El despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur del país y la exigencia para que las compañías de transporte público no permitan el uso de sus unidades sin identificación violentan las garantías de quienes transitan y habitan en el país, señalaron decenas de organizaciones civiles e instancias académicas.
A 12 días de que se firmó el acuerdo entre México y Estados Unidos para contener a los migrantes que ingresan por el sur del país de manera irregular, las acciones emprendidas por el gobierno mexicano violan la Constitución, así como las leyes Nacional de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, indicaron.
Remarcaron que el artículo 11 constitucional asienta que todas las personas tienen el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. “Este derecho se restringe por la Ley de Migración que permite a los agentes migratorios verificar la estancia migratoria de personas extranjeras”.
Instancias como Oxfam México, el Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, Alianza Américas; el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Servicio Jesuita a Refugiados México, la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras IAP, entre muchas otras emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron las medidas adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener la migración.
Subrayaron que en el caso de personas con necesidades de protección internacional, la medida de utilizar a la Guardia Nacional en los operativos de detección de migrantes, obstaculiza su derecho al asilo, como lo señala el artículo 6 de la Ley sobre Refugiados, “instaurando temor fundado de ser detenidas y deportadas si utilizan cualquier medio de transporte que les permita acercarse a los puntos donde pueden iniciar su trámite del reconocimiento de la condición de refugiadas”.
En torno al oficio que la Secretaría de Gobernación circuló en el que pide a las compañías de transporte de pasajeros cooperar con la aplicación de la ley migratoria, los firmantes del pronunciamiento consideraron que por ley, estas empresas únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las normas, y además lucran al hacerlo.
“Si una persona indocumentada se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, eso no es responsabilidad de las compañías de transporte –no son autoridades para verificar el estatus migratorio. Sin embargo, el día de ayer el Grupo Flecha Amarilla de autotransporte y Autobuses de Oriente ADO emitieron un anuncio al público en el que señalan que para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad (credencial del Instituto Nacional Electoral, cartilla militar, pasaporte o cédula profesional, licencia de manejo) por disposición del gobierno federal, lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación”.
Indicaron que bajo estas circunstancias, los menores de edad se verían obligados a viajar con su acta de nacimiento, además que se excluye a millones de personas –mexicanos sobre todo— que no cuentan con estos documentos y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte: jóvenes, jornaleros agrícolas y a los mexicanos retornadas o deportadas de Estados Unidos que no cuentan con documentos de identidad y a aquellos que no tienen ninguno de estos documentos.
Agregaron que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial, pero hay muchas que aún no la tienen a pesar de haberse registrado, así como un número indeterminado que no la han solicitado. Además, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte y el uno por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.
Con información de La Jornada.