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La Comisión Nacional Forestal (Conafor) estimó que este fin de semana será controlado en su totalidad el incendio en la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, en Quintana Roo.

El director del organismo, León Castaños Martínez, manifestó que se espera que el área devastada no rebase las dos mil 500 hectáreas. El incendio «no va a avanzar porque se están haciendo líneas contrafuego en lo que es el límite de esa zona del tular con la selva”.

Explicó que el tular es un tipo de vegetación que crece en partes húmedas, pero ante la falta de lluvia está muy seco, lo que generó condiciones propicias para la propagación del fuego. Puntualizó que el control del 100% del área devastada se podría dar el fin de semana.

El control significa que el fuego no registre ningún avance en superficie y el siguiente paso es su liquidación, situación para la que aún no se tiene un estimado de tiempo. En el control del incendio denominado ‘Muyil’ trabajan unos 140 elementos entre brigadistas y especialistas; cuenta con el apoyo de la Sedena, el Ejército, la Comisión Nacional de reas Naturales Protegidas y Protección Civil.

El incendio fue controlado este jueves en un 65% con la liquidación del 25% de las dos mil 500 hectáreas afectadas, según la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la entidad.

Con información de Notimex


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Medio Ambiente

Motores ecológicos y Marina seca es una de las propuestas del PROTUR en la Laguna de Bacalar

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Si bien es cierto que uno de los sectores más conscientes del cuidado de la Laguna de Bacalar son los prestadores de servicios náuticos, con iniciativas como Un día sin Navegación para dar un respiro a la laguna, para mantener los atractivos turísticos y servicios ambientales, hacemos un llamado a hacer nuestra una meta común y continua: mantener el buen estado de conservación de La Laguna de Bacalar de forma continua y estudiada. Si aceptamos la meta y trabajamos en colectivo, evitaremos generar contaminación con los los motores, lo que sin duda mejorará la calidad del agua y serán enormes los beneficios en naturaleza y turismo.

Para la economía local son importantísimas las actividades náuticas que se practican con diferentes tipos de embarcaciones: veleros, lanchas, pontones, catamaranes, kayacs, padles ya que todos ofrecen grandes experiencias al visitante, pues conocer y disfrutar la laguna es el principal interés turístico en el Municipio de Bacalar.

Nos encontramos en un momento clave de organización social y es muy posible asegurar el éxito del destino turístico a largo plazo; por tal motivo, uno de los contenidos del PROTUR (Programa de gestión común y uso público en la laguna de Bacalar) es que las embarcaciones estén en excelente estado para evitar derrames de aceites, combustibles, restos de pintura de los cascos, óxidos y otras sustancias, que poco a poco deterioran; en el PROTUR PROPONEMOS que el mantenimiento y cambio de aceite de los motores náuticos sea fuera del agua y usar solo motores eléctricos o de 4 tiempos ya que son claves para evitar la degradación ambiental y que su deterioro incida negativamente en la economía local.

Afortunadamente los ecosistemas formados por manglares, estromatolitos (microbialitos), aves, peces, reptiles y todos los seres que habitamos dentro y en el entorno de la Laguna de Bacalar, nos dan lo necesario para la vida, somos los guías y guardianes de la laguna, tenemos en nuestras manos, como operadores náuticos, la capacidad de cuidar tan preciado tesoro, para el bienestar social, ambiental y económico de nuestras familias y siguientes generaciones.

*Información proporcionada por Operadora Ecoturística Ichkabal Bacalar

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Medio Ambiente

Frenó Covid-19 batalla de Semarnat contra playas privadas

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En el primer año del gobierno de López Obrador, la Semarnat liberó más de 30 accesos a playas de Nayarit y Quintana Roo; el objetivo: recuperar el libre tránsito por las ZFMT. Pero con la pandemia, el proyecto se ha detenido. Expertos aseguran que las medidas no son suficientes para revertir los daños causados a la población por la privatización de las zonas costeras.

Con la nueva normalidad, en Quintana Roo algunos hoteles han “abierto” sus playas a la población local a cambio de un pago de hasta 1 mil 500 pesos, segñun denuncias de ciudadanos en redes sociales. Éste es el recordatorio de que, en México, por años decenas de playas han sido privatizadas al margen de la ley.

