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Defensores de derechos humanos condenaron la persistencia de la tortura en México y la impunidad en la que permanece ese delito, por el que entre 2014 y 2018 se presentaron 24 mil denuncias en todo el país, con sólo dos sentencias condenatorias hasta ahora.

Durante la presentación del Observatorio contra la Tortura, Jan Jarab, representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), apuntó que, a dos años de su entrada en vigor, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles enfrenta “obstáculos para su implementación, de ahí que persisten grandes desafíos para abordar una ley de esa naturaleza”.

arab lamentó que a la fecha no haya “una institución abocada a la tarea de coordinar la implementación de la Ley General”, y por eso, dijo, la ONU-DH respaldó a las organizaciones civiles que decidieron emprender la tarea de crear un Observatorio contra la Tortura, para dar seguimiento a la aplicación de la legislación.

Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que el mecanismo de supervisión diseñado por las organizaciones sociales contempla la supervisión de 10 rubros, cuya información fue construida a partir de solicitudes de información.

Resaltó que una prueba irrefutable de que la tortura sigue siendo un problema actual es que este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 84 quejas por tortura y 199 por tratos crueles inhumanos y degradantes.

Ángel Salvador, de Documenta, describió la plataforma, “que tiene el objetivo de que las autoridades cumplan” con la implementación de la Ley General.

Entre los hallazgos encontrados, Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, enlistó que entre 2014 y 2018 fueron presentadas, en el ámbito federal, 9 mil 998 denuncias, mientras que en las fiscalías y procuradurías de los estados se presentaron 14 mil.

Luego de destacar que pese a las denuncias impera la impunidad, la abogada destacó que en 2018 se presentaron 3 mil 600 querellas, de las cuales sólo dos fueron consignadas.

En cuanto a sentencias, informó que mientras a nivel estatal no existen perpetradores de tortura sancionados, a nivel federal, en los cinco años de análisis de la plataforma, se han emitido únicamente cinco sentencias.

De acuerdo con Brewer, en 2018 se emitieron 17 sentencias del ámbito federal, de las cuales sólo dos fueron en sentido condenatorio.

La defensora recordó que la Ley General instruye a crear fiscalías o unidades especiales para investigar las denuncias por tortura, sin embargo, en los primeros meses de este año no se habían creado en 11 estados del país, además de que “hay una preocupación porque en materia de peritos médicos y psicólogos, en la tercera parte de los estados no hay personal para realizar los peritajes”.

En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que más allá de la falta de capacidad para procesar los peritajes especializados, “no hay garantía de independencia de los peritos”.

Natalia Pérez, de Fundar Centro de Investigación y Análisis, expresó que, pese a los discursos a favor de los derechos humanos, lo cierto es que el presupuesto destinado para la Fiscalía Especializada en la FGR contará con 750 mil pesos en 2020, de acuerdo con la Ley de Egresos, “que representa menos del 1% del presupuesto destinado para la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), en tanto que a la Guardia Nacional se le destinó 3.8 mil millones de pesos”.

En materia de reparación del daño, las organizaciones sólo pudieron documentar información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el ámbito federal, debido a que a nivel local sólo existe esa figura en 22 estados, y no todos cuentan con recursos para atender a las víctimas.

La defensora destacó que, si bien a nivel federal hay 10 mil denuncias, de 2014 a 2018, sólo 217 víctimas han tenido acceso a los fondos de ayuda y únicamente 100 han alcanzado medidas de reparación.

En cuanto a las quejas y recomendaciones en el sistema ombudsman, dijo que a partir de 2017 se detectó un incremento de quejas, de manera que en 2018 las comisiones Nacional y locales de Derechos Humanos registraron 4 mil 759 querellas por tortura y malos tratos, cifra mayor a las 4 mil 215 contabilizadas en 2015.

Tras destacar que la plataforma también analiza el nivel de transparencia y rendición de cuentas de las fiscalías, poderes judiciales y comisiones de Derechos Humanos, Natalia Pérez resaltó que los datos obtenidos demuestran que en México la tortura continúa siendo “generalizada y sistemática”, como lo describió el relator sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, en 2014.

Un ejemplo de la inconsistencia entre las denuncias y las investigaciones abiertas por tortura ocurre en Jalisco, apuntó Denise Montiel, del Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo (Cepad).

De acuerdo con la información correspondiente a esa entidad, entre 2014 y 2018 se abrieron 57 carpetas de investigación por tortura en la Fiscalía de Justicia estatal, en tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró 547 quejas en el mismo periodo.

Al destacar que del análisis de la información recabada se puede observar una tendencia de “ocultar las cifras y con ello la magnitud del delito”, Montiel recordó que contar con datos precisos de la problemática “es uno de los primeros pasos para erradicar la tortura”.

