La secretaria del Bienestar rinde cuentas sobre los programas de bienestar ante la Cámara de Diputados
Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.- La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, compareció ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados para informar que 42.8 millones de personas reciben apoyos mediante los programas de bienestar del Gobierno de México. Durante su presentación con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria detalló que al finalizar el año 2026 la inversión total superará el billón de pesos destinados a pensiones, becas y apoyos al campo para atender a los sectores más vulnerables de la población.
El informe presentado ante el Poder Legislativo señala que la política social constituye el eje principal del desarrollo nacional, habiendo contribuido a que más de 13.4 millones de mexicanos salieran de la pobreza en los últimos seis años. Ramírez Amaya enfatizó que la gestión a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prioriza el ejercicio de los derechos fundamentales y garantiza que los recursos públicos lleguen de forma directa a la ciudadanía sin intermediarios ni condicionamientos.
Alcance de las pensiones federales y atención médica gratuita
En el rubro de atención a adultos mayores, casi 14 millones de personas de 65 años en adelante reciben actualmente su pensión universal, lo que demanda un presupuesto anual estimado de 527 mil millones de pesos. Asimismo, la titular de la Secretaría de Bienestar destacó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar para el rango de 60 a 64 años, la cual beneficia a 2.8 millones de mexicanas con una asignación de 57 mil millones de pesos como reconocimiento a las labores de cuidado familiar.
Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad atiende a 1.8 millones de beneficiarios con una partida presupuestal superior a 36 mil millones de pesos. De forma complementaria, el Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión ha brindado 6.3 millones de terapias gratuitas a 28 mil menores en 20 entidades, mientras que el programa Salud Casa por Casa suma 27 millones de visitas médicas domiciliarias mediante 20 mil profesionales de la salud.
Inversión en comunidades indígenas e infraestructura social
Respecto al desarrollo rural y productivo, el programa Sembrando Vida registra un padrón de 423 mil sembradores distribuidos en mil 113 municipios de 24 estados, abarcando más de un millón de hectáreas cultivadas. En materia de justicia social para los pueblos originarios, la Secretaría de Bienestar destina el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a comunidades indígenas y afromexicanas, beneficiando en 2026 a cerca de 20 mil localidades mediante 13 mil 500 millones de pesos en obras básicas.
Adicionalmente, la dependencia opera el programa La Clínica es Nuestra en coordinación con el sector salud y mantiene el apoyo a 195 mil madres trabajadoras con hijos pequeños. En la atención a contingencias ambientales de años previos, la funcionaria recordó el censo de 320 mil personas afectadas por ciclones en la costa del Pacífico y los 15 mil 700 millones de pesos aplicados tras los desastres naturales acontecidos en el centro y oriente del país.
Transparencia y auditoría del padrón de beneficiarios
En el ámbito de atención prioritaria y movilidad humana, la Secretaría de Bienestar administra los Centros Integradores para el Migrante en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, instalaciones donde se asistió a cerca de 5 mil personas con una partida de 384 millones de pesos ejercidos entre enero y julio de 2026. La funcionaria reiteró que todos los apoyos económicos asignados a través de la política social federal se distribuyen de manera imparcial e individualizada.
Para concluir su exposición ante la comisión legislativa, la secretaria aseguró que el padrón de beneficiarios es público, transparente y se valida trimestralmente en coordinación con el Registro Nacional de Población. Ramírez Amaya puntualizó que el registro cuenta con dos auditorías vigentes correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y que los recursos asignados para el presente año cuentan con la certidumbre técnica y legal necesaria para continuar con su operación regular.