Por ello, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dictara el mandato para “respetar las garantías constitucionales de acceder, transitar y disfrutar de las playas del territorio nacional”, en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) logró liberar 30 accesos a playas en Nayarit y derribó construcciones que no permitían el paso a la zona costera en Quintana Roo.

En las zonas recuperadas se incluye La Lancha, Nayarit, cuya comunidad está en lucha por abrir sus accesos desde 2015. No obstante, con la pandemia de Covid-19 el proyecto para liberar playas privatizadas se ha detenido.

Más aún, expertos consultados por Contralínea consideran que, incluso, la recuperación de los accesos es insuficiente para revertir los daños causados a la población durante años.

El proceso de liberación
El año pasado, la Semarnat arrancó con el llamado Movimiento Nacional para la Recuperación de Nuestras Playas, que busca evitar que particulares impidan el ingreso a las zonas, con base en el artículo 7 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

Éste establece que las playas de todo el territorio mexicano pueden disfrutarse y gozarse sin más limitación que respetar las áreas, horarios y condiciones en que no podrán entrar vehículos o practicar actividades que pongan en peligro la integridad de los usuarios, en conformidad con los programas de control.

Sin embargo, en México el respeto a las playas no se cumple y se ha detectado a través de la iniciativa de “Mapeo de acceso a playas públicas” –instrumentada en febrero de 2019 por la Secretaría de Turismo– que 12 playas con grandes consorcios hoteleros ubicadas en Baja California –municipio de Ensenada–, Baja California Sur –Loreto, Los Cabos, La Paz–, Nayarit –Bahía de Banderas–, Tabasco –Paraíso–, Veracruz –Tuxpan–, Jalisco –Puerto Vallarta, Cihuatlán, La Huerta– y en Quintana Roo –Solidaridad, Tulum– han privatizado gran parte de las costas mexicanas.

Contradicciones

A pesar del esfuerza por liberar los accesos, durante 2019 la Semarnat otorgó 98 nuevas concesiones en los 17 estados costeros, donde destacan nuevamente Nayarit (Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y Acaponeta) y Quintana Roo (Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Othón P Blanco y Solidaridad.

Además, renovó 68 concesiones con la opción de modificar las condiciones actuales de ésta y dio cinco permisos para construcción de obras, incluyendo aquellas que modifiquen la morfología costera en Ahome, Sinaloa; Progreso, Yucatán; Paraíso, Tabasco; y Tulúm, Quintana Roo.

De un total de 965 solicitudes realizadas por personas físicas y morales de enero a diciembre de 2019, la Semarnat negó el 82.3 por ciento y reportó que durante los meses de junio y julio no hubo ninguna petición para concesión, prórroga o permiso; de igual modo, durante marzo sólo se recibieron solicitudes para tres concesiones y una prórroga, sin aprobarse.

Lagunas legales

Desde no delimitar el número de metros otorgados por concesión ni la distancia entre uno y otro acceso a las playas, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zofemat y Terrenos Ganados al Mar presenta lagunas que permiten que no sea respetado por los concesionarios.

En ese contexto, la doctora María del Carmen Carmona Lara –académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– indica que el problema radica en que, al no existir un concepto legal y constitucional de playa, la Ley Federal de Bienes y Servicios sólo contempla una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa como la Zona Federal Marítimo y Terrestre (Zofemat) como territorio sujeto a concesión, por lo que se vuelve común que las cadenas hoteleras y los desarrollos inmobiliarios ofrezcan a los inquilinos playas privadas cerrando así los accesos a las comunidades cercanas al mar.

Además, agrega que la ley data de una norma aplicada en la época colonial, donde lo que ahora es la Zofemat se relacionaba con la soberanía de la nación cuando había una restricción para la inversión extranjera en la costa, para evitar ataques de barcos con balas de cañón e invasiones extranjeras.

