La empresa suiza Glencore International ganó este año una licitación convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que le adjudicó 12 contratos para proveer carbón mineral térmico a la dependencia dirigida por Manuel Bartlett Díaz.
La empresa fue elegida entre 7 empresas participantes al cumplir con todos los criterios técnicos y ofrecer la oferta más económica, según se lee en el acta de fallo firmada el pasado 9 de abril.
Sin embargo, ha sido cuestionado que en 40 años de operaciones Glencore PLC habría construido un imperio financiero sobre las bases de la corrupción, así como la extracción presuntamente ilegal de recursos naturales y su comercialización en los mercados globales.
Los contratos adjudicados, que en conjunto implican la compra de 4.94 millones de toneladas de carbón, fueron atribuidos a Glencore por encima de Trafigura, Noble Group de Hong Kong y Suek Group de Rusia.
Lo anterior vendría a poner en evidencia que al menos la apuesta energética de la Carta Transformación significa una recaída en favor de las peores prácticas comerciales y grupos de poder a nivel nacional e internacional, de acuerdo con información difundida por la agencia de noticias Reuters.
El grupo Glencore PLC, tal y como lo refiere en su propio Informe Financiero 2018 publicado el 1 de marzo de este año, admite encontrarse bajo investigación en Brasil como parte de la operación que a nivel internacional emprende la fiscalía de ese país y que es conocida como Lava Jato.
Desde fines del 2018, la Fiscalía brasileña investiga a empleados de Glencore PLC, además de Vitol S.A. (con sede en Londres) y Trafigura AG (Holanda) como parte de un esquema de corrupción con la empresa petrolera de ese país, Petrobas.
Lo más significativo es que desde la reforma energética emitida por la administración de Enrique Peña Nieto, las tres compañías bajo investigación de los gobiernos de Brasil, Suiza y presuntamente también del FBI en los Estados Unidos, como trascendió la presente semana a través de la agencia Reuters, se destacan entre la lista de multinacionales que cuentan con permisos para la importación de combustible a México.
Tan sólo el grupo Glencore, ahora socio de la compañía que encabeza el expriista Manuel Bartlett, acarrea un largo historial de corrupción, evasión fiscal, despojos de tierras en comunidades indígenas, violaciones a los derechos humanos y devastación ambiental, acumulados en sus más de 40 años de operación en el mercado global.
¿Quién opera Glencore PLC?
En México, específicamente, el 31 de mayo de 2017, Glencore PLC., se asoció con el consorcio G500 dirigido por Antonio Caballero y Fernández para operar y abastecer a más de 300 gasolineras en México, integrando para ello dos sociedades a partes iguales: G500 Network y G500 Service Stations.
La operación fue asistida por Alberto Olimón Salgado, quien desde ese momento apareció como consejero de ambas empresas según consta en sus respectivas actas constitutivas depositada en el Registro Público del Comercio (RPC).
Alberto Olimón Salgado no sólo fue subdirector comercial de Gasolinas y Componentes PMI Comercio internacional, sino uno de los cuatro altos ex directivos de esta offshore de Pemex que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó en octubre del año 2011 por vender gasolina cóquer a dos de las empresas de hidrocarburos más grandes del mundo: Gunvor y precisamente, Transfigura AG.
De acuerdo con cálculos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el desfalco a Pemex habría por esta vía habría alcanzado un monto superior a los 26 millones de dólares, lo que representó para Alberto Olimón Salgado una inhabilitación de 10 años y una multa de 170 millones 683 mil pesos.
Sin embargo para Pemex, el daño es mucho mayor, pues tras perder el monopolio de la gasolina, Glencore se convirtió en una de las primeras importadoras de combustible en México, instalando una terminal de almacenamiento en el puerto de Dos Bocas.
Más allá del oscuro contexto internacional que rodea a Glencore PLC, lo anterior es evidencia de cómo el resultado de la licitación emprendida por la CFE y ajena a todo control de procedencia, consolida a México como un lugar donde la corrupción puede asentarse sin dar mayores problemas, refiere la publicación.
Con información de Radio Fórmula.