La reforma aprobada por el Senado de la República el pasado 21 de abril de 2026 representa un cambio estructural en la política habitacional de México, facultando a instituciones como el Infonavit para intervenir directamente en la edificación y renta de casas.
Puntos clave de la reforma
Financiamiento Directo: Se autoriza el uso de los fondos acumulados en la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores para financiar la construcción, rehabilitación o adquisición de inmuebles, incluyendo a personas que no son derechohabientes activos.
Infonavit como Constructor: El instituto ya no solo será un fondo de crédito; ahora podrá participar directamente en la construcción de vivienda de interés social y la compra de terrenos.
Arrendamiento Social: Se crea un esquema donde el trabajador puede rentar una vivienda propiedad del instituto por una mensualidad que no exceda el 30% de su salario.
Opción a Compra: Después de 10 años de arrendamiento puntual, el trabajador tiene el derecho de adquirir la propiedad, tomando en cuenta las rentas pagadas como parte del costo final.
El concepto de “Vivienda Adecuada”
La reforma establece 7 criterios obligatorios para que una casa sea considerada digna y pueda ser financiada con estos recursos:
- Asequibilidad: Costos que no comprometan otros gastos básicos.
- Habitabilidad: Espacios suficientes y seguros.
- Disponibilidad de servicios: Agua, drenaje y energía.
- Ubicación: Cercanía a centros de trabajo y transporte.
- Accesibilidad: Adaptada para grupos desfavorecidos o con discapacidad.
- Seguridad jurídica: Garantía de tenencia legal.
- Adecuación cultural: Respeto a la identidad de las comunidades.
Posturas y Controversias
A favor: Senadores de Morena y aliados sostienen que esto elimina intermediarios inmobiliarios que construían “casas diminutas y lejanas”, rescatando la función social del Estado.
En contra: La oposición (PAN, PRI y MC) calificó la medida como un “peligro” para el ahorro de los trabajadores, alertando que el gobierno podría usar estos recursos (estimados en 2.4 billones de pesos) como una “caja chica” para proyectos de alto riesgo.
El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
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