Connect with us
QuedateEnCasa

Published

on

Un juez negó un amparo a comunidad totonaca en la Sierra Norte de Puebla para favorecer una hidroeléctrica que generará electricidad para exclusivamente a Walmart. El fallo desestimó la ausencia de consulta a los pobladores y de la manifestación de impacto social

El juez Miguel Arroyo Herrera falló a favor del Grupo Comexhidro y en contra de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla. A los pobladores de municipios San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán les negó un amparo para detener la operación de la hidroeléctrica Puebla 1.

Los pobladores que reclaman irregularidades en la consulta y advierten sobre daños ambientales que el proyecto causará en la zona.

Las comunidades presentaron ante el juez un peritaje oficial, elaborado por la Procuraduría General de la República, donde se establece que la hidroeléctrica provocará una disminución de agua en la región, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.

En su lugar, el juez del juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil tomó en cuenta los peritajes ofrecidos por la propia empresa, donde se asegura que no habrá impactos negativos en la población.

Permisos sin consulta

La organizaciones no gubernamentales Fundar y Tiyay Tlali aseguraron en un comunicado que la Secretaría de Energía entregó los permisos para el funcionamiento del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 seis años antes de que se consultara a los ciudadanos.

Fundar y Tiyay Tlali aseguran que la autoridad no realizó una manifestación de impacto social previa al otorgamiento de permiso, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Diana Pérez una de las abogadas que interpuso el amparo por parte de los pueblos totonacas asegura que “la interpretación que hizo el juez es restrictiva de los derechos de los pueblos”, además aseguró que el proyecto carece de interés público.

Las comunidades interpondrán un recurso de revisión. Además de que esperan que se haga una segunda instancia haga una mejor valoración del caso.

Pérez asegura que es muy poca la información que se sabe sobre Grupo Comexhidro que intenta echar a andar el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Las hidroeléctricas de Comexhidro se dedican a abastecer de energía a empresas privadas.

La construcción de la presa se haría en el Río Xochiapa, la abogada Pérez relata que la cortina que hizo la empresa se cayó al no poder contener la afluente del río en temporada de lluvias.

Energía para Walmart
Las comunidades han reclamado que no existe en un interés público real detrás de la aprobación del proyecto.

La propia comisión Reguladora de Energía establece en el permiso de la hidroeléctrica que la energía generada será exclusivamente para el autoabastecimiento de la empresa beneficiaria Deselec 1-Comexhidro, entre los que se encuentran Nueva Wal-Mart de México, Waldo´s MArt de México, Operadora Vip´s y Suburbia.

El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 pertenece a la compañía mexicana Grupo Comexhidro. La empresa opera en los estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guerrero y Michoacán. Las operaciones de Comexhidro se especializan en la operación de plantas hidroeléctricas, un parque eólico y la construcción de un gasoducto.

Con información de Pie de Página.

Comenta con Facebook

Estados

Ratifica Congreso de Veracruz a Verónica Hernández Giadáns como titular de la FGE

Published

on

Con 38 votos a favor y 12 en contra, el Congreso del Estado designó a Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General de Veracruz por los próximos 9 años.

Hernández Giadáns sustituyó a Jorge Winckler Ortiz desde el 3 de septiembre de 2019, luego de que fuera separado del cargo de fiscal general al no contar con los exámenes de control y confianza.

La sesión se celebró a puerta cerrada, como medida para evitar el contagio del SARS-Cov2.

Con información de La Jornada Veracruz

Comenta con Facebook

Continue Reading

Estados

Aseguran aparente Crystal dentro de costales maíz en Chihuahua

Published

on

En Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacional interceptaron un camión cargado con costales de maíz que ocultaban aproximadamente 740 kilos de aparente crystal, con un precio en el mercado de más de 200 millones de pesos.

Alrededor de 221 paquetes fueron descubiertos cuando guardias nacionales realizaron una inspección a los costales y los ubicaron entre el maíz, así como en ocho piezas rectangulares de metal; lo anterior debido a que el conductor accedió que efectuaran una revisión al tractocamión acoplado a un semirremolque tipo caja refrigerada.

La persona procedente de Culiacán, Sinaloa, y que tenía como destino Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida sobre la carretera El Sueco-Janos, tramo Vado Santa María-Janos, municipio de Nuevo Casas Grandes.

Ante la probable comisión de un delito, al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se efectuó el llenado del Registro Nacional de Detenciones, y posteriormente junto con lo asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

Con información de Guardia Nacional.

Comenta con Facebook

Continue Reading

Estados

Exhorta Segob al Congreso de Nuevo León no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes

Published

on

  • Las reformas a la Constitución y Ley de Educación locales que incluyen un veto o ‘pin parental’ de madres y padres sobre los contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos . Afectan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica, basada en la ciencia y los derechos humanos .

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hacen un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes y a proteger la Constitución.

Dicho congreso está próximo a poner a votación una reforma a su Constitución local en materia educativa que debe entenderse en el contexto de la iniciativa a la reciente reforma a la Ley de Educación estatal y del debate sobre el llamado ‘pin parental’.

En su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos. Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia.

La reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Por su parte, la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el ‘pin parental’ establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.

Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.

Además, las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio. La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional.

La única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP. Esto no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o ‘pines parentales’ sobre los contenidos educativos.

Uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos. La Constitución impulsa una educación basada “en los resultados del progreso científico, [que] luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, por lo que no podrá deberse a las “convicciones éticas, morales o religiosas” que considere cada padre y cada madre de Nuevo León.

Además, la Constitución y las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y de educación otorgan a la niñas, niños y jóvenes el derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia. El ejercicio de este derecho, libre de cualquier tinte ideológico, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar estos temas que incluyen “el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual” . Dado el interés superior de la niñez que tiene rango constitucional, este derecho no puede verse restringido por una decisión de padres, madres o tutores.

Es necesario recordar la Observación General 20 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano que salvaguarda el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la cual México es parte, que refiere que el acceso a la información, y el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva no debería de verse obstaculizado, entre otros factores, por el requisito del consentimiento o la autorización de terceros.

Por su parte, el derecho a una educación con perspectiva de género ayuda a impulsar una sociedad inclusiva y no sexista, y es un paso importante para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Conapo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional, hacen un llamado respetuoso y enérgico a las y los legisladores del estado de Nuevo León a asumir su responsabilidad pública como legisladores salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de sus creencias como padres y madres, velando por el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con información de SEGOB.

Comenta con Facebook

Continue Reading
GEAVIG
MUJERES

Destacado

Todos los derechos reservados @ 2018 - 2020 De Luna Noticias