La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes, durante su conferencia matutina, la creación de un esquema formal para investigar y sancionar la extorsión a migrantes, el cual entrará en vigor a partir del próximo año. La medida se presenta como una respuesta del gobierno federal para combatir actos irregulares en perjuicio de connacionales y otros migrantes, reafirmando una política de cero tolerancia a la impunidad.
Instrucciones a autoridades y marco futuro
Durante su informe, la mandataria instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, a trabajar en el desarrollo de este protocolo específico. El objetivo es establecer un procedimiento claro y expedito para la investigación y sanción de este tipo de delitos, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuensión al interior de las instituciones.
El anuncio subraya el compromiso del Gobierno de México de proteger los derechos de las personas en contexto de movilidad. El esquema buscará agilizar la respuesta institucional, asegurando que cualquier denuncia por extorsión sea canalizada de inmediato a las áreas de control interno y, en su caso, a las autoridades ministeriales correspondientes para su persecución legal.
Cero tolerancia y acciones legales
En su comunicado oficial relacionado con el contexto del anuncio, el INM reiteró que el Gobierno de México reprueba categóricamente cualquier acto contrario a la ley cometido contra migrantes. El Instituto confirmó que, ante posibles irregularidades, se procede con la separación inmediata de los agentes involucrados, la notificación al órgano interno de control y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República contra todos los responsables.
Relevancia de la medida
La implementación de este esquema a partir del próximo año representa un paso institucional para sistematizar la lucha contra la extorsión en el ámbito migratorio. Busca garantizar que las investigaciones sean transparentes y efectivas, enviando un mensaje claro sobre la intención de erradicar los abusos de autoridad y proteger a una población particularmente vulnerable durante su tránsito por el país.
Fuente: La Jornada
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