Por su parte, el artículo “particularidades de la Zona Federal Marítimo Terrestre” –del abogado Luigi Lacobi Pontones Brito– indica que estas irregularidades dan pie a que, por ejemplo, “en muchas ocasiones los propietarios de los terrenos colindantes impidan el acceso a la Zofemat, ya sea por la situación geográfica o por la extensión de superficie que les fue concesionada”. Además, explica que “la delimitación de la Zofemat constituye entre las propias dependencias públicas conflictos legales y de competencias”.

En este contexto, el artículo 17 del Reglamento refiere que los propietarios de los terrenos deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a los bienes de propiedad nacional por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Aun así, la doctora Carmona Lara –especialista en derecho de los recursos naturales– agrega que ni el municipio ni el estado pueden intervenir en los 20 metros concesionados en ninguno de los 17 estados costeros.

Por su parte, la antropóloga Ana María Salazar Peralta –integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM– indica que en México no se respetan los accesos a las playas. Con los gobiernos anteriores, observa, hubo una liberalización de las regulaciones del turismo en contextos o enclaves turísticos como Cancún, la Rivera Nayarit y la zona de fronteras en Baja California, donde se pueden observar “procesos de liberalización tanto ambientales como culturales”.

La maestra en antropología cultural agrega: “hay un desorden provocado por el tipo de enclaves turísticos y el tipo de ambición de los desarrolladores. Por un lado, pero también por la corrupción de los funcionarios públicos que en vez de proteger lo que es lo propio se hacen de la vista gorda y dejan que destruyan cosas muy importantes”.

Relación de la población con las playas

Para la investigadora Salazar Peralta –quien estudia el turismo en las costas del Sur de Nayarit y su impacto en la población original–, el tema del ocio “es un derecho importante, ya que es la forma de producción social de las poblaciones trabajadoras”.

Agrega que la movilización de jubilados a ciudades costeras ha impulsado que estas zonas se abran a un turismo que deja de ser sólo de sol y playa o turismo masivo, para transformarse en turismo residencial, lo que ha provocado respuestas no solamente en el mercado sino también en las dinámicas socioculturales en los diferentes sitios.

La investigadora explica que estos factores trastocan la conservación de bienes naturales y culturales, porque a mayor expansión del emplazamiento turístico hay más implicaciones socio-territoriales con consecuencias importantes de carga al sistema. Ello, porque “se utiliza una extensión mayor de terreno y mayor cantidad de agua”.

Playa La Lancha

La maestra cita el caso de la playa La Lancha, ubicada en Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit, conocida principalmente como un lugar ideal para los surfistas, era visitada por familias locales y turistas, y que fue privatizada –utilizando vallas de contención y puertas de hierro– por el grupo DINE desde 2015.

Éste evidencia la importancia de las playas para la población, indica, pues ante el cierre del acceso a la playa virgen y la presencia de construcciones que no contaban con permiso ni estudios de impacto ambiental la población se movilizó para exigir a las autoridades de la Semarnat, Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Turismo (Sectur) que no fuera cerrada, ya que –aunque la empresa contaba con una concesión– la playa seguía perteneciendo a terreno federal.

La maestra Salazar Peralta explica que el problema se suscitó debido a que “Grupo DINE hizo todas sus negociaciones al margen de la sociedad”, lo que provocó que la gente no tuviera acceso para hacer uso social de la playa. También señala que no permitían el acceso a la zona localizada junto a los hoteles Four Seasons y el St. Regis “para que los mexicanos no ‘afeen’ las playas que ocupan los extranjeros”.

De igual modo, la expansión del turismo se asocia a la inmobiliaria, con la construcción no sólo de hoteles sino también de residencias, que van afectando lugares como los sistemas lagunares.

Dentro de sus estudios, la antropóloga ha detectado que en los casos de Nayarit y Jalisco hay una enorme franja de sistemas lagunares de gran importancia, que cuenta con la presencia de esteros y marismas que están siendo afectados por la mancha urbana que va avanzando sobre esos territorios.

Asimismo, explica que los emplazamientos turísticos no sólo afectan al privatizar las playas, sino que también tienden a poner un valor asociado con la patrimonialización de los recursos y bienes culturales que está dirigida por los inversionistas.

