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Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, junto con académicos y defensores, hicieron un llamado al Senado de la República para que en la designación del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “garantice un proceso que permita contar con un perfil con amplio conocimiento en la materia y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución”.

El pronunciamiento surge después de que se anunció que en próximos días las comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la Cámara alta emitirán una convocatoria para nombrar al ombudsman nacional, dado que el periodo de gestión de Luis Raúl González Pérez vence el 15 de noviembre.

Bajo el lema #SinCuotasNiCuates, los firmantes de la petición recordaron que la designación es de gran trascendencia “ante la grave crisis de derechos humanos, violencia e impunidad” en México.

En un comunicado, los activistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) resaltaron los números ominosos que evidencian “la crítica situación del país”: más de 40 mil desaparecidos, más de 300 mil homicidios, las tres mil fosas clandestinas halladas, 26 mil cuerpos sin identificar y nueve asesinatos de mujeres al día.

Ante tal realidad, recomendaron a los senadores siete puntos fundamentales para llevar a cabo un relevo que atienda los Principios de París, relacionados con el “funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de derechos humanos”.

El estándar internacional considera que el nombramiento de los titulares de los organismos públicos de derechos humanos “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”.

Los firmantes del pronunciamiento solicitaron al Senado de la República que en la convocatoria que emita para la designación del ombudsman nacional, “se dé certeza jurídica sobre cada una de las etapas y criterios que guiarán las decisiones del proceso”.

Y, luego de manifestar que este año debe superarse “en mejores términos” las experiencias de las anteriores legislaturas, pidieron que se “garantice el principio de máxima publicidad del proceso, privilegiando la transparencia proactiva, al ser de gran interés público toda la información de esta designación”.

Consideraron indispensable que se establezcan “mecanismos efectivos de participación ciudadana y de parlamento abierto, poniendo especial énfasis en la inclusión de víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos”.

De igual manera, recomendaron a los senadores definir “criterios claros y objetivos para evaluar a las y los candidatos que den pauta a un análisis riguroso de sus cualidades y méritos profesionales para asumir el cargo”.

Asimismo, pidieron a los legisladores rendir cuentas sobre “las decisiones tomadas, a partir de fundar y motivar las razones que sustentan cada decisión”, y que garanticen “la igualdad y no discriminación, en particular la equidad de género, en la valoración de las candidaturas propuestas”.

Para las organizaciones, defensores y académicos que firmaron el pronunciamiento, “el buen desempeño de las instituciones pasa necesariamente por designaciones que aseguren estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”.

Los senadores –subrayaron– “tienen la enorme responsabilidad de construir confianza y dotar de legitimidad a esta designación clave para el futuro de México, y de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado”.

El documento está respaldado por 114 organizaciones civiles y por 77 académicos y defensores. Entre las organizaciones firmaron: Amnistía Internacional México; Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), conformada por 87 agrupaciones; Artículo 19; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Observatorio de Designaciones Públicas; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

También la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar, Centro de Análisis e Información, Red por los Derechos de la Infancia, Servicios y Asesoría de Paz, Grupo de Información en Reproducción Elegida y Centro Nacional de Comunicación Social,

Entre los académicos y defensores destacan: Mariclaire Acosta, Alfredo Lecuona, Catalina Pérez Correa, Daniel Giménez Cacho, Denise Dresser, Eliana García, Jacobo Dayán, Jaqueline L’Hoist, Maite Azuela, Luis Daniel Vázquez y Pablo Romo Sedano, entre otros.

Con información de Proceso.

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Nacional

México llega a 84,627 casos de Covid-19

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México acumula 84,627 casos positivos de coronavirus y 9,415 defunciones de enfermos de COVID-19 aun día de terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia.

El reporte presentado por Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de Salud, detalló que hay 16,209 casos activos.

El crecimiento de confirmación de contagios entre el corte de este jueves 3,224 (4%) y viernes fue de, mientras que el de decesos fue de 371 (4.1%).

Con información de  Expansión/Redes

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Nacional

No descansaré hasta que haya justicia en casos ABC y Ayotzinapa: AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que sigue trabajando con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para no dar carpetazo a las investigaciones de los casos de la guardería ABC y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

“Existe compromiso para que la Fiscalía [General de la República] no dé carpetazo a la investigación sobre [lo ocurrido en el incendio de la] guardería ABC, en Sonora, ni al caso Ayotzinapa. No voy a descansar hasta que se conozca la verdad y se haga justicia en ambos”, aseguró.

El primer mandatario también señaló que ambos casos son asuntos de Estado y aunque hay “una especie de pacto de silencio, una complicidad colectiva”, ya se está trabajando y avanzando para que muy pronto haya resultados.

Con información de Contralínea.

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Nacional

Las finanzas públicas y la deuda pública a abril de 2020

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Los principales resultados en el periodo enero-abril muestran la prioridad que el Gobierno de México ha dado a la atención de la emergencia sanitaria y a la mitigación de sus impactos económicos, así como el manejo responsable de las finanzas públicas en un entorno complejo, con choques adversos sobre la economía mexicana.

En enero-abril de 2020 los ingresos presupuestarios del sector público se incrementaron 1.5 por ciento real respecto al mismo periodo de 2019. Debido a la disminución en los precios de los hidrocarburos y combustibles y en las ventas de estos últimos, derivadas de la menor movilidad por las medidas de confinamiento, los ingresos presupuestarios fueron inferiores al programa en 19.7 mil millones de pesos.

Los ingresos tributarios en el cuatrimestre aumentaron 5.6 por ciento real anual, como resultado de las acciones para reducir la evasión y la elusión de impuestos. Si bien las cifras de abril ya reflejan los primeros efectos sobre la recaudación de las acciones de distanciamiento social, los ingresos tributarios acumulados de los primeros cuatro meses del año fueron 22.1 mil millones de pesos superiores a lo programado.

El gasto presupuestario total registró un incremento real de 7.0 por ciento respecto a enero-abril 2019, el gasto programable de 7.2 por ciento real y el no programable de 6.5 por ciento real. Al interior de este último, resalta que en enero-abril 2020 las participaciones a las entidades federativas superaron en 5.2 por ciento real el monto programado en 6.1 mil millones de pesos y al realizado en el mismo periodo de 2019.

El gasto de la Administración Pública Centralizada fue superior al programa en 17.4 mil millones de pesos y mayor al de enero-abril 2019 en 13.1 por ciento real. Destacan los crecimientos reales anuales en el gasto de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Bienestar, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación y Salud de 401.4, 94.3, 78.7, 57.2, 17.0 y 11.8 por ciento, respectivamente.

Entre enero y abril, el balance público presentó un déficit de 73.9 mil millones de pesos, menor que el déficit programado de 115.1 mil millones de pesos. Asimismo, se registró un superávit primario de 117.7 mil millones de pesos, mayor al superávit primario previsto de 87.9 mil millones de pesos. Por último, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) registraron un déficit de 104.6 mil millones de pesos.

Al cierre de abril, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 88.7 mil millones de pesos al cierre de abril de 2020. La deuda neta del Sector Público se situó en 12 billones 361.5 mil millones de pesos y la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 9 billones 164.9 mil millones de pesos. Estos niveles son consistentes con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2020.

Con información de Gobierno.

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