Se ha aclarado irregularidades en Segalmex por 2 mil 700 millones.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, aseguró este martes que los 9 mil 500 millones de pesos de posibles irregularidades detectadas en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019 y 2020, 2 mil 700 millones de pesos ya han sido aclarados, por lo que sostuvo que el monto de las presuntas anomalías “va hacia abajo”.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Salcedo Aquino fue cuestionado por legisladores de oposición sobre su acción frente al que ha sido llamado el mayor escándalo de corrupción detectado en la presente administración, que diputados y diputadas del PAN sostuvieron que ronda los 15 mil millones de pesos.
Salcedo Aquino puntualizó que en 2019 y 2020 la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa por 9 mil 500 millones de pesos y dijo que como resultado de las investigaciones emprendidas por la SFP y otras instancias, ya se ha esclarecido el destino de 2 mil 700 millones, mientras que se han iniciados procesos de sanción por el presunto desvío de mil 300 millones, cuyo uso no fue aclarado por los funcionarios que los ejercieron.
“De esos 9 mil 500 millones, con base a la fecha a las investigaciones de todas las evidencias, ya se aclararon y se solventaron 2 mil 700 millones de pesos, por lo que de 9 mil 500 se ha bajado a 6 mil 800 millones lo que está por aclarar”, sostuvo el funcionario durante su octava comparecencia ante la Cámara baja.
Sostuvo que de esta última cifra “3 mil 700 millones están en proceso de aclaración; todavía no podemos nosotros determinar si hay daño patrimonial o no de esa cantidad”.
El resto, están en una etapa posterior del procedimiento de fiscalización, dijo: “mil 800 millones de pesos están en etapa de investigación y mil 300 millones en proceso de responsabilidades administrativas”.
Así, sostuvo, “hay mil 300 que no todavía no se aclaran y ya pasaron a responsabilidades administrativas”.
Sostuvo que sobre las observaciones hechas por la ASF en la gestión financiera de 2021 en Segalmex -la apuesta de López Obrador para garantizar el abasto de alimentos para la población más vulnerable-, Salcedo Aquino dijo que “todavía está en proceso la aclaración y están en los tiempos todavía, la ASF ha hecho algunas aclaraciones y también se ha enviado la información correspondiente. A este momento estamos esperando el dictamen de la ASF”.
Y añadió que en “2022 no tenemos ninguna observación pendiente”, pues la ASF aún no concluye la revisión de la Cuenta Pública de ese año.
Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN y presidente de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, subrayó y reconoció la apertura de Salcedo Aquino para trabajar en conjunto con los legisladores y dijo que están comprometidos en la construcción de una agenda legislativa.
“Quiero subrayar que hemos recibido algunas sugerencias respetuosas en el ámbito de la colaboración no formal, todavía no se ha producido una iniciativa, en aspectos muy importantes de la fiscalización y el control interno del gobierno federal, a las cuales vemos con gran espíritu de colaboración”.
El presidente de la comisión de Vigilancia, el priista Pablo Angulo Briceño, dijo que “estamos convencidos de que un gobierno que siempre está a favor de combatir a la corrupción, lo debe demostrar no sólo en sus discursos, sino con hechos”.
Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, afirmó que “el desfalco que se ha hecho desde Segalmex tiene ya un monto mayor a 15 mil millones de pesos, se ha convertido en el mayor acto de corrupción en cualquier gobierno, sin que Función Pública de una fuerte respuesta a estos actos de afectación al erario”.
Amalia García, de Movimiento Ciudadano, dijo que “se deben tomar medidas de fondo consistentes para garantizar la prevención de actos de prevención”, añadió que es indispensable que la sociedad civil organizada se incorpore a la lucha institucional contra la corrupción.
Ángel Benjamín Robles Montoya,del PT, apuntó que a menos de un año de que concluya la administración de López Obrador, “hoy, quienes cometen actos de corrupción, ya no se saben protegidos por el manto de impunidad que les proporcionaba un sistema podrido”.
Por el PVEM, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que el rumbo para seguir combatiendo la corrupción es trabajar con el gobierno de López Obrador.
Cristina Ruíz Sandoval, del PRI, dijo que la ciudadanía pide que “el dinero que le deba llegar a la gente llegue sin condición ni restricción, que el dinero para obras se aplique y no se le de desvíos, que las malas costumbres del último año en cada sexenio ya no sigan repitiéndose”.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, señaló que en materia de combate a la corrupción “las expectativas han sido defraudadas” por el gobierno y dijo que “han sido miles de millones de pesos perdidos en la corrupción flagrante que usted se ha negado a ver”.
Dulce María Corina Villegas, de Morena, destacó que “a pesar de los avances, aún se presentan desafíos”.
Con información de La Jornada https://tinyurl.com/2xrky6y8
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