En este contexto surge la idea de la autentificación de su cultura y ya no solamente es un tema de despojo territorial, sino también se habla de patrimonializar el recurso cultural convirtiéndolo en una mercancía “que cualquier persona puede comprar, con lo que pierde el significado profundo que tiene para los productores del lugar. Ello, porque al salir de la comunidad de origen se vuelve ahistórico”.

La investigadora del IIA agrega como ejemplo al grupo Vidanta – desarrollador de resorts en América Latina– como una de las corporaciones encargadas de la construcción del Cirque Du Soleil en Nayarit, el cual inició una serie de desmantelamientos de varios espacios naturales para apropiarse de una parte del río Ameca, y crear un parque temático.

De acuerdo con información de la organización Gente Nayarit, esto ha generado invasión al hábitat de cocodrilos y saqueo de materiales pétreos del río, así como desvío de su cauce y crear chapoteaderos para huéspedes de Vidanta y gente con membresías, con lo cual se teme que el desarrollo de las áreas turísticas circundantes haya alterado el flujo del río y podría aumentar el riesgo de inundaciones en el área de la costa del Pacífico.

“El tema con estos lugares es que hay una enorme riqueza […] y toda ésta se va a terminar por la intervención de los inversionistas, que verdaderamente tienen una enorme compulsión por hacerse de los recursos naturales”, observa la investigadora.

Y agrega que “las playas no son privadas: todas son públicas, incluso la playa frente a un gran hotel es pública. Ningún lugar del mundo cierra las playas como aquí en México: es especial la corrupción en torno al tema del manejo de las playas privadas y eso tiene que ver con la enorme corrupción que se ha vivido”, advierte la maestra Salazar Peralta.

Desigualdad entre pobladores y turistas

El cerrar los accesos a las playas ha generado una desigualdad entre pobladores y turistas y entre los mismos turistas. Al respecto, la antropóloga Salazar Peralta menciona que esto se da “precisamente porque todo queda inclusivo”.

Explica que la idea de all inclusive impide que se abran cadenas de valor con la comunidad más cercana a donde está el emplazamiento turístico; es decir que los turistas salgan y consuman algo o visiten los poblados durante fiestas o celebraciones tradicionales.

“Los visitantes llegan y los suben a un vehículo donde los traen de un lado a otro en unas condiciones muy limitadas, y todo se consume dentro de los hoteles donde tienen un control de todos los consumos.”.

También señala que esto provoca que no se dé ningún contacto físico ni de ningún orden con las poblaciones locales. Esto afecta porque a los pobladores les “han vendido la idea” de que cuando lleguen los turistas van a tener todos los beneficios de vender cualquier tipo de servicios.

Aclara que en ocasiones los trabajadores del hotel no tienen derecho a hablar con los turistas. “La segregación es horrible y no es solamente económica, sino también étnica y por supuesto es un racismo espantoso dentro de las propias instalaciones hoteleras”.

Asimismo, una de las tendencias inmediatas en este contexto es sustituir la forma de vida tradicional por otra remunerada en cualquier área, aún sin contar con la capacitación adecuada, por lo que una parte de los trabajadores del turismo cuenta con trabajos con salarios precarios y horarios quebrados.

“Tú no le puedes dar salarios millonarios a alguien que ignora la gestión turística, entonces o tienes que estudiar una licenciatura en turismo, lo que además es muy vergonzoso porque muchos de los chicos egresados de esos programas resulta que no son más que los que trabajan detrás del mostrador del hotel y en realidad no tiene un papel ejecutivo importante en esas empresas”, expresa Salazar Peralta.

Como ejemplo indica el caso de Nayarit, que en el pasado era un pueblo agricultor y minero y ahora se conoce por ser uno de los destinos turísticos de lujo en el país, más visitado por extranjeros provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá que del propio México.

Gobierno apuesta por la “donación” de entradas a la playa
En entrevista con Contralínea, Rodrigo Hernández Aguilar –director general de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros– asegura que, aunque las playas son territorio federal, muchas veces los terrenos para llegar a ellas son propiedad privada; es decir, están concesionados, “por lo que se está trabajando en convenios para permitir el paso por la propiedad para ingresar a las playas”.

