El desfalco a las arcas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz (DIF) fue por casi 113 millones de pesos; los abogados defensores consideran que se enfrentan a un “caso sólido” de la Fiscalía General (FGE), pero aseguran que sus clientes son inocentes.
Arturo Nicolás Baltazar, abogado defensor de Emilia Yasbe, en entrevista previa a la audiencia de vinculación a proceso, celebrada en la sala de juicios orales del reclusorio regional de Pacho Viejo, Coatepec, señaló que su cliente no participó en la presunción del delito de fraude específico en agravio del DIF Veracruz, el cual se realizó con al menos una treintena de empresas fantasma.
Por este delito están involucrados una decena de personas, entre ex trabajadores del DIF de Veracruz, como “empresarios” y “accionistas”.
Los detenidos son: Julián Alberto Rubín Sandoval, ex director de Atención Vulnerable; Víctor Manuel Carrizo Yobal, ex subdirector de Recursos Materiales; Emilia Yasbe Azamae Hernández, ex subdirectora de Recursos Financieros; Claudia Moreno Pérez, Teodosio Montalvo Uscanga; César Álvarez Alegría, Francisco Fernández Sánchez; Luciano Sánchez Díaz, Raúl Antonio Chirino Escobar y Pedro Francisco Corona Montes.
Ellos están acusados de fraude específico, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición.
De acuerdo con el proceso penal 116/2020, la Fiscalía General de Veracruz los acusa del desfalco de casi 113 millones de pesos, motivados por la compra simulada de mochilas, zapatos y despensas a través de empresas fantasmas durante el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa.
En el presunto fraude también están involucrados Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero en la administración duartista y Astrid Elías Mansur, ex directora general del DIF Veracruz, así como Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte.
En ese sentido, los fiscales que llevan el caso acusaron a Víctor Manuel, quien al momento de su arresto fungía como secretario del ayuntamiento de Xico, Julián Alberto y Emilia Yasbe, como presuntos autores intelectuales del desfalco financiero.
Esto según el señalamiento de quién se identificó como Jaime Marín.
Gerson Villegas Contreras, abogado defensor de Julián Alberto, consideró que la prisión preventiva no era necesaria, ya que no había riesgo de fuga de su representado.
Arturo Nicolás Baltazar, litigante defensor de Emilia Yasbe, consideró que en la carpeta de investigación no vienen datos fabricados, o que presenten testigos fantasmas, “tenemos un caso sólido frente a nosotros y tenemos que ser más respetuosos de la legalidad. En el caso de mi representada no estamos analizando el tema de si se cometió el desfalco al DIF, sino que hemos presentado elementos de prueba suficientes para establecer que ella no tuvo ninguna participación en este hecho”.
En ese sentido, exhortó a las autoridades a realizar un trabajo apegado a la legalidad, “y vamos a pedir al juez que analice con todo cuidado quiénes participaron en este hecho delictivo y quiénes no tienen la más mínima participación, como es el caso de mi representada”.
Puntualizó que existe un reglamento al interior del DIF de Veracruz, que establece cuáles eran las funciones y atribuciones de cada uno de los servidores públicos.
“Hay declaraciones de testigos que señalan qué hacía cada quién y en el caso de mi representada no hay ningún testimonio que la incrimine, en el reglamento interior vienen establecidas cuáles eran sus atribuciones y dentro de ellas no encuadra ningún delito que se le está imputando”.
Aseguró que “es la primera vez que veo que tienen un caso sólido, considero que en ese sentido van a seguir y van a respetar el derecho de mi representada, su presunción de inocencia y se habrá de apegar a la legalidad”, insistió.
Cabe destacar que la audiencia de vinculación a proceso fue celebrada por el juez Gregorio Noriega Velasco, que hasta el cierre de edición continuaba la diligencia.
Con información de La Jornada Veracruz.
