Con el argumento de que la triangulación de 5 mil millones de pesos permitida por Rosario Robles Berlanga es el caso más notorio de corrupción en el sexenio pasado, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el juicio político contra la ex funcionaria y solicitaron al Senado erigirse en cámara de sentencia e inhabilitarla para cualquier cargo público por 20 años.
Morena aceptó que el juicio político no tenía intención de sancionar a Robles, quien ya está inhabilitada, sino dar ejemplo. El presidente de la sección instructora, Pablo Gómez Álvarez, refrendó: Lo que estamos acusando aquí no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en que realizó la administración pública federal, desapegado de la ley y de manera completamente corrupta.
La vicecoordinadora de esa bancada, Tatiana Clouthier, quien presentó una de las dos denuncias que se acumularon para resolver el juicio, sostuvo en la tribuna que en el gobierno de Enrique Peña Nieto el uso de recursos públicos para servir intereses particulares o de una facción partidista fue la regla y no la excepción.
En la sesión, a la que sólo acudieron 275 diputados (ante la ausencia de la oposición y 40 legisladores de Morena), el abogado de Robles, Alberto Javier Sánchez, respondió que el rasero de la mayoría aplicado al juicio político prevalecerá en adelante. Hoy algunos están arriba, mañana van a estar abajo, advirtió.
En un argumento que fue criticado por Clouthier, sostuvo que se violaron los derechos de Robles y se le sanciona por su condición de mujer. Agregó que este juicio político lo único que persigue es el escarnio público, la picota, exhibirla públicamente en su persona y en su honra. Viola el artículo 22 de la Constitución al imponer una pena de infamia, que está prohibida en la Carga Magna. Justicia sí, venganza no, clamó.
Clouthier –quien después de sus alegatos se excusó de votar, al ser denunciante– señaló que de las 13 universidades utilizadas para triangular recursos de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, cinco son del estado de México, que gobernó el ex presidente Enrique Peña Nieto: acto más público no puede estar a la vista.
Acotó que el juicio no es un tema de personas, de partidos, chivos expiatorios ni tampoco de verdugos, sino de sancionar a ex funcionarios que traicionaron su juramento de respetar la Constitución y desviaron recursos destinados a combatir la pobreza.
La diputada Anilú Ingram (PRI) también señaló que el proceso de este jueves será el rasero con el que se juzgará a todos los políticos. Este juicio nació con la sentencia dictada, pero si quieren hacer leña del árbol caído, estoy segura de que la fogata no llegará ni a una chispa. Recuerden: los carniceros de hoy serán las reses del mañana.
En tanto, el despacho de abogados Epigmenio Mendieta, que defiende a Robles, señaló que en la Cámara de Diputados se hizo un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a una mujer y que hubo una serie de irregularidades.
Entre otras acusaciones, dijo, no existe ni una sola prueba que demuestre la participación de Robles en algún desvío de recursos. Ella está acusada del delito de omisión. El ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, nunca pudo aportar pruebas documentales de que Robles Berlanga tuvo conocimiento de algún desvío de recursos o algún acto de corrupción.
Con información de La Jornada.