Asimismo, indica que anteriormente en las playas se construía sin una planeación por lo que éstas se saturaron; sin embargo, ahora la instrucción para los alcaldes y los gobiernos de los 17 estados costeros es generar en los planes de desarrollo urbano, en cada cierto espacio –que se determinará entre gobierno y concesionado–, las entradas de las playas antes de que construyan. Esto quedará pactado en un convenio de colaboración administrativa firmado por la Semarnat para, al final, obtener el mapa y el croquis que se va a publicar posteriormente en internet.

“Ese espacio de entrada a playas –aproximadamente cada 400 metros– se tiene que pedir como un área de donación con vocación de acceso a la zona federal. Ésa es la manera jurídica de hacerlo y tenemos que decretarlo. Estamos trabajando con los municipios para que se decreten en los planes de desarrollo urbano y en los órganos de ordenamiento ecológico territorial”.

El funcionario explica que esas acciones se deben instrumentar para el antes y, en el caso de construcciones ya realizadas, se tendrá que “cabildear con los hoteles para ver dónde necesitamos los accesos a playas”.

Y agrega que “ese cabildear lo estamos llevando de la mano con autoridades locales y, en algunos casos, tenemos tanto éxito que hasta estacionamiento y baño nos están poniendo”, sin precisar en qué casos ha ocurrido eso.

Según el director general, algunas cadenas hoteleras han empezado a cooperar en los convenios “sin ningún problema”. En caso de que las empresas no accedan a cooperar, Hernández Aguilar explica que se va a empezar a litigar contra ellos.

“Nos vamos a ir a juicio, les vamos a ganar y lo van a terminar abriendo; pero queremos que entiendan que, si aceptan, ellos también van a tener la cooperación del gobierno para otras cosas”, asegura.

Actualmente, dice, ya cuentan con ofertas formales para firmar convenios que permitirán el acceso a las playas en lugares donde nunca había podido acceder la gente. Ese el caso de grupo Vidanta, que abrirá accesos en los desarrollos que tienen en Puerto Peñasco, Sonora; Nayarit; y Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur.

Artículo publicado por Contralínea https://bit.ly/2CRhCeu

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Medio Ambiente

México, cementerio de plantas de tratamiento de aguas: 819, inservibles

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En México, 819 plantas de tratamiento de aguas residuales se encuentran fuera de operación, revela la Conagua a Contralínea. Tres de ellas se ubican en el Estado de México y afectan a más de 11 mil habitantes, que consumen el recurso contaminado del río Amecameca. Con aguas sucias, ejidatarios afectados riegan sus cultivos; los productos acaban en los mercados de la Ciudad de México.

San Mateo Huitzilzingo, Estado de México. De las 3 mil 359 plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el país, 819 –el 24.3 por ciento– se encuentran fuera de operación, revela a Contralínea la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Tres de esas instalaciones inoperantes son las que supuestamente sanearían el río Amecameca, en el Estado de México. Se trata de la de San Mateo Huitzilzingo, la de San Pablo Atlazalpan y la de Temamatla. Tan sólo en este último caso se calcula que son 11 mil personas impactadas por el abandono en el que se encuentra la infraestructura.

De acuerdo con habitantes de la zona, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) les prometió que con las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) se sanearía ese río, lo que conllevaría un doble beneficio, pues las comunidades que ahí habitan se dedican esencialmente a la agricultura y ello beneficiaría al riego de sus cultivos.

Durante un recorrido hecho por Contralínea en las tres comunidades*, ejidatarios aseguran que las autoridades locales, estatales y federales están dañando su vida y sus campos, transformando el río Amecameca en canal de aguas negras e incentivando el crecimiento de la mancha urbana. Además, acusan que las tres PTAR son inservibles.

Consultado por este semanario el pasado 19 de febrero en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció: “Es un problema grave la contaminación de los ríos, el Lerma, el Atoyac, la mayoría, desgraciadamente, de los ríos. Y se producen enfermedades graves por esta contaminación”.

El primer mandatario aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente va a “presentar un diagnóstico y un plan para limpiar los ríos y que funcionen [las] plantas de tratamiento que se han comprado y quedaron ahí arrumbadas. Y también poner orden, desde el punto de vista legal, que se castigue a quienes tiren desechos, aguas negras, incluso metales contaminantes a los ríos”.

