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La política de austeridad recorta presupuestos en casi todas las áreas de la administración pública. Mientras que algunos rubros han sido sometidos a reducciones de hasta el 70 por ciento, hay algunos –muy pocos– que gozan de gran cantidad de recursos. Uno de ellos es el de la seguridad que, para el siguiente año, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador destinará 197 mil 254 millones 910 mil pesos.

¿En qué se gastarán tales montos? ¿Quiénes estarán a cargo de gastarlos? En primerísimo lugar, los militares. Sea seguridad nacional o seguridad pública, los montos más altos irán a parar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar). La primera organiza y administra al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana. La segunda, a la Armada de México.

Dos estudios de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados revelan también el destino que formalmente tendrán esos casi 200 mil millones de pesos. Y queda claro que cada vez son mayores las tareas de seguridad pública asignadas a los militares.

El monto total se obtuvo de la suma de lo que se destinará a seguridad nacional y a seguridad pública. Para el primer tipo de seguridad, el monto asciende a 84 mil 404 millones 180 mil pesos. Para el segundo, a 112 mil 850 millones 730 mil pesos. Con respecto de la seguridad nacional, se trata de una reducción del 10.43 por ciento con respecto de lo aprobado para 2019. Sin embargo, tal reducción se compensa con creces con el incremento del 39.24 por ciento para seguridad pública.

Por dependencia, la Sedena es la que mayor cantidad de recursos recibirá, con 83 mil 450 millones 150 mil pesos. Y es que recibe tanto de los fondos para seguridad nacional como de seguridad pública. Igual circunstancia es la de Semar, que recibirá 29 mil 6 millones 100 mil pesos. La Policía Federal, 25 mil 443 millones 930 mil. Y la Guardia Nacional, 3 mil 842 millones 200 mil pesos.

Seguridad nacional

Este tipo de seguridad tiene como propósito formal mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Busca prevenir, disuadir, contener o neutralizar riesgos y amenazas, mediante tareas de inteligencia y contrainteligencia.

La Sedena es la secretaría de Estado que mayor cantidad de recursos ejercerá para preservar la seguridad nacional el próximo año. Contará con 57 mil 856 millones 790 mil pesos. Enseguida se encuentra la Semar, con 23 mil 854 millones 450 mil pesos. Después se encuentra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI antes llamado Cisen), con 2 mil 626 millones 860 mil pesos. Finalmente, la Presidencia de la República con apenas 66 millones 90 mil pesos.

Ni la Sedena, ni la Semar ni el CNI verán mermados sus presupuestos. La reducción de 10 por ciento que señalamos líneas arriba se debe a que ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Por ello, a la Presidencia apenas le asignaron el monto mencionado.

¿Y en qué se gastarán los recursos? El estudio, con clave SAE-ISS-21-19 y elaborado por el investigador parlamentario Reyes Tépach, identifica los principales 10 programas presupuestales:

Para la Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio nacional, 30 mil 821 millones 510 mil pesos; para Emplear el Poder Naval de la Federación para Salvaguardar la Soberanía y Seguridad Nacionales, 18 mil 50 millones 330 mil; para Actividades de Apoyo Administrativo, 7 mil 704 millones 440 mil; para Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, 7 mil 525 millones 700 mil; para Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional, 6 mil 540 millones 950 mil; para Adquisición, Construcción, Reparación y Mantenimiento de Unidades Navales, 4 mil 718 millones 860 mil; para Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Militar y Maquinaria Pesada y Administración Inmobiliaria; 2 mi 858 millones 530 mil; para Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional, 2 mil 626 millones 860 mil; para Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de Armamento, Municiones, Explosivos, Vehículos y Equipos Militares y sus Accesorios, 1 mi 389 millones 990 mil, y para Investigación, Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo Militar y Mantenimiento de Infraestructura, 802 millones 520 mil pesos.

Según el documento, las actuales amenazas a la seguridad nacional son el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Los riesgos: los conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, la migración, las pandemias y epidemias, el calentamiento global y los desequilibrios sociales, la evasión fiscal, el contrabando y el uso de recursos de procedencia ilícita. Posibles conflictos: mala gestión del agua, escasa producción de alimentos y pobre generación de empleos.

Seguridad pública

Este tipo de seguridad tiene como objetivo salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es la dependencia que mayores tendrá en esta materia. Entre otras responsabilidades, es la encargada de organizar y administrar la Guardia Nacional (3 mil 842 millones 200 mil pesos) y a la actual Policía Federal (25 mil 443 millones 930 mil pesos) en su transición a incorporarse a la propia Guardia. También, del sistema de readaptación social (reclusorios federales: 20 mil 832 millones 950 mil pesos). Tendrá recursos por 56 mil 523 millones 840 mil pesos.

