Desde 2011 el Ministerio Público Federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvieron conocimiento que en los juzgados federales con sede en Toluca, Estado de México, existían redes de corrupción que beneficiaron a integrantes de grupos de la delincuencia organizada, que ello afectó la realización de operativos y detenciones de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, además formar un grupo de funcionarios judiciales que servían de mensajeros entre internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, sus abogados y familiares.
Desde ese año se han iniciado al menos cuatro indagatorias, dos de ellas de carácter interno en el CJF y las otras desde el ámbito ministerial por parte de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), y entre ellos destacan las actividades realizadas por personal del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con sede en la capital mexiquense, el mismo órgano en el cual se descubrió ayer un pago millonario a cambio de que se otorgara auto de libertad a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, con respecto a la acusación que se formuló en su contra por la comisión de delincuencia organizada.
En el primer caso, iniciado desde 2011, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó que el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Toluca, Estado de México, filtró información a abogados defensores de dos empleados del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la presunta comisión del delito de revelación de secretos en favor de grupos criminales.
En diciembre de 2011 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó una red de corrupción que involucraba a servidores públicos de distintas esferas gubernamentales, debido a que fueron afectados varios operativos en el norte del país, que tenían como objetivo la captura de líderes los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.
En noviembre de 2017, el CJF dio a conocer que al menos 10 actuarios, secretarios y hasta choferes de todos los juzgados en materia penal con sede en Toluca, formaron una red de mensajeros que sirvieron a integrantes del crimen organizado presos en el Cefereso número 1, y se puso al descubierto que investigaciones de tipo administrativo y como consecuencia de las denuncias presentadas por el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado meses después de haber revelado acciones irregulares de funcionarios adscritos a su juzgado.
En 2019, el CJF suspendió por seis meses a la magistrada federal Olga María Josefina Ojeda Arellano, quien estaba al frente del sexto tribunal unitario, con sede en Toluca, por “cambiar las funciones de personal adscrito a su cargo sin justificación alguna, uso indebido del vehículo oficial, así como coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos y encubrir las acciones anteriores”.
En octubre de 2019 el organismo del Poder Judicial de la Federación (PJF) señaló que “el compromiso del pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es claro en materia de abusos de poder: cero tolerancia, y refirió: “el deber de los órganos jurisdiccionales, y todas las y los trabajadores que laboran en ellos es el de impartir justicia con ética, profesionalismo y autonomía”.
Ese mismo mes y año, y con anterioridad a la sanción de la magistrada, el CJF dio a conocer la sanción impuesta a Jorge Arturo Camero Ocampo, por presentar inconsistencias financieras que superaban los 100 millones de pesos.
Con información de La Jornada https://bit.ly/2YW4y03
