La Nochebuena del año pasado en México estuvo marcada por la tragedia. La Gobernadora del céntrico estado de Puebla, Martha Érika Alonso, murió en la tarde del 24 de diciembre junto a su esposo al estrellarse su helicóptero en un accidente del que todavía se desconocen las causas.
La muerte de la Gobernadora, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), ocurrió tan solo 10 días después de haber asumido el cargo en medio de una dura confrontación política con el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, se desataron rápidamente especulaciones sobre la eventual responsabilidad del Gobierno federal en el accidente, misma institución que ha liderado las investigaciones durante estos 12 meses sin un resultado claro.
“El Gobierno ha tratado de dar información periódica para dar respuesta a la presión política y ganar tiempo hasta el primer trimestre de 2020, cuando se esperan las conclusiones definitivas”, explicó a EFE Maribel Flores, profesora de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en el campus de Puebla.
A finales de octubre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno federal publicó un informe sobre la cronología del accidente y los daños de la aeronave, que se estrelló e incendió cuatro minutos después de despegar desde un domicilio particular con destino a la capital mexicana.
Pero no incluye todavía las causas del accidente ni integra las investigaciones de la Fiscalía ni de los expertos extranjeros de Canadá e Italia sobre el siniestro en el que fallecieron las cinco personas que iban a bordo del helicóptero.
Tampoco se revelaron las necropsias de Martha Érika Alonso ni de su marido, el Senador y ex Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, así como del asistente del legislador y de los dos pilotos, también fallecidos.
“No se dan conclusiones porque no hay hipótesis claras y no se quiere especular. La investigación es lenta pero se busca que sea sólida para aclarar si fue un accidente o no”, añadió Flores.
El trágico accidente tuvo lugar en medio de una grave crisis política en Puebla. Alonso había asumido el Gobierno estatal más tarde de lo previsto, el 14 de diciembre de 2018, luego de que el candidato de Morena, Miguel Barbosa, hubiese impugnado el resultado de las elecciones del 1 de julio de ese año.
“Hay que tener en cuenta que el accidente sucedió justo después de un proceso electoral muy complejo que se judicializó. Había condiciones poco favorables al consenso y una polarización considerable”, relató la politóloga.
En medio de este tenso ambiente, se conoció la noticia de la muerte de la Gobernadora y en redes sociales se popularizó la etiqueta #AMLOasesino (acrónimo de Andrés Manuel López Obrador), la cual fue contrastada por el Gobierno federal mediante la etiqueta #ConLaTragediaNo.
“Nosotros no somos represores. Luchamos por un cambio por la vía pacífica y vamos a los lograr este cambio por el camino de la concordia. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie”, dijo en su defensa López Obrador en la conferencia matutina del 26 de diciembre de 2018.
La profesora del Tecnológico de Monterrey opinó que los señalamientos contra el Gobierno de López Obrador y Morena son “especulaciones” y recordó que en México han muerto diversos políticos por siniestros aéreos que se demostraron que fueron accidentes.
Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, ambos secretarios de Gobernación del Presidente Felipe Calderón (2006-2012), perecieron en 2008 y 2011 respectivamente al estrellarse sus aeronaves.
Lo que está claro es que el fatal accidente alteró por completo el rumbo político de este estado cercano a la capital mexicana, ya que en las elecciones extraordinarias celebradas el 1 de junio de 2019 se alzó como ganador Miguel Barbosa, el gran rival político de Alonso y actual Gobernador de Puebla.
Con información de Vanguardia.
