En el arranque del año, familias han tenido que dejar sus casas por temor a la violencia. El gobierno de Guerrero y el municipio, de partidos distintos, discrepan hasta por el número de afectados.
La violencia en el municipio de Zirándaro, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, ya provocó este año que familias decidieran dejar sus casas ante el temor de resultar afectadas por los constantes enfrentamientos entre dos grupos criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ‘La Familia Michoacana’.
Este nuevo desplazamiento forzado —un fenómeno que se ha registrado en Guerrero en años anteriores— está también marcado por discrepancias entre autoridades de la entidad. Por un lado, el gobierno del estado, a cargo de Héctor Astudillo, del PRI, afirma que solo 149 personas han sido desplazadas. Por otro, el ayuntamiento encabezado por el alcalde Gregorio Portillo, de Morena, sostiene que son al menos 1,500.
Roberto Álvarez Heredia, vocero de Seguridad estatal, dijo en entrevista que el caso más grave está en la comunidad de San Rafael, donde la mayoría de las viviendas fue abandonada; hasta la fecha, suman 40 hogares en esa condición. El portavoz aseguró también que se mantienen los operativos para atender a los afectados.
“Se tiene una relación de 149 personas en situación de vulnerabilidad por inseguridad”, señaló.
En contraparte, el alcalde Portillo afirmó —también en entrevista— que él tiene otras cifras. Incluso, el edil advirtió que en el municipio hay 15 localidades en riesgo, de las cuales 12 están completamente abandonadas.
“Son zonas fantasma, ya no hay nadie”, dijo.
Familias desplazadas, autoridades confrontadas
El vocero de Seguridad estatal sostuvo que las familias afectadas fueron trasladadas a espacios acondicionados para recibirlas temporalmente. Uno está en la cabecera municipal de Zirándaro y otro en el poblado de Guayameo.
Ahí, según el funcionario, policías y elementos de protección civil entregan alimentos, medicinas, colchonetas y atención médica a las 149 personas registradas por las autoridades estatales.
“Los 149 desplazados se han dado de forma gradual desde los primeros días. Los pobladores nos solicitan ayuda, seguridad para sus traslados de un punto a otro, y la Policía Estatal y la Guardia Nacional los auxilian”, dijo.
Frente a esas declaraciones, el alcalde expone un panorama más grave. A decir de Portillo, el número de personas desplazadas durante los últimos dos meses alcanza ya las 1,500, de las cuales 700 huyeron de sus comunidades tras hechos de violencia ocurridos apenas el 14 de enero.
Desde 2019, Portillo ha advertido sobre el nivel de violencia en la zona. A finales del año, incluso aseguró que existe una “crisis humanitaria”, una afirmación que el gobernador Astudillo ha rechazado en varias ocasiones.
Como parte de esas tensiones, el secretario de Gobierno estatal, Florencio Salazar, acusó al alcalde de no haber informado previamente de la situación a la Mesa de Seguridad, una instancia en la que participan funcionarios federales y estatales, así como representantes de las Fuerzas Armadas.
Hoy por hoy, el Ejecutivo guerrerense y elementos federales mantienen puestos de vigilancia y operativos en nueve comunidades —La Calera, Las Piedras, El Chivo, La Palma, La Parota del Cuartel, Los Huajes, Los Alacranes, San Rafael y El Naranjo—, así como en la sierra colindante con el municipio de Coyuca de Catalán.
El peligro de ser la puerta a Michoacán
Para el alcalde, la violencia en la zona tiene una causa fundamental. Según el edil, el que Zirándaro sea la puerta de Guerrero al vecino Michoacán hace que el CJNG y ‘La Familia Michoacana’ se peleen por el municipio.
“El problema es que se disputan la región de Tierra Caliente, unos en Guerrero y otros en Michoacán, somos el escenario de los enfrentamientos por quedar pegados a Michoacán, nosotros somos el escenario en donde chocan”, dijo.
“Nuestro municipio no produce amapola ni somos mercado interesante, sino que somos la puerta de acceso”, agregó.
Zirándaro está en una zona estratégica de la sierra y colinda tanto con Michoacán como con Coyuca de Catalán, municipio guerrerense que en 2016 el Ejército catalogó como primer lugar en siembra de amapola, planta de la que se obtienen la goma de opio y, a la postre, la heroína.
Fuentes de áreas de seguridad gubernamentales advierten que el CJNG y ‘La Familia Michoacana’ mantienen una lucha por controlar estos dos municipios de Tierra Caliente, con el fin de aumentar sus actividades de narcotráfico.
Llamado de auxilio a López Obrador
El alcalde señaló que la situación de violencia está lejos de tranquilizarse. Según el funcionario, este mismo jueves se registró un nuevo enfrentamiento entre los grupos delictivos en la comunidad de Pandacuareo, en el trayecto a Coyuca de Catalán.
Por estos hechos, las pocas familias que permanecían ahí decidieron finalmente dejar el lugar.
El edil afirmó que los esfuerzos de los tres niveles de gobierno son insuficientes, porque Zirándaro es un municipio en pobreza que ahora también debe enfrentar “la carga” de las personas desplazadas.
“Las familias están en precariedad, siguen haciendo falta víveres, despensas. Cadía día aumenta más el número de desplazados y eso nos ocupa”, dijo.
El alcalde afirmó que el municipio tiene recursos para atender el problema por 20 días más, pero si no recibe ayuda tendrá que parar otras áreas de gobierno para responder a las familias desplazadas. Hoy, su llamado es a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tome cartas en el asunto.
Con información de Expansión.