INE adjudicó contratos por 2 mil 829 millones de pesos mediante asignaciones directas; empresas de seguridad y limpieza concentraron convenios.
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó directamente 96 por ciento de los más de 13 mil 300 contratos que formalizó entre enero de 2025 y septiembre de 2026, durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, por un monto superior a 2 mil 829.7 millones de pesos. Entre los principales beneficiarios figuran empresas de seguridad privada, vigilancia y limpieza, así como personas físicas que recibieron convenios millonarios.
Los datos, obtenidos de los contratos publicados por el organismo en la Plataforma Nacional de Transparencia y difundidos por La Jornada el 16 de noviembre de 2026, muestran que las adjudicaciones directas representaron el mecanismo predominante para contratar servicios, arrendamientos y adquisiciones. Los convenios fueron gestionados tanto por las oficinas centrales como por juntas locales y distritales del instituto.
Empresas contratadas para vigilancia y limpieza
Uno de los casos que destaca es el de Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, empresa que acumuló al menos 221 contratos con el INE. Sus servicios incluyeron actividades distintas dentro de una misma estructura administrativa.
En enero de 2026, la compañía recibió un contrato para proporcionar vigilancia a la 09 Junta Distrital Ejecutiva de Guanajuato. Tres meses después, esa misma representación recurrió a la empresa para realizar la limpieza de las instalaciones del módulo de atención ciudadana fijo de La Joyita, ubicado en Silao.
Otro proveedor con presencia significativa fue Jurídicos Integrales FBP, que obtuvo al menos 96 contratos por un total de 54.13 millones de pesos. Entre ellos figura un convenio de abril de 2025 por 15 millones 245 mil pesos para prestar vigilancia intramuros en 40 sedes de juntas distritales ejecutivas del Estado de México.
Las contrataciones también beneficiaron a otras compañías del sector. Vigilancia y Protección a la Sociedad recibió poco más de 43 millones de pesos; Seguridad Privada Guns 8A obtuvo 22.8 millones, mientras que Protección y Logística Empresarial VYMSA acumuló 12.2 millones de pesos.
Personas físicas recibieron contratos millonarios
La revisión de los convenios también identificó a una decena de personas físicas con asignaciones de recursos públicos por cantidades millonarias. La lista está encabezada por Ana María Juárez Hernández, quien acumuló al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 contratos registrados a su nombre y otros dos bajo la denominación Seguridad Privada Cabiexm.
De acuerdo con la información publicada, esta empresa tiene sede en Reynosa, Tamaulipas, y presentó documentación con el mismo Registro Federal de Contribuyentes de Juárez Hernández. La relación empresarial adquiere relevancia por los señalamientos que han rodeado a su esposo, el empresario Mario Guitián Rosas.
Guitián Rosas ha enfrentado acusaciones públicas relacionadas con presuntos delitos, entre ellos extorsión, las cuales rechazó durante una conferencia de prensa en abril pasado. Una de las denuncias fue presentada en 2024 por Gabriel Hernández, empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo, quien fue localizado sin vida en julio de 2025 tras recibir múltiples impactos de bala. Estos antecedentes no acreditan por sí mismos responsabilidad de la proveedora en hechos delictivos.
Otros beneficiarios identificados fueron Francisco Javier Hernández Palacios, con 23.6 millones de pesos; Sandra Angélica Guasti Martínez, con 6.7 millones; Omar Ramos Bandala, con 4.7 millones; Beatriz Eugenia Camacho Quiroz, con 4.6 millones; Carlos Enrique de Jesús Cuate, con 2.5 millones, y Ramiro Peña Monroy, con 2 millones de pesos.
El contrato de videovigilancia también entra en revisión
Además de las empresas de seguridad y limpieza, el INE formalizó acuerdos con proveedores de telecomunicaciones, software, tecnología y servicios inmobiliarios. Entre los proyectos que generaron controversia se encuentra el sistema integral de videovigilancia contratado con AMPS para la Integración y Articulación.
El proyecto contempló la instalación de cámaras con micrófonos en diferentes inmuebles del organismo, incluida la sala de prensa y oficinas institucionales. La colocación de estos dispositivos generó cuestionamientos de periodistas por sus posibles implicaciones para la privacidad y el ejercicio de la labor informativa.
En enero de 2026, el INE confirmó la instalación de equipos de videovigilancia en sus instalaciones y sostuvo que formaban parte del reforzamiento de la seguridad. Sin embargo, durante noviembre comenzó el retiro de algunos dispositivos de la sala de prensa, en medio de las críticas por la presencia de equipos con capacidad de captar audio.
El conjunto de contrataciones coloca bajo escrutinio los procedimientos de adquisición utilizados por el organismo electoral durante la administración de Taddei. Los datos disponibles permiten identificar montos, proveedores y mecanismos de asignación, aunque no constituyen por sí mismos una resolución sobre posibles irregularidades. La revisión de los expedientes y las condiciones de contratación corresponde a las instancias fiscalizadoras y de control competentes.
Fuente: La Jornada

