Con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones, el Senado de la República avaló la Ley de Austeridad Republicana que pone límites al gasto público y permite que esos ahorros sean destinados “a proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo” o al destino que “por decreto” el presidente determine.
A las 6:41 de la mañana el pleno del Senado aprobó en lo general y particular la ley que materializa una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador ya que prohíbe que los funcionarios públicos tengan seguros de gastos médicos y de vida, además de percepciones extraordinarias y elimina las pensiones a los expresidentes salvo las del ISSSTE.
Sin embargo, senadores de Oposición criticaron que el artículo 61 permita al presidente repartir los ahorros que se generen “por decreto”, lo que consideraron regresa al país a la era de “la partida secreta”.
“Aprobando este artículo 61 es autorizar la partida secreta para la Presidencia de la República en este país, algo que precisamente hace varias legislaturas a nivel federal se cuestionó y se eliminó y hoy la traemos de nuevo, la actualizamos y se la damos al presidente para que haga con esos recursos lo que le plazca a través de un decreto, y luego, si bien nos va, nos daría cuentas”, señaló el senador panista Julen Rementería.
El dictamen aprobado durante la madrugada regresará a la Cámara de origen, la de diputados, luego de que el Senado aprobó modificaciones, entre ellas una reserva que presentó el senador de Morena, Félix Salgado, para aumentar de cinco, como venía en la propuesta original, a 10 años el periodo que tiene que transcurrir para que los servidores públicos puedan ocupar puestos en empresas relacionadas con su cargo.
“Los servidores públicos que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, se estableció en el artículo 24.
Dictamen será impugnado ante la SCJN
En medio de aplausos y celebraciones de los morenistas en el salón de plenos, senadores de oposición señalaron que interpondrá acciones de institucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del dictamen.
“Artículo 24, yo creo que aquí ya es unánime, que el artículo quinto constitucional nos prohíbe poner un candado a los servidores públicos sin importar su rango, porque no todos van a caer en conflicto de interés. Lo decía perfectamente el senador (Carlos Ramírez) Marín: cualquier servidor público que sea de mediano o bajo rango, no va a tener información privilegiada, no comparemos al secretario de Hacienda que reguló bancos y ese sí no debe trabajar en Banorte, con cualquiera de los empleados de este Senado que no tiene ninguna información privilegiada”, criticó el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano.
La ley de austeridad republicana prohíbe el nepotismo hasta el cuarto grado de parentesco, restringe el uso de escoltas o elementos de seguridad para funcionarios públicos, limita el uso de bienes inmuebles propiedad del Estado y prohíbe las delegaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional.
“Se incorpora la austeridad como eje conductor de la administración y eje estratégico del gasto público a fin de que esta sea de observancia y aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y órganos de los poderes de la unión y demás entes públicos federales”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta de Morena, al presentar el dictamen.
Con información de Proceso.