Colectivo Solecito señala precedente de impunidad en juicio contra Javier Duarte

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El Colectivo Solecito de Veracruz exigió que se revise la sentencia condenatoria contra el exgobernador Javier Duarte, pues la revocación al decomiso de 40 bienes presuntamente ligados a su riqueza mal habida sienta un precedente de impunidad irreparable.

Ello, luego de que la magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, argumentó que los bienes pertenecen a otros procesados que aún no son condenados, por lo que revocó el decomiso.

En un comunicado, el Colectivo recordó que el 18 de mayo fue ratificada la sentencia condenatoria de 9 años de prisión en contra del político ligado al PRI, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Pese a ello, la revocación al decomiso de bienes es un acto de impunidad. La organización consideró que, si bien los bienes no se encuentran a nombre del exgobernador, se ha demostrado con evidencia sólida que Duarte obtuvo las propiedades ilegalmente por medio de una organización criminal guiada por empresas fantasma y prestanombres, con lo cual desvió recursos del erario de Veracruz.

También señaló que el decomiso de las propiedades debería significar la restitución y reparación del daño a familias y ciudadanos que resultaron afectados por la gestión de Javier Duarte, incluyendo las familias de víctimas de desaparición forzada.

Ante dicho contexto, el Colectivo expresó su rechazo e indignación sobre la resolución emitida por la magistrada Porras Odriozola. Y llamó a la Secretará de Gobernación y a la Fiscalía General de la República para que solicite al Consejo de la Judicatura la revisión de la sentencia.

El Colectivo Solecito exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a autoridades federales competentes a que se investigue, procese y sancione al exgobernador Javier Duarte por el delito de desaparición forzada durante su administración –de 2010 a 2016–, así como por la aplicación de una “política ilegal” para realizar la detención de personas sin orden judicial previa, para posteriormente torturarlos y desaparecerlos.

Con información de Contralínea.