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Condenan la persistencia de la tortura en México; entre 2014 y 2018 se presentaron 24 mil denuncias

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Defensores de derechos humanos condenaron la persistencia de la tortura en México y la impunidad en la que permanece ese delito, por el que entre 2014 y 2018 se presentaron 24 mil denuncias en todo el país, con sólo dos sentencias condenatorias hasta ahora.

Durante la presentación del Observatorio contra la Tortura, Jan Jarab, representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), apuntó que, a dos años de su entrada en vigor, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles enfrenta “obstáculos para su implementación, de ahí que persisten grandes desafíos para abordar una ley de esa naturaleza”.

arab lamentó que a la fecha no haya “una institución abocada a la tarea de coordinar la implementación de la Ley General”, y por eso, dijo, la ONU-DH respaldó a las organizaciones civiles que decidieron emprender la tarea de crear un Observatorio contra la Tortura, para dar seguimiento a la aplicación de la legislación.

Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que el mecanismo de supervisión diseñado por las organizaciones sociales contempla la supervisión de 10 rubros, cuya información fue construida a partir de solicitudes de información.

Resaltó que una prueba irrefutable de que la tortura sigue siendo un problema actual es que este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 84 quejas por tortura y 199 por tratos crueles inhumanos y degradantes.

Ángel Salvador, de Documenta, describió la plataforma, “que tiene el objetivo de que las autoridades cumplan” con la implementación de la Ley General.

Entre los hallazgos encontrados, Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, enlistó que entre 2014 y 2018 fueron presentadas, en el ámbito federal, 9 mil 998 denuncias, mientras que en las fiscalías y procuradurías de los estados se presentaron 14 mil.

Luego de destacar que pese a las denuncias impera la impunidad, la abogada destacó que en 2018 se presentaron 3 mil 600 querellas, de las cuales sólo dos fueron consignadas.

En cuanto a sentencias, informó que mientras a nivel estatal no existen perpetradores de tortura sancionados, a nivel federal, en los cinco años de análisis de la plataforma, se han emitido únicamente cinco sentencias.

De acuerdo con Brewer, en 2018 se emitieron 17 sentencias del ámbito federal, de las cuales sólo dos fueron en sentido condenatorio.

La defensora recordó que la Ley General instruye a crear fiscalías o unidades especiales para investigar las denuncias por tortura, sin embargo, en los primeros meses de este año no se habían creado en 11 estados del país, además de que “hay una preocupación porque en materia de peritos médicos y psicólogos, en la tercera parte de los estados no hay personal para realizar los peritajes”.

En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que más allá de la falta de capacidad para procesar los peritajes especializados, “no hay garantía de independencia de los peritos”.

Natalia Pérez, de Fundar Centro de Investigación y Análisis, expresó que, pese a los discursos a favor de los derechos humanos, lo cierto es que el presupuesto destinado para la Fiscalía Especializada en la FGR contará con 750 mil pesos en 2020, de acuerdo con la Ley de Egresos, “que representa menos del 1% del presupuesto destinado para la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), en tanto que a la Guardia Nacional se le destinó 3.8 mil millones de pesos”.

En materia de reparación del daño, las organizaciones sólo pudieron documentar información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el ámbito federal, debido a que a nivel local sólo existe esa figura en 22 estados, y no todos cuentan con recursos para atender a las víctimas.

La defensora destacó que, si bien a nivel federal hay 10 mil denuncias, de 2014 a 2018, sólo 217 víctimas han tenido acceso a los fondos de ayuda y únicamente 100 han alcanzado medidas de reparación.

En cuanto a las quejas y recomendaciones en el sistema ombudsman, dijo que a partir de 2017 se detectó un incremento de quejas, de manera que en 2018 las comisiones Nacional y locales de Derechos Humanos registraron 4 mil 759 querellas por tortura y malos tratos, cifra mayor a las 4 mil 215 contabilizadas en 2015.

Tras destacar que la plataforma también analiza el nivel de transparencia y rendición de cuentas de las fiscalías, poderes judiciales y comisiones de Derechos Humanos, Natalia Pérez resaltó que los datos obtenidos demuestran que en México la tortura continúa siendo “generalizada y sistemática”, como lo describió el relator sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, en 2014.

Un ejemplo de la inconsistencia entre las denuncias y las investigaciones abiertas por tortura ocurre en Jalisco, apuntó Denise Montiel, del Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo (Cepad).

De acuerdo con la información correspondiente a esa entidad, entre 2014 y 2018 se abrieron 57 carpetas de investigación por tortura en la Fiscalía de Justicia estatal, en tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró 547 quejas en el mismo periodo.

Al destacar que del análisis de la información recabada se puede observar una tendencia de “ocultar las cifras y con ello la magnitud del delito”, Montiel recordó que contar con datos precisos de la problemática “es uno de los primeros pasos para erradicar la tortura”.

Insistió que, ante la realidad lacerante, el objetivo primordial del Observatorio contra la Tortura es precisamente “recopilar datos para visibilizar el problema y hacer un llamado a las autoridades del país para que implementen la Ley General y den acceso a la justicia y la reparación integral del daño”.

Con información de Proceso.

