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Ofrecen disculpas a indígenas violadas por militares en Chiapas, 25 años después

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El Gobierno mexicano ofreció una disculpa pública este viernes a las hermanas González Pérez, las tres indígenas tzotziles detenidas ilegalmente y violadas por militares en 1994, en cumplimiento de una recomendación emitida en 1996 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un acto público en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó las disculpas del Gobierno Federal a Ana, Beatriz y Celia González Pérez, mismas que rechazaron las disculpas al considerar que tras 25 años ‘de impunidad’ el Ejército no presentó a los responsables de la agresión que sufrieron el 4 de junio de 1994 en un retén militar.

A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”, dijo Sánchez Cordero.

Las hermanas Ana, Beatriz y Celia, entonces menores de edad, fueron detenidas junto a su madre el 4 de junio de 1994 en un retén militar en Altamirano, Chiapas. “Se les retuvo ilegalmente, además, fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas”, de acuerdo con la resolución emitida por la CIDH en 1996 en la que concluyó violaciones a los derechos humanos de estas mujeres.

Sánchez Cordero calificó esta disculpa pública como un ‘acto de justicia’ y aseguró que después de muchos años finalmente se suscribe un compromiso del por parte del Gobierno Federal en el que da acceso a la justicia, a la verdad y se hace una reparación del daño con la garantía de no repetición.

Nunca más, ni una niña, ni una mujer más, sobre todo si son indígenas, esta violencia que vivieron debe repetirse”, declaró la secretaria al subrayar que la disculpa pública obedece a la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación a las víctimas.

Celia González agradeció el acto del Gobierno Federal, pero dejó claro que esta disculpa no está concluida por la ausencia de la Fuerza Armada de México en el acto.

Nosotras las mujeres estamos aquí enojadas, venimos con mucho coraje hacia las autoridades, hoy estamos aquí en esta supuesta disculpa pública de buena fe, desde hace muchos años queremos justicia verdadera y que se castigue a los militares”, declaró.

Este acto no lo podemos tomar como una disculpa porque faltó la comisión de los militares, es por eso que no estamos de acuerdo con esta disculpa, agradecemos la presencia”, dijo Beatriz González.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reiteró que el estado mexicano reconoce la violación de los derechos humanos a estas mujeres.

De estos indignantes hechos han transcurrido 25 años de impunidad, incluyendo 18 años desde que la CIDH emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre este caso”, puntualizó.

El caso de las hermanas González Pérez fue denunciado a las autoridades mexicanas el 30 de junio de 1994 con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores).

No obstante que las víctimas eran civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.

El caso fue presentado el 16 de enero de 1996 ante la CIDH, que recomendó una investigación completa e imparcial en una jurisdicción penal para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González.

Ante el expreso incumplimiento del estado mexicano de investigar los hechos, castigar a los responsables y reparar las violaciones, la CIDH emitió un informe el 4 de abril de 2001 declarando la responsabilidad internacional del Gobierno por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con información de Noticieros Televisa.

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Desalojan edificio de Poder Judicial por supuesta amenaza de bomba

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La mañana de este lunes fue desalojado el personal que se hallaba en el edificio del Poder Judicial de la Federación del Consejo de la Judicatura Federal de San Lázaro por el reporte de una supuesta amenaza de bomba.

La Calzada Ignacio Zaragoza, entre Troncoso y Eduardo Molina fue cerrada a la circulación vehicular por trabajadores de la dependencia que permanecen en la zona en dirección hacia Circuito Interior.

La zona es resguardada por persona de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por movilización de servicios de emergencias en la zona.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas.

 

Con información de Excélsior.

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En siete años localizan 325 fosas clandestinas en Veracruz

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en Veracruz, entidad en las que fueron halladas 325 fosas clandestinas, en el periodo que comprende de enero de 2011 a diciembre de 2018.

Según los datos proporcionados por la Fiscalía del Estado, de etas fosas se exhumaron 180 cadáveres; 548 cráneos y 24 mil 238 restos óseos, de ellos, la autoridad pericial determinó que 148 corresponden a hombres y 48 a mujeres.

La CNDH destacó que llama la atención que, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 30 de abril de 2018, el estado de Veracruz ocupaba el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas en su territorio, con 731 registros, de los cuales 207 corresponden al fuero federal y 524 al fuero común. No obstante, esta cifra que contrasta con el número de restos óseos encontrados hasta la fecha en fosas clandestinas.

Los municipios de con mayor incidencia en desapariciones de personas del fuero federal son: Veracruz (39), Xalapa (25), Coatzacoalcos (21), Córdoba (14) y Poza Rica de Hidalgo (11), y en cuanto al fuero común son: Xalapa (135), Veracruz (41), Córdoba (33), Poza Rica (17) y Orizaba (16).

La CNDH consideró insuficientes los esfuerzos que las autoridades en Veracruz realizaron para abatir y aclarar la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como los delitos vinculados, que de acuerdo a las estadísticas, se han acumulado y la mayor parte no se han resuelto, junto con otros problemas que convergen, como la violencia, inseguridad, corrupción, impunidad y complicidad de algunas autoridades.

Ante ello, pidió a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno implementar acciones tendentes a erradicar tan lamentables prácticas y realizar investigaciones exitosas para aprehender y presentar ante la justicia a los responsables de tan aberrantes delitos en una de las entidades federativas con más altos niveles de violencia en el país.

Con información de Noticias MVS.

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Vinculan de nuevo a Javier Duarte a proceso por peculado

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El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, en audiencia celebrada este viernes en el Reclusorio Norte.

Sin embargo, el juez de control, Júpiter López Ruiz, decretó que podrá enfrentar esta causa penal en libertad, pero el exmandatario continuará en prisión debido a que enfrenta otros procesos penales.

“Analizaremos nosotros como órgano de defensa si le decimos al colegiado que no está bien cumplida la sentencia, si nos vamos a un amparo contra la vinculación o si ya de frente nos vamos a aportar datos de prueba”, dijo Ricardo Sánchez, abogado de Javier Duarte.

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la diligencia, el juez aceptó las pruebas aportadas por el Ministerio Público que presumen que Javier Duarte habría autorizado el desvío de 220 millones de pesos durante los años 2014 y 2015.

Se trata de recursos federales etiquetados para obras hidráulicas, que fueron transferidos de una cuenta bancaria de la Comisión Estatal del Agua a otra cuenta de Secretaría de Finanzas y Planeación en calidad de préstamo, con el pago de los respectivos intereses.

Pero el dinero nunca regresó a la Comisión Estatal del Agua, lo que frenó 97 obras que tuvieron que ser suspendidas por falta de recursos.

El exgobernador de Veracruz estuvo en la audiencia.

Se veía relajado. Estuvo acompañado por sus tres abogados.

Después de que el juez dio por terminada la audiencia, pidió la palabra.

Expuso que el entonces secretario de Finanzas estatal, Mauricio Audirac, habría sido obligado a declarar en su contra.

También dijo que no tomó un solo centavo de esos recursos públicos.

En todo caso, abundó, habría sido responsabilidad de sus subalternos haber hecho mal uso de esas cuentas bancarias.

Javier Duarte de Ochoa continuará en prisión en el Reclusorio Norte, debido a que aún se encuentra en proceso por los delitos de incumplimiento del deber legal, delincuencia organizada, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Con información de Noticieros Televisa.

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