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No se mata la verdad amenazando periodistas

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El fin de semana pasado, una juez de Distrito, radicada en Cancún, emitió una sentencia histórica en materia de Libertad de Expresión, dentro del nuevo sistema penal acusatorio, respecto a un juicio oral por el envío de mensajes amenazantes de un empresario a un comunicador, ambos, residentes en Quintana Roo.

La historia comenzó un ocho de julio de 2017, cuando el comunicador, fundador de un portal informativo y director de un periódico local, recibió una serie de mensajes, vía whats app, de un empresario, quien meses después se proclamaría líder de las autodefensas en la entidad e incluso, intentaría competir por la candidatura ciudadana a la presidencia de México.

Después de recibir los mensajes, cuya lectura en las audiencias estremeció a más de uno de los asistentes, el comunicador compartió la situación con su esposa y su circulo familiar más cercano; denunció lo ocurrido ante la Fiscalía General, solicitó el apoyo del Mecanismo Federal de Protección de Periodistas y fue representado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), para demandar al empresario.

En este proceso, tuvo que salir, sin chistar, de su casa y de la ciudad en que vivía; dejar su trabajo y convertirse así, de la nada, en uno más de los periodistas desplazados de sus estados, debido a que su vida probablemente corría riesgo.

El juicio inició en enero del año pasado y entró a etapa de juicio oral el siete de marzo de 2019. Después de audiencias casi diarias, el 15 de marzo, después de analizar las 23 pruebas y los 17 testimonios exhibidos por la Fiscalía, frente a ninguna prueba que desacreditara las evidencias, la jueza, Verónica Gutiérrez encontró a Carlos Mimenza, culpable del delito de amenazas, en contra del comunicador, Amir Ibrahim Mohamed.

La juzgadora, además de encontrarlo “plenamente responsable” como el autor material de los mensajes enviados desde su celular, le otorgó al delito la agravante de constituir un ataque a la Libertad de Expresión, condenando a Mimenza Novelo, a ocho meses y dos días de cárcel, además de pagar la restitución de daños a Ibrahim Mohamed y al Estado Mexicano, por los gastos del juicio.

El fallo es histórico y relevante, no sólo para las y los periodistas del estado, sino para la sociedad, porque la juez, Verónica Gutiérrez, dejó en claro que el ataque a la Libertad de Expresión, equivale a violar un derecho humano constitucionalmente reconocido en México, en perjuicio, no sólo periodistas, sino de la sociedad entera.

Así, al intentar limitar, afectar o frenar la Libertad de Expresión de las y los periodistas, se limita y afecta el derecho a la Información de la sociedad.

La juez, también afirmó que, aún cuando la información o la opinión difundida sea considerada “crítica”, “inconveniente” o “inoportuna”, nadie puede atentar en contra de un derecho, cuya garantía es de orden público.

Esta sentencia, acaso sea también un oportuno y crucial mensaje, no sólo para los empresarios que gustan de amedrentar a periodistas, dentro y fuera de Quintana Roo, sino además para funcionarios públicos, alcaldes y alcaldesas, gobernadores y legisladores, que se asustan, se ofenden y reaccionan en contra de comunicadores, al ser cuestionados o difundidas sus omisiones o indebidas acciones.

Con información de Radio Fórmula QR.

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Fiscalía anticorrupción obtiene tercera vinculación a proceso contra el ex gobernador de Quintana Roo

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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cumple y da certeza jurídica a los quintanarroenses con una tercera vinculación a proceso en contra de Roberto “N”, ex gobernador de Quintana Roo, acusado por el delito de peculado, a través de la carpeta administrativa 159/2017, por un daño patrimonial que asciende a dos mil 510 millones 532 mil 784.12 pesos.

Así lo determinó Alex Ramiro Buenfil Ayala, Juez de Control, quien consideró que el ex mandatario de Quintana Roo debió encargarse de resguardar 18 bienes que eran administrados por el antiguo Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) ahora Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro).

Los predios están situados en los municipios de: Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

Trascendió que ex gobernador de Quintana Roo fue omiso al no acatar su responsabilidad para evitar que estos fueran enajenados durante su administración, tomando en cuenta que debió estar presente en las asambleas.

Se trató de una maratónica audiencia, la cual concluyó nueve horas después de haber vencido el término constitucional de 144 horas, es decir, posterior a las 10:00 horas del día de hoy en la Sala 3 del Poder Judicial del Estado (PJE).

Buenfil Ayala consideró que, dada las condiciones de esta audiencia, ponderó en todo momento los derechos procesales del imputado, luego de que éste solicitó la presencia de testigos que obran en la carpeta, pero fue imposible por diversas circunstancias particulares y esto causó que la audiencia continuara después de fenecer el plazo legal para concluir esta etapa procesal.

Una vez agotado el beneficio, el Juez dio la razón en todo momento a los Fiscales Anticorrupción, quienes defendieron los datos de prueba que están integrados en la carpeta, con la finalidad de que no quedara duda de la probable participación del imputado en probable delito de peculado, como coautor.

Tras lograr el objetivo, el Juez determinó otorgar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, el cual estará registrado para el día 27 de febrero del año 2020.