Benjamín López Ortiz, presidente del Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzingo, expone: “A nosotros nos ha venido a afectar la CAEM, en primer lugar con la no resolución de la alta contaminación del río Amecameca, ya que esta Comisión es la encargada de él; y en segundo lugar, con la planta de tratamiento de la región que beneficia solamente como a unas cinco o seis personas y deja sin el preciado líquido a 220 familias”.

Agrega que a los ejidatarios se les impide entrar a la planta “porque el ingeniero de ahí, que se apellida Caballero, se dio cuenta que estábamos investigando muy de cerca la situación, cuando fue él quien se comprometió a darnos agua a nuestro ejido. Recuerdo que hace más de 1 año que platicamos con él nos comentó que tenían un presupuesto de 90 millones de pesos y le hacían falta 18 millones más para terminar de construir la planta y así poder darnos finalmente el agua; sin embargo, cuando ya obtuvo la suma total de 108 millones, no cumplió lo que nos dijo y realmente no lo va a hacer”.

López Ortiz explica que los ejidatarios presentaron un reporte a la presidencia municipal en el cual exponen la situación. La autoridad local los canalizó con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, “pero tampoco tomaron cartas en el asunto. Entonces les da lo mismo: a ellos no les importa si funciona o no la planta porque no tienen la necesidad del agua como nosotros la tenemos”.

El abandono de la infraestructura se da a pesar de que en el gobierno de Felipe Calderón, la Conagua presentó el Programa Integral de Saneamiento del Río Amecameca, al cual se le destinaron 876 millones de pesos en dos etapas, con el objetivo de tratar las descargas de aguas negras generadas en la cuenca del río (comunicado de prensa 257, del 16 de agosto de 2011).

Dicho programa debía concluir en 2015, e incluía la instalación de sistemas de recolección y plantas de tratamiento en los municipios de Amecameca, Atzingo, Ayapango, Ayotzingo, Cuijingo, Chalco, Juchitepec, Nexapa, Temamatla y Tenango del Aire en la parte alta de la cuenca.

Ante la indolencia gubernamental, el 12 de noviembre de 2019, 11 ejidatarios presentaron una denuncia ciudadana ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se investiguen las irregularidades que han documentado en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad. Para este proceso tuvieron el acompañamiento de las organizaciones Controla Tu Gobierno, Fundar y la Comisión de la Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía.

Al respecto, Francisco Núñez Escudero, encargado de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México, dice a Contralínea que a pesar de que se busca contribuir al saneamiento del río Amecameca con las PTAR, las que ellos construyen son para residuos orgánicos, y aclara: “si hay residuos de carácter industrial eso no lo atienden las plantas, eso más bien está faltando a la normatividad de descarga que se establece y eso le corresponde a otras entidades distintas de la CAEM, nosotros buscamos apoyar en ese tema, pero cada quien debe hacer la parte que le corresponde”.

A su vez, señala que “toda instalación hidráulica tiene seguridad y para ingresar a ella se debe pedir un permiso […] yo puedo afirmar que cada persona que ha solicitado un permiso para entrar [a las PTAR] se la ha concedido”.

El funcionario explica que el aumento del presupuesto en la construcción de la planta de Huitzilzingo fue derivado del sismo de 2017: “los tanques sufrieron fracturas y prácticamente la obra civil se tuvo que rehacer y eso no sólo impidió que entrara en operación con anterioridad sino que aumentó mucho el costo por los daños”.

Por su parte, el secretario del Comisariado Ejidal de San Mateo Huitzilzingo, Carlos Medina López, asegura que el municipio prometió apoyo económico para el ejido de la comunidad, sin embargo, este jamás llegó. “A nosotros los ejidatarios no nos llega nada. Quisiéramos que ellos mismos vinieran y nos dijeran: ‘aquí está el dinero y úsenlo para su campo’, pero no, y ahora nuestras tierras están secas. Antes sacábamos tres cosechas completas de maíz al año, pero ahora si acaso sacamos 10 cargas de maíz con ayuda de unas bombas que nosotros mismos mantenemos, pagamos gasolina y reparaciones de éstas para regar los cultivos”.

