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Los estados y municipios del país tendrán 31 mil 600 millones de pesos extra en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.

De acuerdo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con ese recurso, el total del Ramo 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios” será de 951 mil 454.8 millones de pesos.

El Ramo 28 puede ser utilizado libremente por los estados y municipios.

A través de un boletín, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión, dijo que los recursos serían para las necesidades prioritarias adicionales.

“Los presidentes municipales son los que tienen mayor sensibilidad a las necesidades de la gente. A ellos corresponde resolver, en primera instancia, los problemas de agua, alcantarillado, alumbrado público, entre otros”, señaló.

Por otra parte, el Ramo 33 “Aportaciones a entidades federativas” ascendería a un total de 759 mil 750 millones de pesos.

Alivian a estados con 32 mil mdp extra

Los recursos podrán ser destinados a las necesidades prioritarias de entidades y municipios.

Los ajustes que diputados y senadores realizaron a la propuesta Ley de Ingresos de la Federación 2020, enviada por el Ejecutivo federal, lograron incrementos de casi 32 mil millones de pesos para los estados y municipios del país, de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las nuevas estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el Ramo 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios” tendría un incremento de 31 mil 600 millones de pesos, para quedar en un total de 951 mil 454.8 millones de pesos para 2020. Por otra parte, el Ramo 33 “Aportaciones a entidades federativas”, ascendería a un total de 759 mil 750 millones de pesos.

El Ramo 28 puede ser utilizado libremente por los estados y municipios, y para determinar el monto asignado a cada entidad se toman en cuenta elementos como el crecimiento del PIB, el esfuerzo recaudatorio y el número de habitantes.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, resaltó que los recursos adicionales podrán ser utilizados, principalmente, para las necesidades prioritarias de los gobiernos estatales y los municipales.

“Podría decirse que de todos los servidores públicos, los presidentes municipales son los que tienen mayor sensibilidad a las necesidades de la gente. A ellos corresponde resolver, en primera instancia, los problemas de agua, alcantarillado, alumbrado público, seguridad, limpia pública, entre otros. En el nivel local es donde se reciben directamente los reclamos de la población. Los municipios del país tienen realidades y contextos totalmente diferentes, por lo que, en muchas ocasiones, resulta difícil diseñar, desde la Federación, políticas públicas adecuadas para todos”, dijo ayer, a través de un boletín.

Los recursos del Ramo 33 deben cumplir con objetivos definidos por el gobierno federal en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura educativa y social. Este Ramo se divide en fondos, cuyo monto se determina a partir de fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Ramírez Cuéllar aseguró que también será de suma importancia incorporar en el PEF 2020 un Programa de saneamiento e inversión en infraestructura de estados y municipios, en el que se establezcan mecanismos de apoyo concretos para generar obra pública y reactivar las economías locales.

Sin embargo, entre las principales demandas de los alcaldes está aumentar recursos para el rubro de seguridad, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

El legislador también recordó a los alcaldes y gobernadores que la consolidación del federalismo fiscal implica una mejor gestión de su parte y un mayor compromiso con la rendición de cuentas.

“Los gobiernos locales deben asumir su responsabilidad y tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. En la Cuenta Pública 2017, el Gasto Federalizado fue el rubro con más observaciones, relacionadas con la mala aplicación de los recursos públicos, gastos injustificados, sobrecostos y opacidad en la asignación de proyectos”, manifestó.

Con información de Excélsior.

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Estados

Ratifica Congreso de Veracruz a Verónica Hernández Giadáns como titular de la FGE

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Con 38 votos a favor y 12 en contra, el Congreso del Estado designó a Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General de Veracruz por los próximos 9 años.

Hernández Giadáns sustituyó a Jorge Winckler Ortiz desde el 3 de septiembre de 2019, luego de que fuera separado del cargo de fiscal general al no contar con los exámenes de control y confianza.

La sesión se celebró a puerta cerrada, como medida para evitar el contagio del SARS-Cov2.

Con información de La Jornada Veracruz

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Estados

Aseguran aparente Crystal dentro de costales maíz en Chihuahua

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En Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacional interceptaron un camión cargado con costales de maíz que ocultaban aproximadamente 740 kilos de aparente crystal, con un precio en el mercado de más de 200 millones de pesos.

Alrededor de 221 paquetes fueron descubiertos cuando guardias nacionales realizaron una inspección a los costales y los ubicaron entre el maíz, así como en ocho piezas rectangulares de metal; lo anterior debido a que el conductor accedió que efectuaran una revisión al tractocamión acoplado a un semirremolque tipo caja refrigerada.

La persona procedente de Culiacán, Sinaloa, y que tenía como destino Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida sobre la carretera El Sueco-Janos, tramo Vado Santa María-Janos, municipio de Nuevo Casas Grandes.

Ante la probable comisión de un delito, al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se efectuó el llenado del Registro Nacional de Detenciones, y posteriormente junto con lo asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

Con información de Guardia Nacional.

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Estados

Exhorta Segob al Congreso de Nuevo León no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes

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  • Las reformas a la Constitución y Ley de Educación locales que incluyen un veto o ‘pin parental’ de madres y padres sobre los contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos . Afectan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica, basada en la ciencia y los derechos humanos .

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hacen un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes y a proteger la Constitución.

Dicho congreso está próximo a poner a votación una reforma a su Constitución local en materia educativa que debe entenderse en el contexto de la iniciativa a la reciente reforma a la Ley de Educación estatal y del debate sobre el llamado ‘pin parental’.

En su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos. Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia.

La reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Por su parte, la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el ‘pin parental’ establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.

Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.

Además, las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio. La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional.

La única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP. Esto no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o ‘pines parentales’ sobre los contenidos educativos.

Uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos. La Constitución impulsa una educación basada “en los resultados del progreso científico, [que] luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, por lo que no podrá deberse a las “convicciones éticas, morales o religiosas” que considere cada padre y cada madre de Nuevo León.

Además, la Constitución y las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y de educación otorgan a la niñas, niños y jóvenes el derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia. El ejercicio de este derecho, libre de cualquier tinte ideológico, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar estos temas que incluyen “el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual” . Dado el interés superior de la niñez que tiene rango constitucional, este derecho no puede verse restringido por una decisión de padres, madres o tutores.

Es necesario recordar la Observación General 20 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano que salvaguarda el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la cual México es parte, que refiere que el acceso a la información, y el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva no debería de verse obstaculizado, entre otros factores, por el requisito del consentimiento o la autorización de terceros.

Por su parte, el derecho a una educación con perspectiva de género ayuda a impulsar una sociedad inclusiva y no sexista, y es un paso importante para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Conapo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional, hacen un llamado respetuoso y enérgico a las y los legisladores del estado de Nuevo León a asumir su responsabilidad pública como legisladores salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de sus creencias como padres y madres, velando por el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con información de SEGOB.

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