Al mencionar que existe corrupción en la delegación Quintana Roo de la Fiscalía General de la Republica (FGR) con la detención de inocentes “para poder decir que están combatiendo delitos y deteniendo a delincuentes”, Octaviana Linares, madre de Israel Sánchez, quien recientemente fue sentenciado a 50 años de prisión por supuesta complicidad en el secuestro de un agente de la Policía Federal Ministerial, narró la serie de anomalías del caso de su hijo.
Recordó que el 26 de enero de 2019 se llevó a cabo una revisión en el Bar Pura Vida de Playa del Carmen para poder rescatar a un agente policial encubierto que fue privado ilegalmente de su libertad, cuando realizaba labores de investigación en contra de la delincuencia organizada.
A partir de ese momento, dijo que su hijo quedó, junto con tres personas más, a disposición de las autoridades en calidad de testigos.
Las otras tres personas, narró, eran extranjeros y fueron liberadas ese mismo día, mientras que su hijo a partir de ese momento quedó detenido por supuesta complicidad en el secuestro del agente, lo anterior a pesar de que las pruebas que en su momento se presentaron descartaban tales señalamientos.
Octaviana Linares señaló que entre las personas que se encontraban en calidad de testigos estaba una persona de nacionalidad argentina, quien en ese momento era el encargado del Bar Pura Vida y quien en su momento le comentó, vía telefónica, que la detención de su hijo “así debía de ser por el simple hecho de ser mexicano y que las autoridades no querían tener problemas con personas de nacionalidad extranjera”.
Asimismo, explicó que en su momento tuvo contacto con el agente del Ministerio Público Federal, Cesar Eduardo Cervantes Saavedra, quien confirmó que su hijo estaba relacionado con ese delito.
Desde ese momento comenzó un proceso legal, sin embargo, hace poco fue que se le dictó sentencia de 50 años.
Lo anterior, a pesar de las anomalías del caso y de que, de los 18 testigos, 15 dijeron no haber visto o reconocer a Israel Sánchez y que además desaparecieron en manos de la FGR los videos en donde se demuestra que no tuvo participación.
Octaviana Linares, actualmente busca apelar dicha sentencia y narra que ha invertido más de 100 mil pesos en el último año para tratar de demostrar la inocencia de su hijo, del cual afirma solamente “lo pusieron para poder demostrar que las autoridades están combatiendo el crimen organizado”.
Cabe señalar que el agente del Ministerio Público Federal, César Eduardo Cervantes Saavedra junto con todo el personal de la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Quintana Roo, están bajo investigación por probables hechos de corrupción, abusos en el ejercicio de la función pública y posibles nexos con el crimen organizado.
Con información de Quadratín.
