En esta legislatura, el Congreso discutirá la creación de una Ley Nacional de Seguridad Privada que establecerá una colaboración con la seguridad pública, pues las empresas deberán entregar información relacionada con delitos específicos, como robo a cuentahabientes o a sucursales bancarias.
Al respecto, Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), indicó que esa ley buscaría “generar un cuerpo homologado, con un solo criterio de carácter nacional, en donde exista una coordinación entre la federación y los estados del territorio nacional y que dé pie a un registro nacional de empresas de seguridad privada, así como de los elementos que se dedican a realizar este tipo de servicios que incluso generan un 2.4 por ciento del producto interno bruto”.
Agregó que también dará certeza jurídica a la sociedad y a aquellas industrias que demanden servicios de seguridad en ese sector, puesto que debido a los niveles de inseguridad que vive el país el mercado de la seguridad privada ha crecido en un 15 por ciento.
Raúl Sapién consideró que, de aprobarse, esa nueva normativa evitará la competencia desleal de corporaciones auxiliares y complementarias –como el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México– que operan bajo “algunas lagunas legales”, y salvaguardará los derechos laborales de más de 500 mil empleados.
El presidente del CNSP consideró que la actual ley federal en la materia –que data de 2006– “se encuentra rebasada por las condiciones sociales y de inseguridad”, pues datos del Consejo indican que de las 6 mil a 7 mil 500 empresas de seguridad privada existentes, sólo 3 mil cuentan con un permiso federal. Además apuntó que 200 mil de plano no cumplen con ningún tipo de regulación.
Con información de Contralínea.