pública Federal. El brazo sancionador ha alcanzado desde las pequeñas hasta las grandes empresas. Además, más de 2 mil funcionarios públicos de todos los sectores han sido también sancionados e inhabilitados por actos de corrupción.
Fuente: Reporte Índigo