Insistió que, ante la realidad lacerante, el objetivo primordial del Observatorio contra la Tortura es precisamente “recopilar datos para visibilizar el problema y hacer un llamado a las autoridades del país para que implementen la Ley General y den acceso a la justicia y la reparación integral del daño”.

Con información de Proceso.

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Nacional

Sánchez Cordero llama a estados a usar semáforo federal para reapertura

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Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió de manera virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para dar continuidad a las acciones y establecer protocolos con miras a la reactivación de actividades tras la fase crítica de covid-19. Aseguró que si los gobiernos se guían por sus propios semáforos habrá una «descoordinación».

Durante el encuentro, Sánchez Cordero informó a los gobernadores sobre la importancia de que el Instituto Nacional del Federalismo (Inafed) de la Segob conozca la actualización de los semáforos para la reactivación debido a que está en un contacto permanente con los municipios, “a través de gobernadores y entidades federativas puede ser una herramienta o institución útil para poder coordinarnos a nivel municipal y conocer los distintos municipios de las entidades y apoyar la reapertura”.

Recordó que se ha escuchado y dando respuesta a médicos, enfermeras y del sector salud a través de un diálogo permanente, “la Secretaría de Gobernación tiene las puertas abiertas para que cualquier tema de inconformidad, que si los insumos, o cualquier otro tema del sector salud esté la Secretaría de Gobernación dialogando permanente entre los gobiernos del estados, funcionarios federales estatales y ya lo hemos estado haciendo y hemos participando en este diálogo permanente tratándose del Insabi, del IMSS, Secretaría de Salud”.

Además, dio a conocer que ya se instaló el Consejo de Premiación de condecoraciones ‘Miguel Hidalgo y Costilla’ y se dieron 250 millones de pesos para distribuirse en el sector salud que han apoyado en actividades “heroicas” del covid, y “queremos que todos los médicos participen jugándose tanto la vida como su salud”.

También participaron los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis escribió que en representación de la Conago se establecieron protocolos con miras a la reactivación de actividades. Añadió que en su entidad “nuestra prioridad es garantizar la salud de la población. Trabajamos por una reactiviación ordenada y segura de las actividades”.

Con información de Milenio.

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Nacional

Mayoría de insumos contra Covid-19 han sido adquiridos en el país: Ebrard

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La mayor parte de los insumos y materiales médicos para hacer frente a la pandemia de Covid-19 se han adquirido en el país y lo que se ha traído del exterior es complementario, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Momentos antes el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que si en territorio nacional no hay lo que se necesita para hacer frente a la emergencia sanitaria, se tiene que ir a buscar a otros países.

En ese sentido, Ebrard comentó que en el caso de los cubrebocas, la mayoría de lo adquirido ha sido de fabricación nacional, después de Estados Unidos y hay producción adicional en el país, a través de una colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno de Ciudad de México y empresas ubicadas en esta capital, por medio de la cual ya están produciendo cubrebocas N95, con estándares superiores a los que aplican en Estados Unidos.

Respecto a los ventiladores, indicó que hay al menos seis prototipos desarrollados en México, los cuales están en las últimas etapas de su desarrollo, lo que contribuirá a no requerir de estos equipos fabricados en el extranjero.

Además, resaltó que nuestro país es el único de América Latina que participa en protocolos de investigación internacional para el desarrollo de medicamentos y vacunas contra Covid-19.

Con información de La Jornada.

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Nacional

Define gobierno «acciones urgentes» contra violencia de género durante confinamiento

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno federal empezó a definir “acciones urgentes” para atender la violencia contra las mujeres durante la etapa de confinamiento por la crisis sanitaria.

En el foro virtual Legislando por la igualdad, convocado por la Cámara de Diputados, la funcionaria informó que entre los hallazgos más relevantes de las reuniones matutinas de gobierno fue la falta de coordinación entre las dependencias para atender la violencia de género.

Ante ello, abundó, “estamos en la reorganización, restructuración, homologación inter secretarial para otorgar el servicio coordinadamente a las mujeres y darles una respuesta real a las que viven violencia”.

También mencionó la capacitación a todas las telefonistas del 911 para que puedan canalizar a las mujeres que llaman solicitando auxilio a las instituciones que ofrecen atención a las que sufren violencia.

Organizaciones de mujeres y legisladoras han denunciado que en la etapa de confinamiento se han disparado las agresiones contra mujeres y los feminicidios.

Tan solo en abril, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril se denunciaron 267 delitos de homicidio doloso contra mujeres, cifra que se considera como el máximo histórico desde 2015.

Al inicio del foro, Olga Sánchez Cordero lamentó que en códigos civiles, penales y familiares en los estados existen resabios de género, que impiden el ejercicio a plenitud de las mujeres y persiste discriminación.

«No hemos terminado formalmente con la desigualdad y el objetivo es tener una igualdad sustancial, sustantiva entre hombres y mujeres sin que medie violencia de ningún tipo, sicológica, económica, financiera, política, física», expresó.

Con información de La Jornada.

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