La dirigencia de Morena intensificó sus acciones contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, mediante una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el impulso de un juicio político en el Congreso local por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El proceso avanzó durante junio y colocó al mandatario estatal bajo presión política y legislativa.
La denuncia ante la FGR fue promovida a finales de mayo por la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel Alcocer Cruz. El partido sostiene que existió un esquema de triangulación financiera mediante contratos otorgados por el Gobierno de Nuevo León a proveedores que posteriormente habrían canalizado recursos hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado con el entorno familiar del gobernador. Morena también señaló que parte de esos recursos pudo destinarse a promoción digital y posicionamiento de imagen.
Congreso abre procedimiento legislativo
En paralelo, Morena presentó una solicitud de juicio político ante el Congreso de Nuevo León. El 12 de junio, la Comisión Anticorrupción aprobó iniciar el procedimiento y citó formalmente al gobernador para presentar su defensa el próximo 23 de junio de 2026. El mandatario podrá comparecer de manera presencial, por escrito o mediante representación legal.
El procedimiento legislativo no implica una destitución automática. Después de la comparecencia, el expediente deberá pasar por nuevas etapas dentro del Congreso y eventualmente requerir mayoría calificada para avanzar. Movimiento Ciudadano, partido del gobernador, rechazó los señalamientos y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento jurídico suficiente.
Ausencias de Morena generan cuestionamientos
Aunque Morena promovió públicamente el procedimiento, la discusión interna también abrió cuestionamientos políticos. Durante la sesión en comisión donde se dio entrada al juicio político, algunos legisladores morenistas estuvieron ausentes, hecho señalado por partidos de oposición y analistas como una señal de contradicción entre el discurso partidista y la actuación legislativa.
Hasta el momento, las acusaciones permanecen en etapa de investigación y trámite legislativo. No existe resolución judicial ni determinación definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales contra el gobernador.
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