Gobierno de México demanda en Estados Unidos a fabricantes de armas.
El gobierno mexicano emplazó una demanda en una corte federal de Estados Unidos en contra de fabricantes de armas acusándoles de prácticas negligentes las cuales han generado tráfico ilegal de armamento que ha desencadenado miles de muertes en México.
Según la agencia Reuters, México pide 2 billones de dólares por estos agravios.
El día de hoy se llevó a cabo la presentación de acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y que contó con la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila; del diputado Ignacio Mier Velazco; del consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; del fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y de la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.
En la presentación, los miembros del panel conversaron sobre las acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México. Organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México.
Por lo anterior, resulta indispensable para el Gobierno federal iniciar una acción legal factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en nuestro país.
El Gobierno de México es respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países. En ese sentido, la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.
En el marco de estas acciones, el canciller Ebrard señaló que el día de hoy se presentó una demanda civil de daños “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Indicó que el monto de esta exigencia será determinado en el juicio.
El secretario enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”. Añadió como esencial que también incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.
El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.
Durante su intervención, el senador Ricardo Monreal insistió en el hecho de que “muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas a nuestro país”. Recordó que hace unas semanas el Congreso presentó un punto de acuerdo sobre el uso de armas, aprobado por unanimidad, “en el que se solicitó la acción de la Cancillería contra este mal, pues es al que se atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales, que cometen no solo tráfico de drogas, sino también secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos.
De igual manera, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, dejó claro que esta demanda no es en contra del Gobierno de los Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones”, sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder a nuestro país.
Por su parte, la académica María De Haas subrayó que el tráfico de armas “es el antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región”, pues la violencia que genera el aumento de poder de fuego de los delincuentes genera movimientos migratorios en Centroamérica; a su vez, el poder armamentista es usado para proteger mercancía ilícita, como los precursores químicos y opioides sintéticos, dentro de los cuales el fentanilo es el de más gravedad. En este sentido, aseguró que “el tráfico de armas debe ser visto como el catalizador de amenazas más preocupante de este siglo”.
Finalmente, Steve Shadowen, de la firma Hilliard & Shadowen, hizo hincapié en que este es un litigio estratégico para dar cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes están comprando las armas y en dónde”.
La demanda del Gobierno de México en contra del comercio negligente de armas en Estados Unidos y de su tráfico a México es una iniciativa basada en la confianza en las instituciones de ambas naciones. El propósito es combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas, y que se suma a los distintos esfuerzos que realiza nuestro país para combatir al tráfico ilícito de armas.
Con esta acción sin precedentes en la historia de nuestra política exterior, el Gobierno de México hace frente a los retos y complejidades que plantea el siglo XXI, reforzando la consideración de todas las opciones y oportunidades que le otorga su pertenencia al sistema internacional.
Por otra parte, este miércoles, la Asociación Comercial de la Industria de Armas de Fuego de Estados Unidos respondió a la demanda presentada por México ante una corte de Boston contra 11 empresas fabricantes de esos artículos.
La demanda contra los fabricantes de armas norteamericanos fue por “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Fue a través de un comunicado, donde la NSSF (por sus siglas en inglés) rechazó los alegatos del gobierno mexicano acerca de que los fabricantes de armas de fuego de la Unión Americana participaron las prácticas de negocio negligentes.
“Todas las armas de fuego que se venden al por menor dentro de los Estados Unidos se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados. Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas”, reza la nota informativa.
Ante esta situación, Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es responsable de la violencia y corrupción que existe dentro de México, por lo que afirmó que las acusaciones del canciller Marcelo Ebrard son falsas.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.”, dijo Keane.
Además, el vicepresidente de la NSSF señaló que en lugar de buscar un chivo expiatorio, la administración de López Obrador debería concentrarse en acabar con los cárteles de la droga, que son los generadores de violencia en México.
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia. El gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, agregó la NSSF.
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Con información de La Otra Opinión https://laotraopinion.com.mx/fabricantes-de-armas-tras-demanda-mexico-busca-chivo-expiatorio/