El campesino agrega que en esta zona del río Amecameca había muchos árboles, pero la propia Comisión del Agua del Estado de México tiró varios. Y señala que funcionarios de esa dependencia aseguraron que tenían “la orden de tumbar todo y es mentira porque eso está penado, se los dijimos, pero nos ignoraron”.

No obstante, el encargado de la Vocalía Ejecutiva de la CAEM, Núñez Escudero, asegura en entrevista que son los mismos ejidatarios los que prefieren el uso del agua no tratada, por lo que en su mayoría están en contra de la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual.

Agrega que es el gobierno, a través de la Comisión del Agua, el que ha promovido que utilicen el recurso tratado en las plantas. “Y realmente es un fenómeno generalizado en todo el país, no sólo en el Estado de México: muchas veces los agricultores prefieren utilizar aguas no tratadas a utilizar aguas tratadas”.

-¿Ustedes cómo tienen este dato de que estas personas prefieren usar el agua no tratada?

-Porque se han manifestado al respecto en todo el país. Usted puede revisar que, por ejemplo, la principal objeción para la construcción de la planta de El Salto, que depende de la Conagua, es que los agricultores no quieren que se les intercambie el agua sin tratar por agua tratada, básicamente porque en el tratamiento se disminuye el número de nitratos dentro del agua y éste es un abono para los cultivos.

-Los ejidatarios [que dependen del río Amecameca] dicen que ellos sí quieren que se les trate el agua, pero como estas plantas no están funcionando utilizan el agua sucia.

-Bueno, la planta de Huitzilzingo y Atlazalpan sí están funcionando y sin embargo el agua termina otra vez en el río Amecameca. Nosotros desafortunadamente no hemos encontrado una fuerte disposición por utilizar el agua tratada. Quizs alguno por excepción prefiere el agua tratada, pero en los hechos, en todo el país, la gran mayoría de los agricultores prefiere el agua no tratada.

Pueblos, obligados a consumir agua sucia
Aproximadamente 11 mil habitantes de Temamatla, San Mateo Huitzilzingo son obligados a consumir el vital recurso contaminado, pero la afectación es mucho más extensa.

Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzilzingo, explica que “el agua sucia del río Amecameca es la que se está utilizando para regar los cultivos: la verdura que se logra sembrar ingresa a la Ciudad de México y se lleva a los mercados, entonces hablamos de verdura contaminada. La responsabilidad es del gobierno, pero no hay interés. Hasta el momento nadie ha venido a analizar el agua del río y queremos que lo hagan porque inclusive el agua potable que consumimos ya se está contaminando nuestro pozo: está encharcado y rodeado por esta agua sucia. Ya es necesario que hagan algo al respecto”.

La situación se replica en otras comunidades. Sabino Ortiz Jiménez, tesorero del Comisariado Ejidal de Santiago Zula, explica: “todas las hectáreas que tenemos aquí, aproximadamente unas 200, se perdieron y nuestras ventas económicas cayeron al cien por ciento, estamos en ceros; además de que algunos de los ejidatarios riegan sus cultivos con aguas negras. Está mal, lo sabemos, está muy mal porque es agua contaminada. Nosotros sólo pedimos que nos ayuden, que nos terminen de construir la planta y traten el agua para poder usarla, yo me pregunto ¿por qué cancelaron el proyecto si todavía no lo terminaron?, ¿en dónde se quedaron todos esos recursos? Porque esta obra que podemos ver aquí no vale esos casi 48 millones que dicen que invirtieron”.

En el caso de San Pablo Atlazalpan, uno de los trece pueblos originarios que conforman el municipio de Chalco, Floriberto Martínez Flores, integrante del Consejo Comunitario y miembro del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia, detalla que en 2015 comenzó el proyecto de la PTAR en las tierras de la comunidad y fue en 2018 cuando terminó la construcción. Sin embargo, jamás fue entregada a los ejidatarios como se les había prometido.

“Nosotros tenemos unos videos donde se puede ver que la CAEM nos aseguró que, concluida la obra, nos la entregarían a los ejidatarios para hacernos responsables de la administración y mantenimiento, pero no fue así y actualmente se encuentra sin operar.”

