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  • Suplen la consulta externa y no atienden casos de COVID-19.

La Secretaría de la Marina y Armada de México (Semar), informó que desde el 19 de mayo arribaron dos buques a los puertos de Veracruz y Acapulco, que fueron habilitados como hospitales para atender a personal naval y derechohabientes.

A través de su cuenta en Twitter informó de dos buques fueron habilitaos como hospitales de consulta externa para militares y sus derechohabientes, en tanto los nosocomios de citados puertos son destinados a los pacientes de COVID19.

De ahí que los buques no atenderán casos de COVID-19 y solo suplirán la consulta general para personal naval y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con información de ADN 40.

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Aseguran aparente Crystal dentro de costales maíz en Chihuahua

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En Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacional interceptaron un camión cargado con costales de maíz que ocultaban aproximadamente 740 kilos de aparente crystal, con un precio en el mercado de más de 200 millones de pesos.

Alrededor de 221 paquetes fueron descubiertos cuando guardias nacionales realizaron una inspección a los costales y los ubicaron entre el maíz, así como en ocho piezas rectangulares de metal; lo anterior debido a que el conductor accedió que efectuaran una revisión al tractocamión acoplado a un semirremolque tipo caja refrigerada.

La persona procedente de Culiacán, Sinaloa, y que tenía como destino Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida sobre la carretera El Sueco-Janos, tramo Vado Santa María-Janos, municipio de Nuevo Casas Grandes.

Ante la probable comisión de un delito, al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se efectuó el llenado del Registro Nacional de Detenciones, y posteriormente junto con lo asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

Con información de Guardia Nacional.

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Estados

Exhorta Segob al Congreso de Nuevo León no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes

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  • Las reformas a la Constitución y Ley de Educación locales que incluyen un veto o ‘pin parental’ de madres y padres sobre los contenidos educativos, despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos . Afectan el Interés Superior de la Niñez al restringir los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación sexual y el derecho a la educación laica, basada en la ciencia y los derechos humanos .

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hacen un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes y a proteger la Constitución.

Dicho congreso está próximo a poner a votación una reforma a su Constitución local en materia educativa que debe entenderse en el contexto de la iniciativa a la reciente reforma a la Ley de Educación estatal y del debate sobre el llamado ‘pin parental’.

En su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos. Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia.

La reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Por su parte, la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el ‘pin parental’ establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.

Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.

Además, las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio. La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional.

La única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP. Esto no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o ‘pines parentales’ sobre los contenidos educativos.

Uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos. La Constitución impulsa una educación basada “en los resultados del progreso científico, [que] luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, por lo que no podrá deberse a las “convicciones éticas, morales o religiosas” que considere cada padre y cada madre de Nuevo León.

Además, la Constitución y las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y de educación otorgan a la niñas, niños y jóvenes el derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia. El ejercicio de este derecho, libre de cualquier tinte ideológico, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar estos temas que incluyen “el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual” . Dado el interés superior de la niñez que tiene rango constitucional, este derecho no puede verse restringido por una decisión de padres, madres o tutores.

Es necesario recordar la Observación General 20 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano que salvaguarda el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la cual México es parte, que refiere que el acceso a la información, y el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva no debería de verse obstaculizado, entre otros factores, por el requisito del consentimiento o la autorización de terceros.

Por su parte, el derecho a una educación con perspectiva de género ayuda a impulsar una sociedad inclusiva y no sexista, y es un paso importante para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Conapo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional, hacen un llamado respetuoso y enérgico a las y los legisladores del estado de Nuevo León a asumir su responsabilidad pública como legisladores salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de sus creencias como padres y madres, velando por el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con información de SEGOB.

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Suspenden orden de extradición contra Karime Macías

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En las últimas horas se dio a conocer que un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar por sorpresa a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Se trataría del juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, quien concedió una suspensión provisional para que las autoridades mexicanas no puedan ejecutar ninguna orden de extradición en contra de la señalada.

Karime Macías se encuentra actualmente en la ciudad de Londres, Inglaterra, sujeta a un proceso de extradición con base en una orden de aprehensión que existe en su contra por un supuesto desvío de 112 millones de pesos en perjuicio del DIF de Veracruz, en octubre del año pasado, Macías fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, pero consiguió que le concedieran el beneficio de continuar su proceso en libertad.

La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de queja contra la resolución, para que sea un tribunal Colegiado el que decida si Macías puede conservar o no la medida, se prevé que el 16 de noviembre de 2020 la Corte de Magistrados de Westminster de Londres inicie el juicio de extradición en su contra.

Con información de Meganoticias.

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