Por Eduardo de Luna
La ex alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, ahora candidata plurinominal por el Partido Acción Nacional al Congreso de Quintana Roo, hizo que su administración pagara a la empresa yucateca Automotriz Montecristo S.A. de C.V., la cantidad de 21 millones 330 mil 840 pesos, por la renta de 30 patrullas tipo pick up, en un contrato de dos meses que ella firmó y que es 819 por ciento mayor al valor real de mercado.
La copia del contrato, en poder de Quadratín Quintana Roo, señala que en el convenio pactado, de únicamente dos meses, al comprender del 29 de abril al 2 de julio de 2017, el gasto público erogado por la ex alcaldesa supera, por mucho, los contratos de este tipo que han hecho tanto el Gobierno del Estado como los ayuntamientos de Quintana Roo.
Por poner un ejemplo, según cifras del Gobierno del Estado, la renta equivaldría a no más de un millón 260 mil pesos por mes, costo completamente diferente al firmado y pagado por Cristina Torres Gómez a la automotriz yucateca. El contrato está firmado además de la ahora candidata del PAN a la XVI Legislatura local, Cristina Torres Gómez, como presidenta municipal en 2017, por Samaria Angulo Sala, como Oficial Mayor; Asunción Ramírez Castillo, como tesorero municipal, y Juan Martín Rodríguez Olvera, como director general de Seguridad Pública.
En el convenio se menciona que hubo un proceso de licitación mediante el cual se adjudicó el contrato a esta empresa marcado con el numeral MSO-OM-LRP-ADQ-023-2017, en el cual se detallan la periodicidad de los pagos, cláusulas generales del contrato y las características de las unidades que fueron adquiridas para la exagerada renta.
Cada patrulla rentada costó diariamente a la ciudadanía de Solidaridad, la cantidad de 11 mil 468 pesos aproximadamente, en un claro detrimento al patrimonio municipal de más de 18 millones de pesos, ya que el precio de renta de estas unidades se estimó en valor de mercado durante 2017, en alrededor de mil 400 pesos por día, de acuerdo a las cifras presentadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, cuando justificaron la renta de 162 patrullas, es decir, Cristina Torres Gómez pagó un precio inflado de 819 por ciento.
Al respecto, especialistas en auditoría señalan que Cristina Torres Gómez y los implicados en esa licitación, por parte del Ayuntamiento de Solidaridad, podrían tener, si son demandados, una presunta responsabilidad civil y/o penal, por contratar a una empresa que les ofreció un precio 819 por ciento mayor, costo inflado, en relación al valor del mercado. “Si Cristina Torres Gómez autorizó, adjudicó y firmó el convenio, en calidad de servidora pública, tiene presunta responsabilidad civil y/o penal, por haber avalado y signado el convenio, en su calidad de presidenta municipal, al contratar a una empresa que le ofreció un precio 819 por ciento mayor, en relación al valor de mercado”, enfatizan los auditores, quienes destacan que el proceso del término para fincar responsabilidades está vigente.
Con información de Quadratín