Agrega que antes de ello, los ejidatarios “teníamos nuestros pozos y lagunas, pero vinieron a prometernos que la planta nos beneficiaría y que sería nuestra; entonces, toda la comunidad cooperó para comprar el terreno en el que está construida, ahora que nosotros les pedimos que nos entreguen la planta, sólo nos dicen que nos van a avisar y así nos han traído desde hace meses”.

Al respecto, Vicente García de Jesús, presidente del Consejo de Vigilancia del Comité de Agua Potable del pueblo originario, expone: “fuimos a las oficinas de la CAEM y el vocal ejecutivo nos dijo que como campesinos no teníamos la capacidad de poder operar ni administrar la planta, y que se la daría a una empresa privada”.

No obstante, señala que la comunidad cuenta con un comité de agua potable que es autónomo, es nombrado en asambleas cada 3 años. Por ello, propusieron que éste junto con los productores operen la planta. “Pero hemos obtenido negativa del gobierno del estado diciendo que no es permitida esta administración”.

Los ejidatarios entrevistados narran que antes cultivaban maíz, frijol, haba, apio, coliflor, betabel, avena, cilantro, lechuga, brócoli, verdolaga, romero, alfalfa, espinaca, entre otros, para poder surtir los mercados de la capital. También criaban vacas, cerdos, gallinas y caballos. Sin embargo, la pérdida de sus campos y de sus ganados ha orillado que vendan sus tierras y recorran grandes distancias a la capital en busca de trabajo. Algunos más han migrado a otros estados o se dedican al comercio para poder solventar los gastos familiares.

“Estamos exigiendo que este recurso [el agua] sea destinado para nuestra producción agrícola, como pueblo originario tenemos ese derecho y lo vamos a ejercer. El gobierno federal y estatal nos han negado ese derecho y por eso nos estamos organizando. No pedimos más que el poder utilizar el agua para nuestros campos; ya que al momento, de nuestras 500 hectáreas, ya hemos perdido un 90 por ciento”, declara Julio García, miembro del Colectivo del Consejo Comunitario de San Pablo Atlazalpan.

La planta de Temamatla

Los ejidatarios de Temamatla denuncian que la planta de tratamiento de agua residual, que también depende de la CAEM, está abandonada desde hace más de 5 años, y aún no está terminada. En ella se invirtieron más de 47 millones de recursos federales y locales.

Pero no son los únicos afectados. “La planta lleva años que no le han hecho nada, ahí se puede ver yo creo sólo un 60 por ciento del proyecto. La comunidad cedió parte de los terrenos para que se hiciera la obra porque nos dijeron que íbamos a obtener un beneficio para el ejido [San Juan de Dios de Santiago Zula], pero nunca la terminaron y jamás obtuvimos ese beneficio”, manifiesta Carlos Tecla López, presidente del Comisariado Ejidal de Santiago Zula.

Por el contrario, asegura, “hemos perdido nuestros cultivos y hemos tenido escasez de agua”. Y agrega: “sólo una vez a la semana tenemos agua: los sábados. Ese día durante 12 horas echan a andar el pozo. Los que tenemos cisterna se nos alcanza a llenar, pero otros apartan agua en los botes que tengan. También tiene mucho que ver si son familias grandes o chicas: a las familias grandes yo creo que el agua sólo les dura 2 o 3 días y es cuando deben contratar una pipa en 700 pesos o comprar tambos de 200 litros en 150 pesos”.

Por su parte, Javier Vallejo Pérez, ejidatario de Temamatla, afirma que “si esta planta tratadora empezara a funcionar, de aquí nos llevaríamos unas redes de agua al pueblo, a la deportiva, a las escuelas que tienen jardines y hacer unos lagos para poder regar; así no estaríamos gastando el agua potable porque aquí está súper escasa. Con el problema de la sequía y que no hay agua para regar, muchos han tenido que vender sus tierras. De los 108 ejidatarios sólo 10 continúan sembrando maíz, frijol, calabaza, avena, hortaliza y algunos regando con agua sucia”.

Artículo publicado por  Contralínea https://bit.ly/38h5RJS

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