Mérida (Yucatán), 12 de septiembre de 2023.- Ejidatarios de Celestún logran Restitución de sus Derechos
- Tribunal Unitario Agrario da la razón a ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos, en juicio relacionado con megagranja porcícola de Kekén en Yucatán Sentencia fortalece juicio de familias mayas de Kinchil contra despojo realizado en su municipio a favor de la misma megagranja porcícola de Kekén
- Denuncian contaminación del agua, afectaciones a la salud y corrupción de autoridades
- Comunidades de Ixil y Kinchil celebran victoria de Celestún. Convocan a marcha estatal contra el despojo y por la defensa del territorio maya el sábado 30 de septiembre en Mérida. Ixil invita a marcha en su comunidad el sábado 16 de septiembre.
En rueda de prensa conjunta, representantes de las comunidades mayas de Celestún, Kinchil e Ixil celebraron la victoria obtenida en la controversia agraria con número de expediente 253/2020, que ordena restituir los derechos a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos. La sentencia establece que “causarán alta como ejidatarios en el núcleo agrario de referencia esos setenta y dos ejidatarios separados indebidamente”.
Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún que ganaron el juicio, declaró: “Estamos muy satisfechos porque finalmente se ha hecho justicia. Nosotros fuimos engañados por el Comisariado Ejidal y por el Lic. Rafael Acosta Solís, quien maneja el ejido a su gusto desde hace años. Ellos nos
dijeron en 2019 que se había ganado un juicio contra Kekén por el despojo de nuestras tierras de uso común.
Nos llamaron a recibir un pago de 12,000 pesos por ejidatario y nos dijeron que ese pago era por la compensación obtenida en esa supuesta victoria judicial. Para recibir el dinero, nos hicieron firmar recibos en blanco.
Todo fue un engaño: como demuestra la sentencia, Acosta Solís había llegado a un acuerdo ilegal con Kekén para entregarle nuestras tierras a través de un convenio confidencial.
Luego usaron nuestras firmas para quitarnos nuestros derechos ejidales, afirmando falsamente que habíamos renunciado. Afortunadamente, la sentencia
concluye que se nos engañó para firmar esos papeles y nunca dimos nuestro consentimiento para que se nos despojaran nuestros derechos, y ordena que se nos devuelva la condición de ejidatarios.”
Saúl Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de Celestún, agregó: “Los ejidatarios nunca estuvimos de acuerdo con entregarle tierras a Kekén, ni con que Rafael Acosta Solís sea el asesor legal del ejido. Con esta sentencia, salen a la luz los actos ilegales cometidos por este abogado y por comisariados ejidales corruptos.
Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja. Esta sentencia nos alegra y anima a continuar con más acciones legales para la defensa de nuestro territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja y la recuperación de nuestras tierras de uso común.”
Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, la cual otorgó asesoría legal gratuita a los ejidatarios de Celestún, añadió más detalles: “En la sentencia, el Magistrado refiere que el Comisariado Ejidal asesorado por Rafael Acosta Solís firmó el 28 de abril de 2019 un convenio confidencial con Kekén cuya consecuencia sería el despojo de más de tres mil quinientas hectáreas de tierras de uso común, y cuya existencia desconocían los ejidatarios hasta que se obtuvo esta victoria judicial. La cláusula séptima de este convenio, según recoge la sentencia, obliga a los ejidatarios de Celestún a “guardar y mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier información que la empresa Grupo Porcícola Mexicano SA de CV le proporcione o haga de su conocimiento”, impidiéndoles “bajo ninguna circunstancia y en ningún tiempo, divulgar, revelar, utilizar, disponer, copiar, compartir, reproducir, transmitir, modificar o alternar en forma alguna dicha información sin previo consentimiento por escrito de la empresa”. Posteriormente intentaron dar legalidad al convenio a través del Tribunal Unitario Agrario, pero el 21 de noviembre de 2019 dicho Tribunal “resolvió improcedente calificar de legal y aprobar el convenio aludido, esencialmente porque con su suscripción dicho núcleo agrario [Celestún] pareciera que pierde la superficie de 3,513-71-15.8767 (tres mil quinientas trece hectáreas, setenta y un áreas, quince punto ocho mil setecientos sesenta y siete centáreas) y por la deficiente asesoría ordenó que lo asesorara la Procuraduría Agraria”. La sentencia refleja que a cambio de la firma del convenio, Rafael Acosta recibió un pago de 1,449,348 pesos, mientras a los ejidatarios, mediante engaños, se les dio un pago de 12,000 pesos a cambio de firmar documentos cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y, en muchos casos, de sus derechos como ejidatarios.