En relación a este caso, en su momento se logró el embargo de seis bienes inmuebles. Se trata de los predios que se encuentran situados en:

  1. Calle retorno cascadas 2 #583, lote 05, del fraccionamiento cascadas II de Chetumal, en Othón P. Blanco.
  2. Fracción 3, lote 156, situado en la localidad de Juan Sarabia, en Othón P. Blanco.
  3. Fracción 04 lote 157, situado en la localidad de Juan Sarabia, en Othón P. Blanco.
  4. Primera Avenida Norte entre calle 42 Norte y calle 44 Norte, departamento 104, lote 005, manzana 158 de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
  5. Avenida Juárez, el cual se encuentra situado en el municipio de Cozumel.
  6. Avenida Rafael E. Melgar, con número 399, por calle 5 Sur, en el municipio de Cozumel.

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AMLO espera que el pueblo diga ‘sí’ al Tren Maya, durante consulta este fin de semana

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El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la consulta para realizar o no la obra del Tren Maya se realizará este fin de semana. Espera que el resultado sea positivo.

Recordó que el “pueblo es el que manda, porque no se puede hacer nada por la fuerza”, a pesar de que el mandatario dijo que será una “gran obra” no quiere “pretextos de los conservadores”.

“Este sábado y domingo es la consulta del Tren Maya, invito a todos a participar, ya ha habido bastante información. No se puede hacer nada por la fuerza, todo por la razón, en democracia la mayoría manda”, indicó.

El proyecto de Tren Maya estaría terminado en cuatro años y, de acuerdo a cifras del gobierno federal, la inversión estimada para la construcción de esta obra será de 120,000 millones de pesos.

Según funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, una vez terminado generará un desarrollo integral del sureste de México “para saldar la deuda histórica de desarrollo para el bienestar de la región”.

Los 1,460 km de vía del Tren Maya se pretenden construir en cuatro años e iniciar su operación en 2024. La mayoría de las estaciones y desarrollos colaterales se llevarán a cabo a partir de contratos de inversión mixta. Es decir, empresas privadas diseñarán, financiarán, construirán y mantendrán las vías férreas, el material rodante y los sistemas de comunicación.

La consulta se llevará a cabo en 112 municipios que concentran 4 mil 190 localidades indígenas.

Con información de Forbes/Redacción

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Aplazan audiencia de Roberto Borge por inasistencia de testigos

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Debido a la inasistencia de los testigos de prueba, la audiencia del ex gobernador Roberto Borge Angulo programada para este miércoles a las 10 horas fue diferida para este jueves a las 6 horas con el propósito de agotar todas las posibilidades de presentación.

La audiencia de formulación de imputación inició a las 10 horas, sin embargo se declaró un receso hasta las 18 horas debido a la inasistencia de los testigos solicitados por la defensa del ex mandatario quintanarroense.

Cabe señalar que el plazo para determinar su vinculación a proceso vence a las 10 horas de este 12 de diciembre. Raul Karim de la Rosa Peláez, abogado de Borge Angulo, recordó que se solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas para responder a la imputación hecha por los fiscales del ministerio público por peculado según la carpeta administrativa 159/2017 por lo que la audiencia debió realizarse este 11 de diciembre.

De acuerdo con la imputación hecha por la Fiscalia Anticorrupción Borge Angulo es indiciado por peculado por la cantidad de 2 mil 510 millones 232 mil 744 pesos por la supuesta venta irregular de 18 predios ubicados en Tulum, Akumal, Majahual, Cozumel, Chetumal, Playa del Carmen, Bacalar, Cancún y Chemuyil.

La Fiscalía acusa al ex mandatario de peculado por omisión y coautoría en contubernio con las ex directoras del ahora desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), Gina Patricia Ortiz Blanco y Claudia Romanillos Villanueva.

La semana pasada y después de escuchar las imputaciones, la defiensa de Roberto Borge Angulo solicitó la comparecencia de 10 testigos entre ellos el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso; el Contador Miguel Castillo así como os Peritos valuadores Florentino Ramírez Sánchez, Francisco Chávez Sánchez, Felipe Leoncio Chávez Sánchez, Ricardo Plascencia, Julio Álvarez, Carlos Tello, Abraham González y Carlos Chan.

El abogado explicó que el director de la Ageproo se atocomisionó a la Ciudad de México parta realizar actividades inherentes a su cargo mientras que los agentes ministeriales Ricardo Plascencia, Julio Álvarez y Carlos Tello están realizando labores en Mérida, Yucatán, y retornan hasta el próximo viernes. Respecto a Abraham González, y Carlos Chan, causaron baja de la Policía Ministerial y están ilocalizables.

El perito Miguel Castillo, quien fue notificado personalmente, recibió multa de cuatro mil pesos y quedó obligado a presentarse a declarar este jueves a las 06:00 horas, de lo contrario será requerido con la fuerza pública. Roberto Borge Angulo quién reiteró ser objeto de una persecución política del gobernador Carlos Joaquín González obtuvo del juez que se ordene al titular del ejecutivo instruya al director de la Agepro acuda a ratificar la imputación que promueve, en su calidad de jefe inmediato del funcionario en cuestión.

El abogado del ex gobernador denunció que el proceso está viciado pero que están preparados para combatir cualquier “chicanada legal”. La Audiencia de Formulación de Imputación se retomará a las 6 horas de este jueves 12 de diciembre.

El plazo para determinar su situación jurídica vence a las 10:00 horas.

Con información de Quadratín.

http://bit.ly/2RRfQzL

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