Playa del Carmen, 18 de noviembre de 2026.- Dos turistas extranjeros denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, agresiones físicas y cobros ilegales por parte de policías municipales de Playa del Carmen, casos que ya son objeto de investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras autoridades municipales reconocen que podrían reforzarse los mecanismos de vigilancia sobre los elementos policiacos.
El secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, confirmó que al menos una de las denuncias fue turnada a la corporación municipal y se encuentra en revisión de la mesa de inteligencia. Debido a que las indagatorias continúan, dijo que no se emitirán conclusiones anticipadas hasta contar con una postura oficial.
El funcionario explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya tomó conocimiento del caso y realiza el análisis correspondiente para determinar qué ocurrió y si hubo alguna irregularidad durante la intervención de los agentes.
Uno de los denunciantes es Luis Alberto Cabanzo Angulo, ciudadano colombiano con nacionalidad canadiense, quien hizo público que fue detenido por policías municipales cuando se encontraba en la zona turística de Playa del Carmen.
De acuerdo con su versión, permaneció alrededor de seis horas en los separos municipales y tuvo que entregar 9 mil 500 pesos para recuperar su libertad. También señaló que durante la detención fue sometido a revisiones que calificó como humillantes y que los agentes no le explicaron claramente las razones de su arresto.
Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició la investigación administrativa CARP/ADM/181/10/2026. La dependencia confirmó que cuenta con un registro de detención del 25 de octubre, relacionado con presuntas faltas administrativas, aunque esta versión deberá confrontarse con los señalamientos del visitante.
El segundo caso involucra a Jeffrey Burke, ciudadano canadiense que se identificó como detective jubilado y denunció haber permanecido más de 30 horas detenido tras un conflicto relacionado con la utilización de un camastro en una playa.
Burke aseguró que durante su estancia en los separos fue golpeado por otros detenidos y por un custodio. Además, afirmó que pagó aproximadamente 500 dólares canadienses para salir de prisión y que sufrió lesiones en la cabeza y una perforación del tímpano. Estas acusaciones tampoco cuentan, hasta ahora, con una resolución oficial que determine responsabilidades.
Analizan instalar más cámaras para vigilar a policías
Frente a las denuncias, Herrera Quiam reconoció que el Ayuntamiento podría considerar nuevas herramientas de videovigilancia para documentar las intervenciones de los policías municipales y contar con elementos que permitan esclarecer posibles abusos.
El secretario general señaló que las cámaras pueden servir tanto para proteger a la ciudadanía como para respaldar a los propios agentes cuando existan señalamientos sobre su actuación.
No obstante, aclaró que la posibilidad de ampliar estos mecanismos dependerá de los resultados de las investigaciones y de una evaluación conjunta sobre las medidas que deban implementarse.
La discusión sobre la actuación policial se presenta en medio de otras inconformidades contra la corporación. Salvador Contreras Mis, tercer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, informó que hasta principios de noviembre se habían contabilizado 59 quejas contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen durante 2026, de las cuales 39 continuaban en seguimiento.
A estas denuncias se sumó el pronunciamiento de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, encabezada por la regidora Danna Ramírez Saldaña, que anunció que solicitaría información sobre los casos y daría seguimiento a las investigaciones.
Además de las posibles violaciones a los derechos de los visitantes, los señalamientos representan un problema para un destino cuya actividad económica depende en buena medida del turismo internacional, particularmente por las implicaciones que pueden tener las denuncias de abuso policial en la percepción de seguridad de quienes lo visitan.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre sanciones contra los elementos presuntamente involucrados ni existe una determinación oficial que confirme las responsabilidades señaladas por los turistas.
Mientras avanzan las investigaciones, el Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de reforzar la supervisión policial, aunque todavía no ha anunciado medidas concretas ni plazos para su aplicación.