La sentencia concluye que queda demostrado que “los escritos de renuncia [firmados por los ejidatarios] impugnados padecen de nulidad” y que el despojo de derechos ejidales llevados a cabo “atentan contra el derecho humano de ejidatario, de persona indígena y posesión tutelados en los artículos 1º, 2º y 27” de la Constitución, así como diversos artículos de la Ley Agraria y del Código Civil Federal.
La sentencia también refleja la complicidad del notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, que fue también demandado por los ejidatarios en este juicio, y que protocolizó las renuncias de derechos declaradas como nulas por el Magistrado Dr. José Lenin Rivera Uribe. Reconocemos la labor del Magistrado, que aportó de oficio pruebas con las que él contaba y cuya existencia desconocían los ejidatarios, y que sirvieron para fortalecer la contundente sentencia de nulidad.”
Matilde Edilberta Dzib Dzul, del Colectivo Cantukún en la comunidad de Kinchil, integrante del Consejo Maya del Poniente, agregó: “Muchas familias mayas sufrimos el despojo de tierras en Kinchil por la misma megagranja de Kekén, que obtuvo las tierras que venimos cultivando desde hace generaciones a través de un procedimiento fraudulento de privatización de terrenos nacionales, donde se otorgaron las tierras a prestanombres de Kekén que ni siquiera viven en la comunidad, en lugar de a las familias campesinas y apicultoras que siempre las hemos trabajado y conservado.
Sufrimos también graves afectaciones ambientales: las excretas de los cerdos van al manto acuífero, al igual que el amoniaco de sus orines, que llegan a nuestras comunidades afectando la salud de todas y todos.
Vemos cada vez más cólicos, cáncer, y otras enfermedades. El gobierno solo piensa en las ganancias de sus aliados en Kekén y otras empresas, y le da igual el precio que pagamos las comunidades mayas, al quedarnos sin tierras, sin selva, sin nuestra producción y modos de vida, y con toda la contaminación y los efectos a la salud. En mi familia somos apicultores, y la empresa Kekén ha deforestado y afectado a nuestra actividad, la cantidad de miel se ha reducido y hemos perdido certificaciones orgánicas por el impacto de la granja. ¿Será posible que esto los gobiernos no lo vean? Debemos defender nuestra tierra y nuestras actividades y formas de vida como pueblo maya.”
Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile orgánico de Kinchil, declaró: “En mi comunidad sufrimos las mismas amenazas y problemas que Celestún. Los comisarios ejidales hacen tratos sucios a espaldas de la comunidad para entregar nuestro territorio a desarrollos inmobiliarios. La noticia de Celestún es una fuente de
esperanza para nosotros, nos motiva para seguir luchando por la defensa de nuestras tierras.
Además de la megagranja de lechones de Kekén, en nuestro territorio hay también una granja de engorda de cerdos que añade más contaminación a los mantos freáticos. Es increíble que se autorice esto en una zona con un acuífero tan vulnerable. Nuestra agua se llena no solo de estiércol, sino también de antibióticos y productos químicos tóxicos.
También tenemos amenazadas 5,000 hectáreas, están usando a otra comunidad para robarnos nuestras tierras como prestanombres para que caiga en manos de inmobiliarias y proyectos contaminantes. Hemos escuchado que Rodrigo Vega y Armando Ceballos están vendiendo estos proyectos a inversionistas, como si la tierra fuera de ellos.
