La reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa quedó aprobada en la Cámara de Diputados, en medio de tensiones entre Morena, el partido mayoritario —fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, y las bancadas de oposición.
El aval se dio por 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones, en un procedimiento en el que al mismo tiempo se votó en lo general y en lo particular. El documento y pasó a los congresos estatales para su análisis.
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución para incluir los delitos de corrupción, electorales y fiscales, así como el robo de combustibles, dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, lo que significa que los posibles responsables de esos hechos quedarían detenidos preventivamente luego de ser arrestados.
A propuesta del diputado morenista Rubén Terán, se avaló una reserva para también añadir el abuso y la violencia sexual, el feminicidio, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga, los delitos en materia de desaparición forzada y el abuso de autoridades.
Con esto, el texto quedó en los términos de la minuta que había enviado el Senado. Al no recibir modificaciones, San Lázaro permitió que la reforma pasara a los congresos de los estados, y ahora, para poder ser promulgada, necesita el visto bueno de más de la mitad de las legislaturas locales.
Hasta ahora, los delitos en los que un juez ordena esta medida únicamente son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y delitos graves contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
La reforma es impulsada por el gobierno del presidente López Obrador y por Morena, que consideran que, gracias a un efecto disuasorio, ayudaría a combatir a los grupos delictivos.
Sin embargo, los partidos de oposición se manifiestan en contra bajo el argumento de que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es contrario a los derechos humanos y a recomendaciones de organismos internacionales.
Legisladores del PAN, del MC y algunos del PRD insistieron en este punto, lo que causó algunas tensiones durante la sesión.
El gobierno y Morena empezaron a impulsar más este tema en el contexto del plan contra el robo de combustibles lanzado por el presidente a finales de 2018.
Con información de ADN político.