La denuncia pública de un caso de extorsión en Cancún volvió a poner bajo la lupa el comportamiento policial en Quintana Roo y aceleró las exigencias de transparencia. A través de un video difundido en redes sociales, se evidenció a un agente de Tránsito municipal exigiendo un pago de 630 dólares a un grupo de turistas norteamericanos que viajaban en una camioneta. La respuesta de las autoridades locales fue inmediata: tras abrirse un expediente en la Dirección de Asuntos Internos, el gobierno municipal ordenó suspender al oficial e iniciar el proceso para su baja definitiva mientras concluyen las investigaciones correspondientes.
Este escándalo coincide directamente con el reporte sobre el avance en la implementación de cámaras corporales para las fuerzas del orden en la entidad. Actualmente, el 50 por ciento de los elementos policiales, tanto estatales como municipales, ya portan estos dispositivos de grabación como parte de una estrategia integral que busca frenar los abusos de autoridad, erradicar la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía y los visitantes.
Los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicaron que, si bien el uso de esta tecnología ya cubre a la mitad de la corporación y representa un paso significativo para la rendición de cuentas, alcanzar la cobertura total todavía es un reto complejo. Las autoridades señalaron que equipar al 100 por ciento del personal operativo requiere de una inversión económica bastante fuerte, ya que los equipos e infraestructura técnica son costosos. Por ello, confirmaron que se necesitará destinar un mayor presupuesto durante este año para adquirir más dispositivos y garantizar que ningún policía actúe sin supervisión en las calles.
Con casos como el del oficial de Tránsito en Cancún, queda en evidencia la urgencia de acelerar este programa de vigilancia interna. Las cámaras corporales no solo sirven para proteger a los ciudadanos de malas prácticas, sino también para dejar un registro claro de los operativos y evitar que las conductas irregulares queden impunes en uno de los destinos turísticos más importantes del país.
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