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Nacional

Ningún punto del T-MEC se opone a intereses del país: Seade

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El subsecretario para América del Norte de la cancillería, Jesús Seade Kuri, reiteró ante senadores que no hay un solo punto del Protocolo de Enmiendas del Acuerdo de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se contraponga a los intereses de México, y aclaró que uno de los logros fue eliminar la intención del gobierno estadunidense de imponer una verificación arbitraria en materia laboral.

Ante los cuestionamientos de legisladores de oposición, dijo que este es el momento político para México, ya que de no ratificarse ahora, se corre el riesgo de que se vaya como mínimo al 2020 o se venga abajo, en cuyo caso el presidente estadunidense, Donald Trump, en una expresión de suma ira, se lanzaría en contra del actual tratado y los demócratas, molestos porque no aceptamos sus presiones, probablemente lo acompañarían.

Entonces, sí se puede poner feo, color negro, nuestro futuro, insistió Seade Kuri.

El funcionario, principal negociador de las modificaciones al T-MEC, se reunió anoche con los integrantes de las comisiones dictaminadoras de ese protocolo, al mismo tiempo en que la cancillería hizo llegar el documento con las enmiendas pactadas, que la oposición había demandado durante todo el día.

Seade Kuri explicó los cambios pactados con Estados Unidos, pero la discusión se centró en el tema laboral, que es lo que más preocupa a los legisladores de PRI y PAN. El funcionario explicó que fue una negociación dura, pero se logró que en lugar de la supervisión por parte de autoridades extranjeras, que significaba perder soberanía, se establezcan paneles bilaterales de discusión de controversias, en los que, de forma civilizada y bilateral se resuelvan los diferendos sobre violencia sindical.

Fueron meses de discusión sobre esa amenaza gigantesca, que incluía abrir el tratado para sacarnos las muelas sin anestesia, pero al final se acordaron cambios que no lesionan al país, entre ellos algo que no se había logrado en 26 años, que es la posibilidad de que se abran paneles de supervisión de controversias en cuanto alguno de los tres países lo solicite.

Es una demanda en la que México insistió en esas casi tres décadas y que se consiguió. El empecinamiento de los demócratas por el tema de la supervisión, devino, dijo, en que México pueda pedir también que se abra un panel para resolver quejas sobre maltrato a trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Durante la reunión intervino el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, quien resaltó la importancia de esos paneles y la necesidad de que en México se solucionen de inmediato quejas sobre problemas de libertad sindical, de manera específica sobre elección de dirigencias gremiales y de votación de contratos colectivos y de cambios al mismo.

Ello motivó el enojo del senador priísta Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien reclamó que se hubiera dado la palabra primero al líder minero y al subsecretario Seade Kuri, que siendo su organización la más grande de América Latina, no se le haya consultado para los cambios en materia laboral, los que permitirán, dijo, que los sindicatos de Estados Unidos nos den palo.

Con información de La Jornada.

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Beltrones busca amparo por caso César Duarte, revela AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este jueves que ya tenía conocimiento que el priista Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo por las investigaciones que se realizan al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y por la triangulación de recursos públicos hacia campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es la solicitud de un amparo, que desde luego él tiene derecho a solicitar, y a que se le otorgue, si es el caso, por parte de la autoridad por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra (César) Duarte”, dijo durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De acuerdo con algunos medios nacionales, el exdirigente priista es señalado por haber participado en el desvío de 250 millones de pesos que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto a Chihuahua y que luego fueron dados al PRI para fondear los procesos electorales de 2016.

Al respecto, el mandatario federal dijo que se llevan a cabo indagatorias y que Beltrones Rivera está en su derecho de tramitar cualquier recurso legal que sustente su defensa.

Al ser cuestionado sobre si esta investigación contra el exgobernador de Sonora tiene un tinte político, reviró que “todo es político, todo es político, el que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice”.

Manlio Fabio Beltrones habría solicitado el amparo en julio, luego de revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera, investigaba al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito.

Con información de Noticieros Televisa.

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Condonación de impuestos a empresas y bancos, gran fuga de miles de millones de pesos: AMLO

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“Cada vez va a funcionar mejor la recaudación de impuestos porque ya no hay corrupción. Además, se ha prohibido legamente la condonación de impuestos para grandes contribuyentes, porque ésa era la gran fuga. Es increíble cómo se les condonaban los impuestos a las grandes empresa y a los bancos: estamos hablando de miles de millones de pesos”, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al referirse a la discusión legislativa respecto de la prohibición de las condonaciones, el mandatario advirtió que “hubo un cambio en el Senado a la iniciativa que mandamos para avalar casos de excepción; manifestamos nuestra inconformidad ante la Cámara de Diputados y ya le quitaron eso, porque si no se iban a ir por ahí [para obtener beneficios fiscales]”.

López Obrador criticó que eso era precisamente lo que ocurría en gobierno pasados: “como en el caso de las emergencias y desastres, que se utilizaba esta figura para sacar dinero aunque no había desastres”. Y agregó: “era excesivo lo que se gastaba”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria y en Aduanas “vamos a seguir limpiando, avanzando y que se tengan los servidores públicos indispensables. Cuando hay honestidad no se requieren tantos fiscales: se había llegado al extremo de por cada servidor público se tenía un supervisor y ambos eran corruptos”.

Con información de Contralínea.

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