Enseguida está la Sedena, con 25 mil 593 millones 360 mil pesos. Luego la Semar, con 5 mil 151 millones 650 mil. Y la Secretaría de Gobernación (Segob), con 770 millones 200 mil pesos. Se deben agregar los montos destinados a los estados y municipios para proveer seguridad pública. Se trata de recursos por 24 mil 811 millones 690 mil pesos.

De acuerdo con el estudio identificado como SAE-ISS-20-19 y elaborado también por Reyes Tépach, los 10 principales programas presupuestarios para la seguridad pública son:

Para Operación y Desarrollo de los Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas Armadas, 27 mil 73 millones 880 mil pesos; para Operativos de Prevención y Disuasión del Delito, 24 mil 995 millones 190 mil; para Administración del Sistema Federal Penitenciario, 20 mil 219 millones 180 mil; para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), 17 mil 367 millones 700 mil; para las Aportaciones Federales para la Seguridad Pública en Estados y Municipios, 7 mil 443 millones 990 mil; para actividades de Seguridad Pública de la Sedena, 3 mil 671 millones 140 mil pesos; para Actividades de Apoyo Administrativo, de 3 mil 29 millones 590 mil; para Subsidios en Materia de Seguridad Pública, 3 mil millones; para Operación de la Guardia Nacional para la Prevención, Investigación y Persecución de Delitos, 2 mil 242 millones 200 mil, y para Servicios de Custodia, Vigilancia, Seguridad de Personas, Bienes e Instalaciones, 1 mil 580 millones 590 mil pesos.

El discurso dice que ya no hay “guerra”. La realidad se impone y se refleja en el presupuesto.

Artículo publicado por Contralínea.

https://tinyurl.com/uyrmxy5

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Nacional

Identifican restos de otro normalista de Ayotzinapa

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La Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, identificó los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y cuyos restos óseos fueron localizados en noviembre del 2019 en la Barranca de la Carnicería, en Cocula, Guerrero. Con esto suman tres los estudiantes identificados hasta el día de hoy por la universidad austriaca.

Los otros son Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, de quienes la entonces Procuraduría General de la República informó que sus restos fueron localizados en una bolsa de plástico en el río San Juan, en Cocula.

Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que dicha barranca se encuentra a 800 metros de distancia del basurero de Cocula, de donde se crea la narrativa de la “verdad histórica” del caso Iguala.

Adelantó que también realizarán otro envío de restos a la Universidad de Innsbruck, seleccionados de forma consensuada entre los peritos de la fiscalía y las especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El fiscal mencionó que la Barranca de la Carnicería forma parte de las indagatorias que la PGR inició en su momento, pero con esto queda de manifiesto que no se agotaron las investigaciones, por lo que se tendrán que deslindar responsabilidades.

«El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó que, después de realizar los análisis a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014», dijo en videoconferencia.

Asimsimos explicó que se han realizado más de 20 acciones de búsqueda desde que se creó la unidad que encabeza, a partir de información de fuentes fidedignas. Explicó que del 21 al 29 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una búsqueda en Cocula en la Barranca de la Carnicería.

En dicha diligencia encabezada por peritos de la FGR se recuperaron 15 indicios, que fueron embalados en el lugar para su procesamiento en presencia de los representantes de las familias y de la misma Comisión Presidencial.

El 26 de febrero de 2020, la evidencia recuperada fue analizada en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de los servicios periciales de la FGR, en presencia de los representantes de las familias, el personal de servicios periciales y especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense.

En la diligencia se realizaron los análisis para saber si los indicios rescatados eran propensos para realizar los análisis genéticos correspondientes; se eligieron seis piezas que los equipos periciales estimaron unánimemente, que podrían ser susceptibles de ser procesados para la extracción de ADN.

“Dichas piezas fueron llevadas, en valija diplomática, por mi persona, en funciones de Fiscal Especial del Caso, al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, en Viena. Este laboratorio se especializa en el procesamiento de restos severamente dañados, del 28 de febrero al 2 de marzo del presente año.

Esta diligencia contó con el acompañamiento del EAAF, tanto en el traslado, como en la entrega de los indicios a la Universidad de Innsbruck. El Instituto de la Universidad, por su parte, informó que podría entregar los resultados en un plazo de 3 a 5 meses”, explicó.

Comentó que para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados también por el EAAF, que terminó su revisión el 4 de julio, concluyendo de forma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece al estudiante normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, “de forma indubitable, correspondiente a una extremidad inferior”.

Puntualizó que el 5 de julio de este año, viajó a Tixtla, Guerrero para informar de manera directa a la familia la identificación y explicarles cómo sucedió el hallazgo. “Quiero recalcar que hemos sido sumamente cuidadosos en la forma de informar y atemperar al máximo los efectos de la re-victimización al momento de dar este tipo de noticias”, manifestó. El fiscal mencionó que las líneas de investigación que podrían esclarecer cómo el fragmento óseo hoy identificado, fue llevado hasta el lugar del hallazgo, aún tienen que consolidarse.

“Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa. Desde octubre de 2014 y hasta enero de 2015, cuando las autoridades de la ex PGR tomaban los micrófonos, anunciaban a las familias y a la sociedad que se cerraba el caso con la manipulación de la información, la tortura de los posibles responsables, y el control de una mentira, con su historia del Basurero y el río San Juan. Con esas acciones negaban a las familias el derecho a la verdad y a la justicia, les decían dejen de buscar por que ya encontramos. Hoy les decimos ¡Esto no es así y nunca fue así!”.

Con información de Milenio https://bit.ly/2Z7Boev

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Nacional

Informará Lozoya al gobierno sobre sobornos de Odebrecht

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El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, será extraditado a nuestro país en las próximas semanas, indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que este lunes la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a nuestro país del ex colaborador del expresidente, Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo federal confió en que el traslado del ex servidor público tenga lugar antes de que finalice el presente mes.

Sobre todo porque Emilio Lozoya, recalcó, colaborará con las autoridades mexicanas para saber el paradero de al menos 200 millones de dólares otorgados en los sobornos de la empresa petrolera Odebrecht a funcionarios mexicanos el sexenio pasado, información por la cual el ex director de Pemex alcanzará beneficios al momento de ser sentenciado.

«Viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y que se le acusa, si hubo esos sobornos, quién entregó este dinero, para qué se usó este dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas (…) sí, yo creo que ya pronto va a estar acá, yo creo que va a ser pronto porque él solicitó voluntariamente la extracción», apuntó el mandatario.

Destacó que lo más importante en este caso es saber la verdad porque no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales.

López Obrador reprochó que en el pasado hasta se les aplaudía a quienes actuaban así «sin recato».

En la actualidad dijo, «el pueblo se cansa de tanta pinche transa».

Cabe recordar que Emilio Lozoya fue uno de los hombres más cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto y quien habría sido el conducto para que la petrolera Odebrecht entregara dinero para la campaña presidencial del político priista en el 2012 a cambio de obtener contratos millonarios en el sexenio pasado.

Con información de Excélsior https://bit.ly/31U8pfR

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Nacional

Sedena incauta al narcotráfico 330 aeronaves y 5 mil 722 mdp

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El pasado domingo en el estado de Quintana Roo, una avioneta utilizada para el transporte de estupefacientes aterrizó sobre el tramo carretero José María Morelos-Chunhuhub; se trata de una de las 330 aeronaves que el Ejército ha detectado y asegurado en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con MILENIO, el coronel de Fuerza Aérea Jorge Smith explicó que se trata de avionetas, en su mayoría tipo Cessna, las cuales están relacionadas con actividades criminales, principalmente trasiego de droga y armas; sin embargo, también han detectado otras que transportaron dinero y hasta personas que después son víctimas de trata.

Los aparatos que han sido asegurados implican un golpe de más de 5 mil 722 millones de pesos para el narcotráfico durante este periodo, destacó en el coronel Smith. “Hemos tenido 906 ‘alertamientos’ de aeronaves que aparentemente incumplían la normatividad.

Una vez que se aplicaron los protocolos de identificación quedaron 389 aeronaves que sí realizaban actividades ilícitas y de las cuales hemos asegurado 85 por ciento”, detalló.

Para detectar estas aeronaves, provenientes en su mayoría de Centro y Sudamérica, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utiliza el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), que opera desde el año 2004 y que fue creado para combatir el narcotráfico por vía aérea.

“El principal objetivo del sistema es la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional. Básicamente es información de radar, para nosotros esa es la más importante porque nos permite ubicar las aeronaves que sean sospechosas o ilícitas”, explicó el coronel, integrante del Centro de Mando del SIVA.

De acuerdo con este sistema de inteligencia del Ejército, la principal ruta utilizada por el crimen organizado para ingresar al país es el sureste del territorio nacional, en estados como Quintana Roo, Campeche y Chiapas, adonde buscan ingresar mayormente cocaína, aunque también se han registrado casos de mariguana.

Para este seguimiento de aeronaves que realizan actividades ilegales, el Ejército utiliza el avión EMB 145 MP, que fue fabricado exclusivamente para estas operaciones militares.

En cuanto a los vuelos “domésticos” o que solo siguen una trayectoria en territorio nacional, la principal ruta es desde el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico en Sinaloa, Durango y Chihuahua, y que va hasta la frontera en el noroeste del país.

En palabras del militar, la droga que no ingresa “también evita o disminuye la violencia que ejerce la delincuencia organizada”, subrayó.

En cifras

906 Alertamientos son los que se han recibido sobre aeronaves que aparentemente incumplían la normatividad

2004 Año en que comenzó la operación de este esquema, único en su tipo en la lucha contra las organizaciones criminales por la vía aérea.

85 Por ciento de 389 aeronaves identificadas que sí realizaban actividades ilícitas han sido decomisadas por la Secretaría de Defensa

Con información de Milenio https://bit.ly/3f8wH9Y

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