Estamos en riesgo de perder gran parte de nuestro territorio y la gran riqueza natural que tenemos por culpa de la ambición desmedida de políticos y comisarios ejidales, a quienes los especuladores sobornan para apropiarse de nuestras tierras.”
Alejandro Cab Pool, miembro de la Cooperativa Cenote Xelactún, de Kinchil, agregó el siguiente dato: “En 2021 se hizo un proyecto comunitario en el Cenote Xelactún, con aprobación de la asamblea de ejidatarios, y con apoyo del INPI. Pero ese año, tras iniciar el proyecto, apareció un supuesto dueño del cenote, Cuahutémoc Ayala, cuando sabemos perfectamente que está ubicado en territorio ejidal de uso común de Kinchil.
Este cenote tiene una relación histórica con nuestra comunidad, y está situado al lado del sitio arqueológico de Tzemé, que cuentacon un juego de pelota y otras construcciones. No vamos a aceptar que gente ajena a la comunidad nos despoje de nuestro patrimonio cultural y natural.”
Ansunción Chi Tejero, miembro de la comunidad maya de Ixil, agregó: “En nuestra comunidad también sufrimos violencia y atropellos para despojarnos de nuestra tierra colectiva. El 17 de agosto, más de 300 elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado cerraron nuestros accesos a las tierras de cultivo de la comunidad.
Actuaron con completa impunidad, nunca mostraron documentos, solo un volante de la Fiscalía.
Entraron como bandidos, de noche y sin avisar al pueblo, sin orden judicial, solamente porque Chikri Abimerhi solicitó a la Fiscalía que cerrasen el acceso a nuestras tierras. Este operativo tenía el objetivo de meternos miedo, pero toda la comunidad está decidida a defender estas tierras. Yo soy uno de los afectados, nuestros sembrados están cerrados por alambre de espinos, tenemos que brincarlos con nuestras herramientas y no podemos entrar con nuestras motos y camionetas. Pero no vamos a abandonar nuestras tierras, pues eso es lo que buscan estos ladrones con la complicidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado.”
Alejandra Kantún, también de Ixil, añadió: “Yo formo parte de un grupo de mujeres que compartimos un vivero y un sistema de riego colectivo. Desde el 17 de agosto nos están impidiendo el acceso, pero sin embargo los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Estatal dejan entrar todo el rato a camionetas sin placas y vehículos con materiales de construcción.
Les invitamos a la marcha que celebraremos el sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde en Ixil, y también a la marcha estatal que tendrá lugar el 30 de septiembre en Mérida, saliendo a las 4 de la tarde desde Remate de Paseo Montejo. Apoyen nuestros esfuerzos para detener el despojo y defender nuestro territorio y naturaleza. Adjuntamos al comunicado de prensa la convocatoria a la marcha del día 30.”
Don Ciriaco Pech Tec, cerró las participaciones de Ixil con las siguientes palabras: “Soy productor de la cebollita de Ixil, que le da identidad a nuestra comunidad. Solo allí se produce y se conserva la semilla. Este despojo está afectando la continuidad de nuestra actividad y pone en riesgo a la cebollita. También soy apicultor. Tenemos reservados terrenos para las abejas, pero ahora no podemos pasar con nuestros vehículos para atenderlas bien.”
Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, concluyó: “Queremos dedicar esta importante victoria legal a nuestro querido amigo Ricardo Lagunes, el abogado que inició el juicio que ganaron los ejidatarios de Celestún. Ricardo fue desaparecido violentamente el 15 de enero de 2023 junto con Antonio Díaz, líder de la comunidad indígena de Aquila, cuando estaban regresando de una asamblea donde informaron sobre una victoria legal en el contexto de un conflicto con una multinacional minera. Allá donde estés, Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo y un reconocimiento a tu compromiso, tu valentía en la defensa de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
Las acciones legales continuarán hasta que se logre la restitución de las tierras despojadas a Celestún, Kinchil, Ixil y otras comunidades mayas.
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